EscucharRodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), recomendó a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, desistir de avanzar, tal como está, con un proyecto de ley propuesto por la Contraloría General de la República (CGR) que generaría ¢394.000 millones anuales en ahorros al Estado, por medio de un mejor manejo de la liquidez de las instituciones.
Si bien Cubero resaltó la importancia de ir hacia un mejor manejo de la liquidez pública, el miércoles 23 de marzo, en una comparecencia, señaló una serie de defectos del plan, entre estos, la ausencia de un estudio sobre costos y riesgos, así como sus efectos en el sistema bancario y la economía.
En cambio, el jerarca planteó fortalecer el actual sistema de Caja Única que centraliza los recursos de la Administración Central y recomendó dotarla de herramientas para que pueda afrontar tensiones temporales de liquidez, al tiempo que pidió sacar al BCCR de la iniciativa. “Lo mejor será no avanzar con este proyecto, sino seguir fortaleciendo el régimen existente de Caja Única, en lugar de reinventar todo”, propuso Cubero, quien lamentó que la CGR no haya acogido la mayoría de observaciones que hizo el Banco Central.
El plan propone la centralización de las cuentas de las instituciones públicas en el Banco Central, con el fin de reducir presión a las transferencias que el Gobierno debe hacer a diversas entidades porque se conocería, en tiempo real, la verdadera liquidez de cada una. El ahorro estimado por la CRG es de ¢394.000 millones, equivalentes al 1% del producto interno bruto (PIB) en reducción del pago de intereses, costos operativos y comisiones bancarias.
Sin embargo, Cubero recomendó evaluar el impacto que tendría en la banca pública el retiro de ¢1,8 billones (el 6,5% de la liquidez total del sistema financiero nacional) que acumulaban las instituciones públicas a finales del 2021. Dijo que, si se envía ese dinero al Banco Central como recomienda el proyecto, se sacarían del mercado y al mismo tiempo dejarían de generar intereses.
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“Esos recursos ya no estarán disponibles para la intermediación financiera, con lo cual se reduciría el volumen de recursos prestables al sector privado, se reduciría la captación de bancos del Estado. Esa desintermediación generaría presiones al alza de tasas de interés, un decrecimiento en el crédito a hogares y empresas, el impacto negativo sobre consumo y la inversión, menor crecimiento económico y mayores presiones al déficit fiscal también por la vía de mayores tasas de interés.
”¿Cuando consideramos todo esto, preguntamos si los costos de este proyecto son menores o superiores a los beneficios? La respuesta no es clara. Me parece que se haga ese análisis de costo-beneficios. Además, hay riesgo; riesgo de entidades financieras, sobre los dos bancos comerciales del Estado al enfrentar salida de recursos, enfrentarían necesidades de liquidez. Implicaría que los títulos valores que hoy tienen para afrontar liquidez, sean liquidados para convertirse en efectivo.
”Al generar esa liquidez las entidades presionarían a la baja los títulos valores, generarían pérdidas a las carteras de inversión, no solo a los intermediarios financieros, sino a los inversionistas institucionales: fondos de inversión y fondos de pensión”, advirtió Cubero.
Para el jerarca, tampoco queda claro cuáles instituciones estarían cubiertas por el proyecto y si los recursos que serían centralizados son solo la liquidez, el exceso de liquidez, todos los flujos o solos los saldos existentes.
“Omite sobre el tratamiento de los recursos líquidos del sistema público sujetos a gravámenes. Muchos de esos fondos están sujetos a gravamen, están en garantía, prendas, embargo o en régimen de fideicomiso y no aclara lo que ocurriría con esos fondos”, criticó.
Al carecer un estudio sobre los costos, añadió Cubero, se desconoce cuánto costaría su implementación, desde la creación de equipo humano y su preparación, hasta la adquisición de equipos y sistemas tecnológicos para implementar el programa.
Esa ausencia hace que no se tenga claro cuánto sería el rendimiento neto. De hecho, Cubero lamentó que el proyecto no explique la metodología para proyectar un ahorro anual del 1% del PIB.
Tampoco se deja claro en la iniciativa, criticó el jerarca, sobre las implicaciones en el funcionamiento de la Tesorería Nacional. Cubero teme que se entrabe la recepción de ingresos y realización de pagos, al administrar un nuevo programa.
Todo lo anterior recomendó el jerarca que se aclare, en caso de que los legisladores decidan continuar con el proyecto.
Etapa de mejoras
La presidenta de la comisión de Hacendarios, Ana Lucía Delgado, dijo que hay una etapa de mejoras al proyecto, con el fin de que si avanza, sea de la menor manera. Esta es la etapa de audiencias en la que se encuentra previo al dictamen.
“Que cumpla los objetivos sin generar perjuicios o los riesgos que usted planteó acá”, le respondió Delgado a Cubero.
La legisladora verdiblanca le preguntó si el proyecto ayudaría a controlar las cuentas que se mantienen en el BCCR. “Sí, esa sería una posible ventaja del proyecto y no sé si está incluido en los beneficios del 1% del PIB. Le permite al Banco Central hacer absorción monetaria sin costo, en principio. Sería una especie de adición al encaje mínimo legal que ya tenemos”, respondió Cubero.
El presidente de la autoridad monetaria también reconoció que el proyecto, al optimizar el manejo de la liquidez del sector público, se usaría para reducir la deuda pública por medio de la reducción del pago de intereses.
Nota del editor: Información ajustada en el primer párrafo, donde se agregó “desistir de avanzar, tal como está”
