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La compañía de servicios financieros Barclays ve posible que Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcancen un acuerdo de financiamiento en el primer trimestre del 2021, con base en una propuesta de ajuste fiscal más balanceada que la presentada en setiembre, la cual se recostaba principalmente en impuestos.
De acuerdo con la firma londinense, el Gobierno empieza a dar señales de progreso sobre la posibilidad de conseguir un consenso sobre un programa de ajuste financiero en las próximas semanas.
Para Barclays, el mensaje se dio el jueves 3 de diciembre, cuando el presidente Carlos Alvarado confirmó, en entrevista con La Nación, que su Administración negociará con el FMI.
“Las autoridades en Costa Rica han confirmado su intención de buscar un acuerdo con el FMI tan pronto como sea posible. Esto debería disipar las preocupaciones señaladas recientemente en reportes de la prensa, las cuales sugerían que existía alguna ambigüedad sobre el tema en las últimas semanas”, dice un análisis publicado por Barclays este martes.
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En el informe, la firma indica que nunca creyó que hubiese cambiado la posición del Ejecutivo sobre la intención de negociar con el Fondo.
“Sin embargo, la resistencia a las medidas recientes mostró que las autoridades primero necesitaban alcanzar un consenso a lo interno antes de cerrar un acuerdo con el FMI”.
“La posibilidad de acordar un paquete más balanceado, que el presentado originalmente, sigue presente. Ahora vemos señales de progreso en esta dirección, que podrían dirigir hacia un consenso sobre un nuevo programa en las próximas semanas”, indica el informe.
En el mejor caso, según Barclays, el acuerdo con el Fondo podría cerrarse en el primer trimestre del 2021.
“La nueva propuesta pareciera acercarse más a las demandas de la oposición, la cual pedía un programa más balanceado que el previo, concentrado en incrementos tributarios. Aunque el voto en la Asamblea sigue tallado, vemos que una propuesta en estas líneas podría tener más posibilidades de aprobarse, permitiendo, potencialmente, que Costa Rica avance con el programa del FMI”, considera Barclays.
En entrevista con La Nación, el presidente afirmó que el 50% del nuevo ajuste fiscal se ejecutará por medio de recortes al gasto público; y que el resto se completaría con nuevos impuestos, eliminación de exoneraciones y aportes de empresas estatales.
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El Ejecutivo tuvo que descartar la primera propuesta que presentó en setiembre, la cual fue rechazada por múltiples sectores sociales y del Congreso por apoyarse, principalmente, en cobrar más impuestos a la población.
Costa Rica impulsa un nuevo ajuste fiscal para acceder a un financiamiento por $1.750 millones con el Fondo, el cual se usaría para corregir el desbalance entre ingresos y gastos públicos, así como para reducir el alto endeudamiento público.
La firma reconoce que aún quedan obstáculos políticos, aunque también cree que el riesgo está “relativamente contenido”, considerando que hay financiamiento interno e internacional que debería alcanzar para que el Gobierno resuelva sus necesidades en el corto plazo.
Sin embargo, al menos una parte del financiamiento internacional está en riesgo. El país está a punto de perder un préstamo de $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en trámite desde agosto, porque los diputados no lo han aprobado y se irán de vacaciones el 11 de diciembre.
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En días previos, otras firmas internacionales de servicios financieros fueron severas con sus análisis sobre el futuro de las finanzas públicas y la economía nacional.
La empresa de servicios financieros Stifel dijo que el diálogo entablado entre el Gobierno y representantes sectoriales resultó “puramente simbólico”, al no proponer ninguna medida de transformación estructural en el Estado.
En tanto que BofA Securities afirmó que Costa Rica pareciera necesitar de una crisis más profunda para que los políticos tomen “decisiones difíciles”, como reducir el gasto público o aumentar impuestos.
