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El Banco Nacional descartó asumir el fideicomiso creado por los diputados para ampliar la carretera San José-San Ramón y sus radiales, por considerar que se trata de un proyecto financieramente riesgoso.
La entidad bancaria decidió no participar en el concurso abierto por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para escoger al administrador del proyecto, debido a que halló debilidades en la Ley N.° 9.292, aprobada por consenso en febrero pasado.
Para el Nacional, no es seguro que el peaje anunciado cubra el costo de esta obra vial, de 70 kilómetros.
Si bien los diputados no fijaron el monto que se cobraría a los choferes, durante el debate legislativo se manejaron cifras entre los ¢2.900 y los ¢3.500 por el viaje de ida y vuelta.
El problema es que no hay claridad sobre la inversión, evaluó el Banco, pues no existen diseños ni estudios técnicos y financieros. Los estudios de la primera etapa –del trayecto principal– corren por cuenta del administrador del fideicomiso; los de la segunda –de las radiales– los debe hacer el MOPT.
El viceministro de Infraestructura, Mauricio González, confirmó que el peaje calculado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (UCR), de ¢2.900 solo por la vía principal, “en efecto podría no ser suficiente”.
El funcionario informó de que el Nacional envió una nota para declinar su participación como fiduciario (administrador).
Ante una consulta de La Nación , Gerardo Ulloa, subgerente general de Banca Corporativa, afirmó: “El Banco Nacional mantiene su interés de participar con este fideicomiso como proveedor de fondos, cuando el proyecto sea financieramente viable. La posición oficial es que ser estructuradores y acreedores al mismo tiempo no es conveniente”.
Actualmente, el MOPT está en la etapa de elección del fiduciario entre seis oferentes; los bancos de Costa Rica, Bancrédito, BCT, Lafise, Scotiabank e Improsa.
Los asuntos por resolver en cuanto al proyecto para la nueva carretera son muchos, reconoció el viceministro González.
Entre esos puntos, está pendiente el reparto de los riesgos del proyecto entre el Estado y el administrador del fideicomiso.
Según el viceministro, tarde o temprano se deberá definir quién asume las eventuales pérdidas: “Le tocaría (al encargado del fideicomiso) aceptar el riesgo de que tiene que convencer a los bancos (o instituciones) de financiar la obra, con el riesgo de que nadie acepte”.
El monto total de la obra fue estimado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) en $430 millones. Para el MOPT esa es solo una predicción.
Advertido. Esta ley fue impulsada por llamado Foro de Occidente y acogida por los diputados, luego de que el gobierno pasado rescindió el contrato de concesión con la empresa brasileña OAS, la cual ofertó un peaje de ¢4.000 por ampliar la ruta. El Estado la indemnizó con $35 millones.
La nueva ley propone financiar y ejecutar el proyecto mediante un fideicomiso que capte recursos de reservas, utilidades y superávits generados en la Administración Pública descentralizada, lo que incluye a bancos estatales, al Instituto Nacional de Seguros (INS) y a las operadoras de pensiones. El fideicomiso operaría la vía hasta por 30 años.
El tramo San José-aeropuerto sería ampliado a ocho carriles; el de aeropuerto-Manolo’s a seis; y Manolo’s-San Ramón, a cuatro.
Además, los diputados incluyeron radiales a Sarchí, Naranjo, Río Segundo y Heredia, lo que molestó al MOPT.
El Foro de Occidente calculó el año pasado que las radiales aumentarían el costo en $200 millones. No obstante, los legisladores consideraron un “sinsentido” realizar la obra sin ellas .
El diputado alajuelense del Partido Acción Ciudadana (PAC), Franklin Corella, dijo que, de antemano, sabía de las dudas de las entidades y que, ahora, esto lo confirma.
Ayer, se intentó conversar con miembros del Foro de Occidente, pero no fue posible.
