EscucharUna investigación interna del Banco Popular (BP) recomendó, desde setiembre del 2022, tomar acciones contra ocho personas que estuvieron involucradas en la aprobación del fallido préstamo del cemento chino, otorgado al empresario Juan Carlos Bolaños en el 2015.
Ocho meses después de la emisión del reporte, el gerente general del Banco Popular, Marvin Rodríguez Calderón, aún no ha tomado una decisión sobre las sanciones que fueron sugeridas luego de una extensa investigación interna, abierta en el 2018 mediante el debido proceso.
Siete de esas personas ya no laboran en el BP; dejaron sus cargos por otros motivos. De hecho, uno se jubiló después de que surgió el informe. Sin embargo, las recomendaciones del órgano investigador se podrían aplicar aun cuando se trate de exfuncionarios.
El informe recomendó, en primer lugar, proceder con el cobro de la responsabilidad civil producto de la eventual pérdida ocasionada por el fallido crédito.
Los ocho involucrados son de apellidos Gómez Barrantes, Bogantes Brenes, Delgado Negrini, Thompson Camacho, Alpízar Hidalgo, Li Guzmán, Garro Mora y Quesada Solano.
Los procesos civiles tendrían como propósito reclamar posibles daños económicos causados a la entidad financiera producto del accionar de los funcionarios en torno a la aprobación de una línea de crédito, mediante la cual Juan Carlos Bolaños accedió a un financiamiento de $13,5 millones en tres tractos, de los cuales nunca pagó $4,5 millones al banco.
Debido al impago del préstamo, el Banco Popular se adjudicó una propiedad puesta en garantía por Bolaños en Grecia, Alajuela, la cual la entidad financiera no ha logrado vender luego de múltiples intentos durante seis años, desde el 2017.
Una acusación penal formulada por el Ministerio Público, por este mismo caso, concluyó que el Banco sobreestimó el valor de esta finca mediante el uso de datos falsos, pues en realidad casi el 60% del terreno corresponde a áreas protegidas porque tiene cinco nacientes y es atravesada por un río, lo que afecta su valor comercial.
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El BP también se adjudicó dos terrenos ubicados en Santa Cruz, Guanacaste, los cuales se vendieron por precios muy bajos en comparación con el monto no pagado, el cual sigue por encima de los $4 millones.
Como segunda medida, la Dirección Jurídica recomendó aplicar despidos sin responsabilidad patronal en contra de aquellos funcionarios involucrados que se mantuvieran laborando en la institución. En los otros casos, se haría una anotación en el expediente.
En setiembre anterior, cuando se emitió el informe, se mantenían activos en la institución los trabajadores Alpízar y Li.
No obstante, en el transcurso de los ocho meses sin ejecutarse las sanciones, Alpízar se jubiló. Su retiro se hizo efectivo en marzo pasado. De allí, que solo Li Guzmán está en funciones.
De los funcionarios restantes, tres se jubilaron antes de que el órgano investigador emitiera el informe, uno renunció, a uno se le venció el nombramiento y otro fue despedido por una investigación aparte.
¿Por qué no se han implementado las medidas?
La Nación consultó a Marvin Rodríguez, gerente general del Banco Popular, los motivos por los cuales no ha implementado las sanciones recomendadas luego de la investigación interna.
Mediante la oficina de prensa de la institución, Rodríguez contestó que no puede brindar declaraciones porque el proceso es de carácter confidencial y se mantiene activo.
No obstante, manifestó que fue durante su gerencia que se ordenó una “completa y profunda investigación” sobre el préstamo fallido para la importación del cemento chino marca Sinocem.
“Es relevante también indicar que la normativa interna que regula esta materia brinda a las partes la posibilidad de presentar recursos contra resoluciones, los cuales se rigen por la normativa que al efecto contiene el Código de Trabajo”, dijo.
Argumentó que esas circunstancias tienen incidencia en materia de plazos, “sobre los cuales la gerencia general, como órgano decisor final, no tiene control, dado que se deben mantener los procesos legales definidos”.
El caso en sede judicial
Aparte del proceso administrativo, el Ministerio Público hizo su propia investigación y presentó una acusación, la cual ya fue elevada a juicio.
Los citados en el informe disciplinario interno también figuran en el proceso penal.
La Fiscalía concluyó que los entonces asesores bancarios Gómez y Bogantes habrían dado una falsa apariencia de solidez financiera al Grupo JCB, de Juan Carlos Bolaños, para justificar el otorgamiento de la línea de crédito, al tiempo que se habrían asociado con él para vender su marca en el país.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía ambos inscribieron la sociedad anónima Akamsa ante la Autoridad Tributaria el mismo día en que Bolaños recibió el primer desembolso de $4,5 millones, provenientes de la línea de crédito que los funcionarios recomendaron al Banco aprobar.
El superior de ambos ejecutivos era Delgado Negrini, quien avaló la recomendación afirmativa de la aprobación del préstamo.
Thompson Camacho, en tanto, fue el ejecutivo bancario que la entidad financiera asignó para analizar futuros desembolsos al Grupo JCB, bajo la línea de crédito de capital de trabajo que se había aprobado con antelación.
Una línea de crédito funciona como una tarjeta de crédito con un tope. Cuando el cliente paga un desembolso, puede acceder a otros. En este caso, el tope era de $4,5 millones y, al final, quedó una deuda equivalente a ese monto.
Según la Fiscalía, inicialmente Thompson logró evidenciar que la situación económica de Juan Carlos Bolaños resultaba “insostenible” y que ni siquiera aportaba los estados financieros de su empresa.
El Ministerio Público alega que, cuando el grupo económico entró en mora con el Banco Popular, Thompson entregó a la Dirección de Riesgo Corporativo un flujo de caja, combinando todas las empresas de Bolaños, considerando ventas mensuales de 10.000 toneladas de cemento.
“No existe ninguna justificación ni evidencia de tales proyecciones”, alegó la Fiscalía, quien también acusó a Thompson Camacho por el caso.
El entonces director de Banca Empresarial del Popular era Alpízar Hidalgo. La Fiscalía había solicitado un sobreseimiento definitivo a su favor, bajo los argumentos de que ese funcionario se opuso a la formalización del crédito. Sin embargo, el juzgado penal no aceptó ese planteamiento y lo incluyó en la acusación.
El juzgado también ordenó testimonio de piezas contra el exgerente general, de apellido Garro Mora, y contra Quesada Solano, quienes no habían sido incluidos en la acusación.
Él exsubgerente general de Negocios del Banco Popular, de apellido Li, tampoco fue imputado en la acusación del Ministerio Público, pero el juzgado penal ordenó testimonio de piezas contra él. El Banco sí lo investigó internamente por su accionar. Ahora, está en otro puesto.
Por otro lado, el perito Adolfo Arias Silesky, quien según la Fiscalía habría introducido datos falsos para inflar la finca que Juan Carlos Bolaños puso como garantía, fue contemplado en la investigación interna del banco, pero no se achacaron responsabilidades.
El Poder Judicial indicó a La Nación que se está a la espera de que se asigne fecha para el inicio del juicio por el caso del cemento chino en el Banco Popular. Solo a Juan Bolaños se le imputan 28 delitos.
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