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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) envió al Ministerio Público documentación relacionada con la contratación del productor audiovisual Christian Bulgarelli para dar servicios de comunicación a la Casa Presidencial durante el primer año de gobierno de Rodrigo Chaves.
Así lo informó el director de Costa Rica ante el BCIE, Erwen Masís, este lunes por la noche, en la Comisión Investigadora de los Contratos Publicitarios del Sinart, de la Asamblea Legislativa. El BCIE donó al gobierno de Rodrigo Chaves, en su primer año de mandato, $1 millón, de los cuales, $405.000 se destinaron a contratar los servicios de la empresa RMC La Productora S. A. (Nocaut), propiedad de Bulgarelli.
Masís, quien fue convocado por los diputados, informó del envío de la documentación al ser consultado por el diputado liberacionista, Danny Vargas, sobre el proceso de investigación interno que lleva a cabo ese banco internacional, del cual, Costa Rica es miembro fundador y propietario del 10,79% de sus acciones.
“Fui notificado de una remisión de documentos por parte del bufete que representa al Banco en Costa Rica. Tienen que ver con la investigación que realiza el Banco en función de la parte de política antifraude, anticorrupción y políticas prohibidas”, amplió Masís ante otra consulta del frenteamplista Ariel Robles.
La Fiscalía General de la República lleva adelante una investigación, desde el año pasado, por el aparente delito de tráfico de influencias, específicamente, relacionada con la investigación periodística “Los audios de Presidencia”, dados a conocer por La Nación en diciembre del 2023. Dentro de esa causa, precisamente, fue entrevistado Bulgarelli por la Fiscalía, en febrero pasado.
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Consultado por Vanessa Castro, presidenta de la comisión legislativa, Erwen Masís negó que existan resultados de la investigación interna del BCIE. “Por alguna determinación de quienes están llevando esta investigación, consideraron prudente compartir información con el Ministerio Público”, agregó. Eso sí, enfatizó que el procedimiento de investigación aún no está concluido.
Masís, quien fue diputado del PUSC entre 2018 y 2022, fue designado por Chaves como representante de Costa Rica ante el BCIE en noviembre del 2022.
BCIE se compromete a hacer públicos resultados
La contratación de Bulgarelli para la Presidencia de Costa Rica costó $405.000 y fue financiada por el BCIE. El año pasado, trascendió que el propio empresario preparó los términos de referencia del concurso que Zapote entregó al banco regional para esta contratación. Luego, el organismo sacó el contrato a concurso internacional y el productor lo ganó.
Además, Masís hizo referencia a la comunicación que el BCIE remitió este lunes, en la que respondió de forma negativa a la solicitud que hizo esa comisión legislativa para que se investigue al presidente Chaves y varios ministros por la presunción de fraude y colusión en torno a la contratación del productor audiovisual.
Esa petición la hicieron los diputados la semana pasada, luego de la primera comparecencia de Masís. Los legisladores consideraron que Chaves; Jorge Rodríguez Vives, actual ministro de Comunicación; Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, y Patricia Navarro, quien fuera la primera ministra de Comunicación de Chaves, fueron “responsables, autores y contrapartes del cartel de licitación” n.º 032/2022 del BCIE.
La petición se basa en uno de los audios suministrados por Navarro, dados a conocer por La Nación, donde se escucha a Chaves pedir el contrato de Bulgarelli, para verlo, porque él tenía “un montón de antojos” y quería pedir “un par de chineos, de cariñitos”.
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En la comunicación, el BCIE afirma que “en apego a su marco normativo, el Sistema de Integridad no resulta aplicable al organismo ejecutor o a funcionarios del país correspondiente; en tal sentido, el BCIE es respetuoso de la soberanía y jurisdicción propia de los países, correspondiendo al sistema jurisdiccional de estos el ejercicio de las acciones que consideren pertinentes”.
“Si el BCIE estima que las leyes de cualquier país pudieron haber sido infringidas por un investigado, previo análisis, el BCIE podrá remitir el caso a las autoridades correspondientes”, dice la carta de la entidad bancaria.
En su pronunciamiento, también enfatiza que la entidad internacional se suma a los esfuerzos antifraude y anticorrupción con alto respeto de la soberanía, democracia y ordenamiento jurídico de sus países miembros, por lo que “en apego a nuestra normativa y en respeto al debido proceso, el resultado final del caso en referencia será de carácter público”.
