Alberto Franco, economista y exdirector de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), declaró que esta entidad regional es opaca y poco transparente sobre el manejo de los recursos públicos que administra y las inversiones que realiza.
Franco efectuó la declaración el 11 de diciembre durante una comparecencia ante la comisión que investiga las contrataciones del caso Sinart, en el que también se indaga sobre el polémico contrato de $300.000 adjudicado por el BCIE a la empresa Nocaut, propiedad del asesor presidencial Christian Bulgarelli, para proveer servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
Bulgarelli elaboró los términos y condiciones para esa licitación; Presidencia se las envió al banco y, luego, el mismo empresario ganó el contrato.
Consultado por la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), sobre la transparencia del BCIE, el exdirector costarricense afirmó:
“Sobre la transferencia, me duele decir qué es una organización que al día de hoy es opaca, debe actualizar su normativa interna para promover mayor publicidad, competencia y rendición de cuentas para operaciones pasivas en sus presupuestos de ingresos y gastos, como por ejemplo ese presupuesto yo les comenté, que me generaba mucha ansiedad y sobre igual tuve muchas dudas”, explicó.
Franco reveló a los diputados que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo destituyó del cargo de director en noviembre del 2022 debido a que se opuso a aprobar un “presupuesto inflado” del BCIE para el 2023.
Según dijo, ese presupuesto contenía un crecimiento acelerado en el número de plazas y no había una proyección de ingresos.
El economista dijo que, en su criterio, en el BCIE hay escasa transparencia en el manejo de recursos relacionados a proyectos financieros y las cooperaciones económicas otorgadas a los gobiernos miembros.
En octubre del 2022, el BCIE y el gobierno de Rodrigo Chaves firmaron una cooperación económica no reembolsable por $1 millón. Con parte de ese dinero, se adquirió los servicios de la empresa de Bulgarelli. Las contrataciones adjudicadas con los fondos donados las realizó el Banco, pero el encargado de la ejecución de los recursos es el Gobierno de Costa Rica.
Franco declaró al foro legislativo que los encargados de dar los vistos buenos para los evaluar los requisitos y asignar los recursos pertenecen a la administración del BCIE y no descartó que haya intromisión de los gobiernos de los países miembros del banco.
“No me atrevo a descartar que haya habido influencia de los gobiernos de los países miembros en el pasado, han pasado cosas en el banco; se han hecho públicas, han pasado cosas grandes, históricamente”, lamentó.
Ante las declaraciones del exdirector ante el Congreso, el BCIE emitió un comunicado de prensa donde rechazó los señalamientos realizados por Franco, alegando que su estancia en la institución fue corta y no alcanzó a conocer las prácticas de transparencia.
“El señor Franco Mejía fungió como director por Costa Rica ante el Banco por poco más de cuatro meses, período limitado para conocer con profundidad los diferentes procesos que tiene la institución en materia de adquisiciones, así como las distintas políticas en materia de acceso a la información, antifraude, anticorrupción y otras prácticas prohibidas; sólidas herramientas que, alineadas con las que poseen otras multilaterales, permiten asegurar la transparencia y la rendición de cuentas”, manifestó el BCIE.