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Un beneficio laboral del sector público estimula que los empleados estatales se incapaciten mucho más que el resto de trabajadores del país.
Se trata del subsidio que les permite recibir hasta el 100% del sueldo cuando se dan de baja por enfermedad, mientras que, en el sector privado, los empleados perciben el equivalente al 60% de su sueldo por parte del seguro de Enfermedad de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Los funcionarios públicos reciben más porque un conjunto de leyes, convenciones colectivas y reglamentos internos establecen que numerosas instituciones deben desembolsarles la parte que el Seguro Social deja al descubierto durante la enfermedad.
Lo mismo ocurre cuando la incapacidad la cubre el Instituto Nacional de Seguros (INS), en caso de accidente laboral.
Adicionalmente, como estos subsidios no están sujetos a rebajos de cargas sociales o impuestos, un personero público puede recibir más dinero durante una incapacidad que cuando está laborando.
En el caso de los docentes del Ministerio de Educación (MEP), estos pagos también se incluyen en el cálculo del aguinaldo y del salario escolar, lo que no ocurre para el resto de trabajadores, quienes ven mermados sus bonos de fin de año si se incapacitan durante un tiempo.
En el sector privado, que se rige por el Reglamento de Salud de la CCSS, los patronos están obligados a reconocer hasta el 50% del salario de los primeros tres días de incapacidad, y a partir del cuarto día, la Caja se hace cargo de otorgar el subsidio equivalente al 60%.
Como consecuencia de esta disparidad, los empleados públicos se incapacitan tres veces más que el resto de trabajadores al año. Los primeros se dan de baja 0,53 veces por año, en promedio, mientras que los segundos, 0,17 veces.
Así se desprende de un cálculo hecho con base en las incapacidades en 55 instituciones estatales que suman casi 165.000 funcionarios, de acuerdo con datos de la Caja (sobre los subsidios otorgados) y de la Contraloría General de la República (sobre el tamaño de cada planilla).
La diferencia es aún mayor si se toma en cuenta a los casi 57.000 empleados de la CCSS, que son los que se incapacitan más (2,25 veces al año, en promedio), aunque no reciben el subsidio para completar el 100% del sueldo.
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En ese caso, el número de trabajadores públicos sube a 221.000 empleados y el promedio de incapacidades a 0,97 por año, cinco veces mayor que el del resto de la fuerza laboral del país. Durante el 2018, la Caja pagó casi 215.000 incapacidades para este sector.
El resto de empleados asegurados, poco más de 1.252.000, requirió 222.000 incapacidades. Esta cifra de empleados corresponde, mayoritariamente, a trabajadores del sector privado, aunque también incluye unos 50.000 funcionarios de entidades pequeñas.
Amplia diferencia en incapacidades
FUENTE: CCSS Y CGR || C.F. / LA NACIÓN.
Ejemplos de beneficios
Los privilegios por incapacidades en el Estado suelen tener variaciones, pero todos tienden a completar el salario del funcionario.
En el caso de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), la convención colectiva otorga hasta un 100% del salario por 75 días de baja. El promedio de incapacidades en esa institución es de 2,05 veces por año.
En la Municipalidad de Puntarenas, la convención garantiza el salario completo de forma indefinida y, en consecuencia, allí el promedio de incapacidades por trabajador es de 2,02 anuales.
El mismo beneficio tienen las municipalidades de Alajuela, San José y Limón, cuyos promedios oscilan entre 0,6 y 1 vez por año.
En la Corte, la Ley Orgánica del Poder Judicial garantiza el 100%, lo que depara una media de 0,81 incapacidades por empleado.
También, tienen altos promedios la Junta de Protección Social (0,61), la Refinadora Costarricense de Recope de Petróleo (0,53), el Banco Popular (0,53) y el Instituto Costarricense de Electricidad (0,53).
En esta última institución, el beneficio está plasmado en el Estatuto de Personal. En 2018, las incapacidades le costaron al ICE casi ¢1.500 millones, según datos de la institución.
En el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cuyo Estatuto de Servicios otorga el 100% del salario, los empleados se incapacitan 0,5 veces.
A menor cantidad de incentivos, las incapacidades del sector público comienzan a descender.
Por ejemplo, en los ministerios de Trabajo, Transportes, Justicia, Cultura, Hacienda y Salud, el promedio de incapacidades es de 0,3 por año por empleado.
Estas entidades reciben los subsidios establecidos por el Estatuto de Servicio Civil y su reglamento, el cual dispone que los empleados reciben el 80% del salario durante los primeros tres días; un 20% de subsidio (adicional al 60% de la CCSS) del cuarto día al día 30; y después de allí, sí se les completa el 100%.
Una situación similar es la de los maestros, donde el efecto de los incentivos sí hace que estén por encima del promedio del sector privado, pero por debajo de otras entidades.
Los maestros reciben un 50% de salario en los primeros tres días, tal como lo paga el sector privado, sin embargo, a partir del cuarto día, el Ministerio de Educación Pública sí les reconoce el 40% complementario al subsidio de la CCSS, por lo que reciben 100% de salario.
