EscucharEl Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos acordó investigar un supuesto uso irregular de recursos públicos, en esta institución, por parte de funcionarios que habrían utilizado vehículos institucionales para recolectar firmas entre el personal de las diferentes estaciones, a fin de ayudar a personas que aspiran a ganar un puesto en la cúpula de la entidad.
Mónica Araya Esquivel, presidenta de Bomberos, informó al resto de los directivos de que recibió denuncias anónimas en ese sentido y, el pasado viernes 1.° de setiembre, solicitó abrir una investigación durante una sesión del Consejo.
“Los denunciantes indican que los funcionarios de Bomberos, en tiempo laboral y con vehículos institucionales, usando su uniforme, han gestionado las firmas para algunos de los postulantes, lo cual es una gestión personalísima y privada de cada uno de los candidatos.
“De ser cierto lo denunciado, se está ante un presunto delito. No se ha hecho investigación ni mucho menos, pero estamos haciendo públicas las denuncias. Este tipo de situación es ajena al trabajo que deben realizar esos funcionarios”, explicó Araya en la sesión.
Actualmente, Bomberos tiene abierto un proceso para elegir nuevos miembros del Consejo Directivo.
Para inscribirse como candidato, los aspirantes deben llenar un formulario y acreditar el respaldo o adhesión de al menos un 15% de los integrantes del Cuerpo de Bomberos en todo el país, quienes están inscritos en el padrón elaborado por el Tribunal Electoral Interno.
Según establece el artículo 50 de la ley 8228, las adhesiones se deben de acreditar a través de documentos que expresamente reflejen el deseo de los adherentes, así como nombres y apellidos y cédula de identificación del firmante. Los funcionarios no pueden dar su respaldo a más de un aspirante.
La presidenta del Consejo explicó que, de confirmarse la utilización de recursos institucionales, se estaría generando una “gran interrogante” en relación con el actuar de las personas postulantes al permitir la utilización de recursos públicos para sus fines privados.
“Me permito hacer un llamado al Tribunal Electoral para que, si ha sido conocedor de esta práctica, proceda con las acciones correspondientes para que no se repitan y salvaguarde un proceso de elección trasparente, justo, y sujeto al derecho.
“Deberá confirmarse por parte del Tribunal Electoral que no se está ante una posible nulidad del proceso por los hechos denunciados, los cuales afectarían los principios de objetividad, igualdad y probidad del proceso. Ese Tribunal debe verificar que no se brindó un trato preferencial a ningún postulante, y que certifique que el proceso es válido y se encuentra a derecho”, agregó la jerarca, quien también es presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Mónica Araya solicitó a la Dirección General del Cuerpo de Bomberos hacer una averiguación para certificar, ante el Consejo, si lo denunciado es o no correcto, lo cual fue avalado por el resto de directivos.
En caso de confirmarse las irregularidades, la Dirección General de Bomberos procedería a realizar la apertura de los procedimientos administrativos contra los funcionarios involucrados.
El Consejo Directivo está conformado por cinco integrantes. Tres de los miembros son escogidos por el INS y dos son elegidos por el Cuerpo de Bomberos por un periodo de cinco años.
La última elección de estos dos representantes se efectuó en 2018, por lo que este 2023 vence su nombramiento y deben ser sustituidos.
Según el presupuesto anual de Bomberos, a cada director se le paga ¢45.000 de dieta por sesión. Si el directivo pertenece a la junta directiva del INS, como es el caso de Araya, no recibe dieta en Bomberos.
