EscucharLos bonos de deuda política colocados por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), para financiar la campaña electoral del ahora presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, repartirían ganancias por al menos ¢573 millones entre las personas que inyectaron recursos mediante la obtención de certificados clase A.
La cifra obedece a que el PPSD ofreció inusuales descuentos, del 35% y el 40%, a las personas que adquirieron los bonos.
Esto significa que, si un partido emitió bonos de ¢10 millones cada uno, pero ofrece un descuento del 40%, el inversionista en realidad aporta ¢6 millones por cada certificado.
Entonces, si al final de la campaña la agrupación saca suficientes votos para que el bono sea pagado en su totalidad, el comprador recupera los ¢6 millones y se gana la diferencia de ¢4 millones, más los intereses que la ley obliga al Estado a reconocer.
Eso fue exactamente lo que pasó con los certificados del PPSD. Erick Quesada Gutiérrez, por ejemplo, quien compró bonos por ¢167 millones, tendría una ganancia de al menos ¢66,8 millones, porque en realidad desembolsó ¢100,2 millones a la campaña.
Este fue el inversionista que insultó a un periodista de El Observador cuando le preguntó por deudas con Hacienda y la seguridad social. El empresario ya no aparece moroso en las plataformas de consulta de ambas instituciones.
“Quiere que le diga una cosa, mi hermanito, a mí los sapos me caen en la pura punta de la verga y, si lo están grabando, dígalo”, dijo Quesada en ese momento al periodista.
Descuentos inusuales
Los descuentos concedidos por el partido de gobierno son mucho más altos que los ofrecidos por los demás partidos que participaron en esta y en campañas anteriores.
La Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Liberal Progresista (PLP) colocaron bonos A con un máximo de 15% de descuento. En tanto, Liberación Nacional (PLN), Nueva República y Frente Amplio (FA) entregaron emisiones como garantía para obtener financiamiento bancario. La Unidad hizo lo mismo con una parte de sus bonos A.
Más de la mitad de los ¢573 millones en ganancias que generarán los certificados A del PPSD corresponden a bonos adquiridos por diez personas, dentro de las cuales figuran el empresario José Ángel Jiménez Jiménez, el consejero presidencial Calixto Chaves y su hijo, José Pablo Chaves Zamora.
Tenedores de bonos B tendrán pérdidas
No obstante, mientras los tenedores de bonos clase A del PPSD se repartirían ¢573 millones en ganancias, quienes tienen certificados de cesión categoría B más bien tendrán pérdidas por ¢69 millones en sus inversiones.
En este grupo se encuentran las personas que más inyectaron dinero a la campaña de Rodrigo Chaves.
De acuerdo con estimaciones preliminares del Tribunal Supremo de Eecciones (TSE), el monto de deuda política de Progreso Social Democrático alcanzaría para cubrir la totalidad de bonos emitidos en la categoría A, pero solo el 57,48% de la emisión clase B.
Es decir, cada bono B solo valdría el 57,48% de su valor nominal.
Por ejemplo, De Sheng Lin Hu compró bonos por ¢231 millones con un 35% de descuento, lo que le permitió girar solo ¢150,1 millones, con la expectativa de ganar ¢81 millones.
Sin embargo, con base en la estimación hecha por el TSE, los certificados valdrán ¢136,2 millones, menos de lo que el inversionista desembolsó.
Otros adquirientes de bonos B fueron Fengliang Zheng Zheng, que recibió un valor facial de ¢208,5 millones, como garantía de un crédito ofrecido al partido, y Calixto Chaves Zamora.
Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE afirmó que las estimaciones se realizaron con base en el escenario más favorable para las agrupaciones políticas, en el que hipotéticamente el Tribunal apruebe el 100% del monto liquidado por las agrupaciones.
No se contemplan, por ejemplo, posibles multas, embargos u otros cargos que pudieran afectar a los partidos.
De esa manera, la pérdida para los tenedores de bonos B del Progreso Social Democrático podría ser mayor en caso de que el órgano electoral no les reconozca un porcentaje de su liquidación de gastos electorales.
