EscucharLa campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves utilizó una casa ubicada en San Pedro de Montes de Oca, propiedad de una sociedad representada por los hijos del exdiputado del PUSC, Humberto Vargas Corrales, pero el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) no reportó el alquiler o donación alguna de este inmueble al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Dicha vivienda, ubicada 50 metros al este de la plaza Roosevelt, pertenece a la sociedad anónima 3-101-709547, cuyo presidente es Humberto Vargas Sotres, de 33 años; su secretario es Alejandro Vargas Ureña, de 27 años; y su tesorera Melina Vargas Sotres, de 39 años. Los dos primeros son los dueños del 100% de las acciones.
Todos son hijos de Vargas Corrales, ingeniero eléctrico de 63 años que fue diputado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) del 2014 al 2018.
En esta casa trabajó, para la segunda ronda electoral del domingo 3 de abril del 2022, el equipo de comunicación coordinado por Federico Cruz Saravanja, actual asesor de imagen y consejero del presidente Chaves.
Así lo relató el 28 de agosto el proveedor de servicios de comunicación de campaña, Remi Osman Mucondo, de nacionalidad ucraniana, ante la comisión legislativa que investiga el financiamiento electoral.
Según Osman, el equipo operó para la primera ronda del 6 de febrero en la “Casa Progreso”, sede del PPSD, en barrio La California, San José. Para la segunda ronda, la unidad de comunicación “se movió” a la vivienda en San Pedro de Montes de Oca. Allí operó desde la segunda semana de febrero a abril, dijo.
“Escuché que esa casa pertenecía al exdiputado Humberto Vargas Corrales”, manifestó bajo juramento el ucraniano, quien ofreció servicios de “mano izquierda” (lo que describió como “la campaña no oficial”) y visitó la vivienda en varias ocasiones.
El coordinador del equipo, Federico Cruz, actualmente es presidente del nuevo partido del chavismo, rebautizado como Aquí Costa Rica Manda.
No hay reportes
El TSE confirmó que el PPSD no reportó alquileres ni donaciones en especie de casas ubicadas en San Pedro de Montes de Oca.
“El local con mayor proximidad a esa zona corresponde con el recinto denominado por ellos ‘Casa Progreso’, que se encontraba en el cantón Central de San José, distrito de El Carmen”, confirmó el Tribunal.
Dicho órgano confirmó que tampoco se registró ninguna donación de Vargas Corrales a la campaña de Rodrigo Chaves durante las elecciones del 2022. En el registro público de donaciones del PPSD tampoco hay aportes de los hijos del exdiputado.
El Código Electoral castiga tanto las donaciones no reportadas como las donaciones de sociedades anónimas.
La ley impone una sanción de dos a cuatro años de cárcel a quien realice donaciones evadiendo las finanzas partidarias, así como a quien efectúe donaciones de personas jurídicas.
Además, prevé de dos a seis años de prisión al miembro del comité ejecutivo que, teniendo conocimiento de aportes ilegales, no los denuncie, o bien, acepte donaciones contrarias a la ley.
La Nación procuró hablar sobre este inmueble con la diputada Luz Mary Alpízar, presidenta del PPSD, pero ella no aceptó hablar con un periodista de este diario al respecto.
Mediante su encargado de prensa, manifestó que es respetuosa de la investigación que hace la Fiscalía y que, por esa razón, no dará declaraciones hasta que la pesquisa concluya.
La Nación entrevistó a un trabajador del equipo de comunicación de la campaña de Chaves que pidió mantener su nombre en anonimato. Este medio corroboró con el TSE que, en efecto, el hombre laboró con el PPSD desde octubre de 2021 hasta abril del 2022.
El entrevistado confirmó que, para la segunda ronda electoral, se trasladaron a la casa de dos pisos. Afirmó que Federico Cruz frecuentaba el lugar.
“Federico Cruz no pasaba 24/7 ahí, pero sí llegaba. Solo comunicación podía estar ahí. Toda petición que se hacía era por medio de Federico Cruz, todo se hacía por medio de él. Nos pasaron dos semanas después de que comenzó la segunda ronda”, declaró el entrevistado.
Al enseñarle una fotografía del inmueble, el extrabajador de la campaña confirmó que corresponde a la utilizada por el PPSD.
Compra de casa por ¢100.000
Escrituras en poder de este medio evidencian que la sociedad 3-101-709547 adquirió la propiedad de 458 metros cuadrados en 2016, por un monto de ¢100.000.
Previo a la publicación de este reportaje, La Nación llamó a Vargas Corrales a su celular y al número que se le atribuye en la página web del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Sin embargo, el empresario no contestó.
Asimismo, se buscó obtener la versión de Humberto Vargas Sotres, hijo del exdiputado y presidente de la sociedad dueña de la casa utilizada por el PPSD en Montes de Oca.
Tanto Vargas Sotres como su hermano, Alejandro Vargas Ureña, aparecen en la web como agremiados del Colegio de Abogados, donde facilitan sus correos electrónicos. Se les envió mensajes a dichas direcciones. Previo a la publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.
Vargas Corrales deberá comparecer ante los diputados de la comisión que investiga el financiamiento de la pasada campaña electoral. El 28 de agosto, tras las declaraciones de Remi Osman Mucondo, los legisladores aprobaron una moción para citarlo.
A continuación, la escritura del traspaso de la casa ubicada en San Pedro:
¿Quién es Humberto Vargas?
Humberto Vargas Corrales es un empresario e ingeniero eléctrico. Su padre, el abogado Humberto Vargas Carbonell, fue dos veces diputado.
El 29 de junio, Telenoticias de Canal 7 reportó que la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen investiga al Vargas Corrales por el presunto delito de estafa por la venta del Parque Empresarial del Pacífico a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica (BCR).
Según informó el medio CRHoy, Vargas Corrales es el dueño de la sociedad que vendió al BCR-SAFI el Parque Empresarial del Pacífico por $70 millones. Así se lo confirmó el propio Vargas a ese diario digital.
La transacción se hizo en febrero del 2020. Este negocio se encuentra bajo investigación penal por un presunto sobreprecio. Se trata de unas bodegas industriales en un terreno de 540.400 metros cuadrados (m²), en Caldera, Esparza.
Hasta 1992, Vargas laboró como ingeniero en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Ese año se acogió a la movilidad laboral. Su meta era entrar en el proyecto de construcción, en ese entonces, del Hospital San Rafael de Alajuela.
Vargas elaboró los planos del centro médico, pero la institución decidió reconsiderar el proyecto, lo que en ese momento frustró su plan. Por esa razón, demandó a la Caja. En el proceso, la Junta Directiva sometió la disputa a un arbitraje, que finalmente le reconoció a Vargas el pago de ¢411 millones de entonces, informó la oficina de prensa de la entidad a La Nación, en 2013.
Ese dinero le sirvió de capital semilla para desarrollar proyectos inmobiliarios, según un reportaje de este medio, hace 10 años.
En el PUSC, Vargas Corrales fue cercano al expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994). Además, apoyó la candidatura a la presidencia del exdirector del Hospital Nacional de Niños, Rodolfo Hernández, de quien fue jefe de campaña.
En el 2010, fue candidato a la vicepresidencia de la República en la fórmula del socialcristiano Luis Fishman Zonzinski.
