La exsecretaria general del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Adriana Brenes, aseguró este lunes que, en su criterio, la campaña electoral que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia de la República sí se benefició de recursos provenientes del polémico fideicomiso Costa Rica Próspera.
Dicha figura captó recursos privados sin pasar por las cuentas del PPSD ni los controles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por lo que el órgano electoral pidió a la Fiscalía investigar si operó como una estructura paralela de financiamiento electoral.
Según Brenes, el fideicomiso pagó el alquiler de la casa de campaña, las facturas por servicios públicos, salarios de los integrantes del comando de campaña y hasta artes gráficos para promover la imagen de Chaves.
Incluso, manifestó, el fideicomiso pagó los gastos de la segunda Asamblea Nacional del PPSD que ratificó a Chaves como candidato, en octubre del 2021. Él había sido designado aspirante presidencial desde julio del mismo año, pero el TSE ordenó repetir la elección porque no fue secreta.
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“Se organizó por medio del fideicomiso; hay correos donde se hace toda la gestión, por medio del comando de campaña”, manifestó la exdirigente, quien agregó que desde julio del 2021 se sabía que Chaves era el candidato. “Nunca hubo otra opción”, mencionó.
La exsecretaria general de Progreso Social Democrático declaró, este lunes, ante los diputados de la comisión que investiga el financiamiento de los partidos políticos en las pasadas elecciones.
“¿En su criterio los fondos del fideicomiso Costa Rica Próspera se usaron para la campaña del PPSD?”, le consultó el diputado Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP).
Brenes contestó: “El logo se veía en cada una de las notas, anuncios…, entonces uno podría pensar que sí”.
Luego, agregó que ella envió un reporte al TSE sobre el posible uso de esos recursos para cubrir el alquiler de la Casa Progreso, que estaba ubicada en barrio La California, en San José.
Añadió que el Tribunal les enviaba prevenciones sobre el fideicomiso y que la presidenta del PPSD y hoy diputada, Luz Mary Alpízar, se las mostraba a los miembros del Comité Ejecutivo.
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La Nación reveló, en marzo de 2022, que el alquiler de la casa de campaña, de casi 2.000 metros cuadrados, fue cubierto por el fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual pagó $5.000 mensuales (unos ¢3,2 millones) de julio a setiembre de 2021.
Adriana Brenes también reportó, ante el Tribunal y la comisión investigadora del Congreso, aportes económicos de Costa Rica Próspera para cancelar las facturas de servicios públicos y los salarios de quienes laboraron para la campaña del hoy mandatario.
Ante los diputados, indicó que el fideicomiso también pagó las liquidaciones laborales del actual diputado Manuel Morales y de la ministra de la Mujer, Cindy Quesada, quienes eran encargados territoriales.
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De acuerdo con publicaciones de este medio de comunicación, el polémico fideicomiso cubrió otros gastos por al menos ¢95 millones, para publicidad, servicios profesionales y de vigilancia, viáticos para giras, alquiler de vehículos, gasolina y mobiliario de oficina, entre otros.
A través de este fondo se cubrieron gastos electorales del PPSD antes y después de que Chaves fuese electo candidato presidencial de esa agrupación.
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Dicho mecanismo fue creado por Chaves en conjunto con el banquero Jack Loeb. Además, fue administrado por el actual canciller, Arnoldo André, mediante la firma ATA Trust Company.
Adriana Brenes decidió renunciar a la secretaría general del PPSD, en marzo de 2022, en medio de la campaña electoral rumbo a la segunda ronda cuando, según manifestó, detectó “indicadores que me hicieron dudar de las toma de decisiones dentro del partido”.
Entre ellas, citó que no tuvo acceso al libro de actas, a pesar de que estas debían estar bajo su custodia, según los estatutos de la propia agrupación política.
Además, dijo que el partido no tomaba acciones para atender las notificaciones del Tribunal y que también le solicitaron firmar en blanco 1.000 bonos de deuda política de la campaña, sin saber quiénes iban a ser los compradores.
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Aquella petición, según relató Brenes, la realizó Douglas Caamaño, un trabajador de la campaña, a petición de Rodrigo Chaves y Calixto Chaves.
Luego de renunciar a su cargo dentro del Comité Ejecutivo de Progreso Social Democrático, Brenes remitió al Tribunal Supremo de Elecciones documentación sobre el aparente aprovechamiento del fideicomiso privado dentro de la campaña.