Manuel Ventura, canciller de la República, confirmó que la embajada de Venezuela en San José carecía de vigilancia policial en el momento en que fue tomada por María Faría, la embajada enviada por el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó.
Sin brindar mayores detalles, el canciller indicó que la ausencia policial se debe a que la sede diplomática, que estaba a cargo de los representantes de Maduro, tenía seguridad privada la madrugada del martes.
“Tan pronto se tuvo noticia de la existencia de este conflicto, se envió a la Fuerza Públia, tan pronto se tuvo noticia, así de sencillo. De lo que entiendo, ellos tenían vigilancia privada”, justificó el canciller.
El miércoles, Norma Borges, funcionaria del gobierno de Maduro, afirmó: “Tenemos tres meses solicitando apoyo y resguardo para la Embajada y para la residencia y no hemos recibido ningún apoyo... imagínese como se están violando nuestros derechos”.
Ventura y Faría se reunirán hoy para abordar lo sucedido luego de que la Cancillería costarricense deplorara lo sucedido, calificando de inaceptable la forma en que ingresaron los representantes de Guaidó, en vista de que Costa Rica le había otorgado 60 días a los diplomáticos de Maduro para abandonar el país.
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El gobierno de Carlos Alvarado desconoció el nuevo mandato de Nicolás Maduro, por considerarlo fruto de un proceso electoral ilegítimo, y reconoció el gobierno del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Juan Guaidó.
En consecuencia con esa decisión, la Cancillería reconoció a María Faría como embajadora de Venezuela.
Ante la toma de la embajada, el canciller Ventura explicó que el país aún no ha valorado retirarle las cartas credenciales a Faría. “No se ha hablado de eso”, dijo el canciller.
“Voy hablar con ella por la tarde, a ver en que está, qué me comunica, darle nuestro punto de vista y hasta ahí podemos llegar nosotros. Si se toma una decisión de otra naturaleza posteriormente se les hará saber”, añadió.
Ventura reafirmó lo dicho por Costa Rica en un comunicado emitido ayer por cancillería: “No es correcto” el ingreso de Faría, porque para eso había dado un plazo de 60 días para que abandonaran el país los diplomáticos de Maduro.
Ene se sentido, el canciller aclaró que el país no le dio autorización a Faría para que ingresara a la embajada de Venezuela.
“Nosotros no podemos dar esa autorización. El día que se retire el personal diplomático (de Maduro) y hagan entrega de la embajada, entonces sí nosotros podemos proceder a decirle a la nueva representante (de Guaidó) que ocupe las instalaciones de la embajada", afirmó.
No obstante, Ventura reconoció que Costa Rica no le advirtió a Faría de evitar hacer ingreso a la embajada venezolana.
“Que yo me acuerde no se le advirtió, pero son cosas que no es necesario hacer. Es una cosa de sentido común que no se puede ir en contra de la normativa existente y las prácticas diplomáticas existentes en un país”, según el canciller.
“Pese a que los bienes son de ellos (los venezolanos), están aquí dentro del Estado de Costa Rica y deben cumplir con la normativa internacional y local sobre la materia”, puntualizó Ventura.
El canciller Ventura se reunirá esta tarde con la representante diplomática de Guaidó. Adelantó que le expondrá con firmeza la posición de Costa Rica al respecto.
Molestia presidencial
Por su parte, el presidente Carlos Alvarado alzó la voz por lo sucedido: “Una representante tiene que atenerse a las reglas que pone Costa Rica (...) las reglas del derecho internacional deben ser respetadas”.
“Dimos plazo de 60 días para que los representantes del señor Maduro salieran del país. En nuestra conversación con la embajadora, quedó claro eso, además de que podían abrir un recinto temporal en otro espacio”, dijo Alvarado, quien agregó que Costa Rica quería un proceso de transición sereno, prudente y “eso fue lo que el día de ayer no ocurrió”.
“En Costa Rica hay reglas y hay que respetarlas (...). Extendimos la mano de buena fe y tal vez nos tomaron el codo”, aseveró el mandatario.
El presidente, quien insistió en que la principal preocupación del país es el restablecimiento del orden democrático en Venezuela, afirmó que la acción de la Fuerza Pública ante lo sucedido está dentro de la legalidad.
Decenas de policías acordonaron la calle de la embajada.