EscucharErick Ulate Quesada, uno de los cuatro candidatos recomendados para dirigir la Defensoría de los Habitantes por los próximos cuatro años, votó a favor de aumentar la antigüedad de los buses de 15 a 20 años en el Consejo de Transporte Público (CTP).
El abogado de 47 años de edad es presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica y, a la vez, es el representante de los usuarios en la Junta Directiva del CTP, órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) encargado de regular el transporte público.
El 27 de agosto, los directivos del CTP aprobaron por unanimidad enviar un pronunciamiento a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, para instarlos a dictaminar positivamente el proyecto 22.530, del exdiputado Erwen Masís, el cual extendería la antigüedad de los buses bajo el argumento de que el sector autobusero fue afectado por la pandemia.
Ulate fue uno de los directivos que votó.
Luego, en la sesión del 17 de octubre, el candidato a defensor intervino para decir “que el proyecto de ampliación de la vida útil lo que busca es permitir a las empresas tener un respiro ante los dos años de pandemia y el periodo pospandemia que ha golpeado duramente el sector”.
También, argumentó que “hay un centenar de unidades que ya no pueden circular por el vencimiento de la vida útil, y que al final del otro año serán más de 300 unidades”.
Ulate dijo a La Nación que también apoyó una moción para solicitarle al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) la emisión de un criterio técnico para determinar cuál debe ser la vida útil de los autobuses en Costa Rica.
“El día de la entrevista en la comisión, yo les expliqué a los diputados que el problema real es que, en ningún momento, ni siquiera cuando se discutió la reforma 7.600 (de protección a personas con discapacidad), se dio una discusión técnica sobre cuál debe ser el plazo de vigencia de la utilidad de los autobuses”, respondió Ulate.
Entonces, si no se ha dado esa discusión técnica, ¿por qué apoyó extender la vida útil de las unidades?, se le consultó.
Ulate respondió: “Porque la otra opción que se estaba presentando en el momento es dejar a la gente sin servicio”.
“A mí me preocupa, se lo digo con total sinceridad, la gran cantidad de comunidades que en este momento está sin servicio de buses que, al final de cuentas, están siendo servidas por servicios ilegales y no regulados”, continuó.
El directivo del CTP aseguró que, en esas comunidades, los medios de transporte no tienen regulaciones de vida útil y que el Consejo ha invitado a operadores a asumir esas rutas, pero “no encontramos gente”.
No obstante, el proyecto de ley de antigüedad de buses no hace una diferenciación entre tipos de ruta, sino que amplía la antigüedad de forma general.
El texto original hablaba de extender la vida útil de 15 a 20 años, pero la semana pasada, mediante una moción, los diputados bajaron la propuesta de 20 a 18 años. El plan aún no ha sido aprobado por el plenario.
En relación con la oposición de grupos de personas con discapacidad, Ulate dijo que “esto es absolutamente independiente del tema de vida útil”.
“En esto debo ser muy claro y lo he sido en el Consejo. Al día de hoy no puede haber un solo bus sin rampa o que no sirva”, agregó.
El proyecto es una reforma a ley 7.600, en donde se estableció, en 1996, que la antigüedad máxima de los buses es de 15 años.
Si personas con discapacidad denuncian que ni siquiera se cumple hoy la ley, ¿cómo garantiza que se cumplirá con buses aún más viejos?, se le consultó.
Al respecto contestó: “Si sucede, lo que hay que hacer es denunciar ante el Consejo, porque esto no depende de la vida útil, es algo que tiene que hacerse”.
“Imagínese que el proyecto no se apruebe del todo. Nosotros comenzamos a abrir procesos de cancelación a las empresas que no cumplan con la vida útil. Igual si las rampas de los buses no sirven, aunque estén en vida útil se les tiene que abrir procedimientos, porque tienen que cumplir con la rampa y la accesibilidad indistintamente de la edad del autobús”, dijo el candidato a defensor.
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Menos servicios, sin reducción de tarifa
En otra sesión del Consejo de Transporte Público, el 31 de agosto anterior, Erick Ulate votó a favor de “autorizar a las empresas operadoras de ruta regular a brindar los servicios con un porcentaje mínimo de operación obligatoria de un 70% de frecuencias de viajes y flotas”.
A pesar de que se concedió el beneficio a las empresas autobuseras, los usuarios del transporte público no vieron ningún descuento en la tarifa de autobús.
Ulate defendió que su posición busca evitar, según manifestó, que los pasajes suban más de lo que han subido a lo largo del presente año.
“Recuerde que esa decisión fue tomada por la Junta Directiva anterior. Los buses de zona urbana ya tenían el 70% hasta el año entrante, ese acuerdo cobija a los autobuses de la ruta urbana hasta el año entrante. Efectivamente, lo que vimos fue autorizar el 70-30 para los autobuses de la zona rural”.
Ulate argumentó que “si el acuerdo implica que no se brinde el servicio como las comunidades necesitan, las comunidades pueden solicitar que se aumente ese porcentaje”. En ese caso, alegó, el CTP realiza un estudio técnico para determinar si es necesario elevar la cantidad de autobuses.
Ulate insistió en que, si no se tomaba ese acuerdo, las tarifas podrían haberse incrementado mucho más.
“Lo que me preocupa es lo contrario. El tema de las tarifas tiene que ver con el tema de demanda. Si la misma Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) me dice que hay una demanda reducida, si lo que hacemos es aumentar los autobuses en ruta, lo que podríamos provocar es un aumento de tarifa y eso es a lo que yo me he opuesto totalmente”, alegó Ulate.
El aspirante a defensor también respaldó una moción en la Junta Directiva del CTP para retrasar el proyecto de sectorización de rutas regulares de buses de octubre a junio del 2023.
Ulate también figuró como comunal del Partido Liberal Progresista (PLP) para las pasadas elecciones, cargo al cual, según reconoció, no ha renunciado “por dejadez”.
