Seis candidatos presidenciales revelaron sus propuestas contra la corrupción en el primer debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), este domingo 9 de enero.
Fomentar la denuncia, usar el Sistema de Compras Públicas (Sicop) y digitalizar los procesos en las entidades públicas están entre las propuestas de los seis primeros aspirantes en participar en esta ronda de encuentros que se extiende hasta el próximo miércoles.
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Algunos contendientes hicieron mención de los más recientes escándalos de corrupción como Cochinilla y Diamante, que vinculan al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a gobiernos locales, incluidos los alcaldes, con presuntos sobornos por parte de empresas constructoras.
Los candidatos que dieron sus propuestas son: Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Fabricio Alvarado, de Nueva República; Federico Malavassi, de Unión Liberal; Carmen Quesada, de Justicia Social Costarricense; Greivin Moya, de Fuerza Nacional; y Martín Chinchilla, de Pueblo Unido.
Ramos aseguró que es necesario respaldar al denunciante de actos corruptos y mantenerlos en el anonimato, además de transparentar las compras públicas por medio de Sicop. Adicionalmente, mencionó la importancia de regular el acercamiento entre funcionarios públicos y privados, por medio de una ley de lobby.
Fabricio Alvarado indicó que es necesario digitalizar los procesos gubernamentales para seguir el rastro del quehacer en la función pública. En la misma línea de Ramos, se inclina por fortalecer el Sicop.
Malavassi recurrió de nuevo a la frase que hizo suya también Otto Guevara, quien aspira hoy a una diputación por Unión Liberal: “donde hay permiso, hay chorizo” al referirse a la necesidad de la descentralización estatal.
Carmen Quesada propone eliminar la “casa por cárcel” de quienes cometan actos de corrupción, aunque se trata de una acción judicial y no una que depende del Poder Ejecutivo.
Para Greivin Moya, una vía para desestimular la corrupción en la función pública es darle fortaleza a las auditorías para que no sean “cómplices” de la Administración. Además, señaló que es necesario darle un rol preventivo y no exclusivamente sancionatorio a la Contraloría General de la República (CGR).
Martín Chinchilla promovería una reforma al Código Electoral, pues considera que el manejo de la deuda política (contribución estatal) se presta para la corrupción. No ahondó en más detalles sobre cuáles serían las debilidades de la actual ley.
Intervenir el MEP
Los candidatos también se refirieron a sus propuestas para llenar los vacíos en la educación y allí resaltó la propuesta de Fabricio Alvarado, quien pretende intervenir el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Según señaló el candidato de Nueva República, es necesario cambiar los liderazgos de la institución, incluidos los miembros del Consejo Superior de Educación.
Malavassi atacó personalmente al exministro de Educación, Leonardo Garnier, quien pertenece a dicho consejo. “No se trata solo de sacar a Garnier y a su pandilla del Consejo de Educación que hay que hacerlo, porque han sido unos irresponsables”, señaló.
Welmer Ramos y Greivin Moya concuerdan que las reformas educativas deben ser el resultado del diálogo entre los sectores. Para Ramos es esencial que se retenga a los estudiantes con un modelo más atractivo que deje de lado el esquema actual, que los menores “aprendan a aprender”.
Entre otros temas que se abordaron en el debate destacó el combate al narcotráfico, momento que fue aprovechado por el candidato del PAC, Welmer Ramos, para pedir a los diputados que reabran la comisión legislativa para investigar el financiamiento de campañas políticas en la zona sur, luego de que trascendieran detalles de la causa judicial contra el alcalde de Corredores, el liberacionista Carlos Viales, quien supuestamente habría facilitado la construcción de un puente en la finca privada de un presunto narcotraficante de la región, con recursos municipales.
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