EscucharEl fiscal general, Carlo Díaz, negó que la fiscala Criss González se haya apartado por decisión propia de la investigación sobre el aparente “megacaso” de evasión fiscal anunciado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, el 19 de enero anterior.
Díaz insistió en que González fue separada de ese expediente judicial por orden suya y que, si bien ella le planteó inhibirse del caso, él todavía no emite una resolución al respecto. Incluso, analiza la posibilidad de rechazar la petitoria. En su criterio, el hecho de que ella tenga una investigación disciplinaria abierta en la Inspección Judicial podría no ser una causal suficiente.
“Ella puede decir: ‘me inhibo’, pero eso no opera de pleno derecho. No es algo que ella pueda decidir, soy yo quien lo decide, pero yo ya la aparté del caso, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Podría hasta decirle ‘su inhibitoria no es procedente’. Tenemos que analizar también cuáles son las causales, no es porque me denunciaron y yo aquí me inhibo.
“Esto puede ser hasta utilizado como estrategia por parte de los defensores o incluso de los mismos fiscales para apartarse de los casos. La ley regula cuál es cada una de las causales y eso es lo que yo tengo que analizar”, expresó el jerarca del Ministerio Público en una entrevista con La Nación, la mañana de este miércoles.
De esa manera Carlo Díaz respondió a Criss González, quien este martes aseguró que ella se había apartado voluntariamente del caso, y no porque se lo ordenaron.
La fiscala estaba a cargo del presunto “megacaso” que entró por una denuncia anónima en contra de Leonel Baruch Goldberg, presidente de Corporación BCT y de la Junta Directiva del medio digital CRHoy.com. El ministro de Hacienda lo anunció, pese a que la Fiscalía ya le había notificado a Tributación que había desestimado el expediente.
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El recuento de los hechos
El choque de criterios inició el domingo 29 de enero, cuando Díaz dijo en el programa Estado Nacional, de canal 7, que él le pidió a González apartarse del caso “por prudencia”.
Dos días después, el martes 31 de enero, González envió un derecho de rectificación a ese programa televisivo y a este medio.
Ella alegó que, el jueves 26 de enero, luego de enterarse de que la Inspección Judicial había abierto una causa disciplinaria en su contra, decidió reunirse con Díaz y le habló sobre su “inhibitoria en la causa 22-000070-0621, por tener dicha investigación en curso”.
“Para formalizar esa gestión, ese mismo día le remití un correo electrónico a la secretaria del despacho de la Fiscalía General y al señor fiscal general, por medio del cual en el asunto se indica: Inhibitoria causa 22-000070-0621-PE.
“Y en el cuerpo del mismo, expresé que me había enterado por los medios de comunicación colectiva que existía una investigación en la Inspección Judicial en mi contra, por lo cual me inhibía de participar en el desarrollo de cualquier gestión relacionada con dicha causa, con el propósito de mantener la objetividad que prima en el Ministerio Público y como lo establece el Reglamento para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial”, detalló González.
Carlo Díaz, por su parte, reconoce que la reunión existió y que ella sí le envió ese correo electrónico, entre las 2 y 3 de la tarde de ese jueves. No obstante, él insistió en que ahí, de manera verbal, le giró la orden de apartarse de la investigación y la gestión de ella era insuficiente para que la inhibitoria cobrara efecto de inmediato.
“En esa reunión, ella me expone que si yo considero o no, que ella continúe, incluso en la misma fiscalía donde ella se desempeña como líder, que es la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos. Yo le digo que continúe en esa Fiscalía, que cuenta con mi apoyo y, a la vez, ahí llegamos al acuerdo de que no era conveniente que ella se involucrara más en el caso en específico.
“Como jefe, yo tengo que autorizarle eso y yo le ordeno que sí, que se separe, que continúe el equipo de fiscales conociendo el caso y que yo incluso voy a designar otro superior a ella para que, si es necesario, atienda cualquier gestión que se requiera jerárquicamente”, explicó Díaz.
“La resolución de la inhibitoria, a la fecha, no ha sido resuelta. Yo no he resuelto y eso es una facultad simplemente mía. Ella puede solicitar la inhibitoria, pero al final de cuentas quien decide si se aplica o no, soy yo. Eso no aplica de pleno derecho. Ella puede decir me inhibo, pero soy yo, el superior jerárquico, quien decide al final si acepto o no”, insistió.
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¿Por qué está siendo investigada?
La fiscala González fue quien pidió a un juzgado, el 2 de enero, desestimar la causa del supuesto megacaso por falta de elementos probatorios.
Esa decisión fue cuestionada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en su conferencia del miércoles 25 de enero, argumentando que la funcionaria tenía conflicto de intereses pues, según él, fue subalterna de Leonel Baruch cuando este dirigió Hacienda. La fiscala negó estos y otros señalamientos del mandatario.
González aclaró ese mismo día que ella ni siquiera conoce a Baruch. Lo que pasó es que, en 1999, trabajó en la Dirección Jurídica de Hacienda, bajo la dirección de la licenciada Dagmar Hering.
En aquella época, Baruch Goldberg era ministro de Hacienda. Sin embargo, la funcionaria indicó que, en enero del 2000, pidió un permiso sin goce de salario para desarrollar otras actividades y se retiró de la función.
A raíz de los cuestionamientos de Chaves, el jueves 26 de enero, el Poder Judicial informó que la Inspección Judicial abrió de oficio una investigación disciplinaria contra Criss González, quien es fiscala adjunta de Delitos Económicos.
