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El presidente Carlos Alvarado admitió este viernes que la Fuerza Pública no acató el protocolo acordado para atender manifestaciones, cuando detuvo a seis personas que participaban en una protesta de comerciantes en la ruta 27, en San Ana, contra el cierre de negocios por la pandemia de covid-19.
Alvarado dijo que lamenta lo ocurrido y que habló al respecto con el ministro de Seguridad, Michael Soto.
“Las manifestaciones son un derecho de los costarricenses, siempre que se haga sin obstruir el derecho del tránsito o afectando a otras personas, es un derecho poder manifestarse.
“En el caso particular, como ya mencioné, no estoy de acuerdo; no sé siguió la ruta que tenemos como Gobierno, que es, en una primera instancia dialogar con los manifestantes; en caso de que si no hay respuesta, hacerles una primera alerta, y si no la acatan, actuar de conformidad con ley en este caso”, explicó Alvarado.
“Creo que, en este caso, este proceso, de lo que se me informa no fue llevado así y no estoy de acuerdo como se actuó. Eso ya lo he hablado con el ministro de Seguridad, él tampoco fue enterado de esta circunstancia hasta una vez que ocurrió y eso me parece que lamentamos esa circunstancia porque no se haya llevado como se ha hecho el protocolo, de nuestra parte, que se deben llevar estas circunstancias”, añadió.
Según informó La Nación, la aprehensión fue hecha por oficiales de Fuerza Pública este viernes por la mañana, luego de que pidieron a un grupo de comerciantes que protestaban cerca de Forum, en Santa Ana, San José, movilizarse.
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Entre las personas arrestadas hay cuatro hombres y dos mujeres “por obstrucción a la vía pública nacional”. Se trata de dos hermanos de apellido Carballo (un hombre y una mujer), una mujer apellidada Sojo y otros tres sujetos Sequeira, Méndez y Zamora.
“Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de San José”, precisó Seguridad por medio de su oficina de prensa.
Al parecer, los comerciantes pedían, entre otras cosas, que se elimine la fase de cierre anunciada para agosto y que, en zonas con alerta naranja, pueda trabajarse hasta las 10 p. m.
También, solicitaban atenuar los cobros de alquileres de locales.
Después del hecho, la Defensoría de los Habitantes urgió al Gobierno a entablar un diálogo social para atender las demandas de los comerciantes, quienes se quejan de la afectación económica causada por los periodos de cierre establecidos para afrontar la pandemia de covid-19.
“Es necesario activar todos los mecanismos institucionales de coordinación, para que en el marco del diálogo se atiendan las demandas socioeconómicas de los sectores y se pueda prevenir una escalada de violencia que agudice la situación que se vive”, pidió la entidad.
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