El presidente de la República, Carlos Alvarado, hizo este martes un vehemente llamado a los diputados a aprobar el acuerdo de ajuste fiscal negociado por su administración con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para equilibrar las finanzas públicas.

Alvarado advirtió que, de no ser así, “el próximo gobierno entrará en su primer año en un terreno enlodado, teniendo que arreglar problemas que hoy podemos y debemos dejar solucionados”.

El mandatario fue categórico al señalar que la posibilidad de no avanzar en la agenda negociada con el Fondo representa “el riesgo más inminente y grave que se cierne sobre Costa Rica”.

Así lo manifestó durante la presentación de su tercer informe de labores ante el Congreso, al tiempo que adujo que el acuerdo con ese organismo “es la vacuna para la estabilidad que necesitamos”.

“Es la forma para que tengamos los recursos sanos para hacer realidad, sin penurias, nuestros anhelos como sociedad. Pido por lo tanto, respetuosa y enfáticamente a este parlamento, la aprobación del acuerdo con el FMI y su agenda adjunta”.

Su llamado surge luego de que varias fracciones de oposición que se aliaron para ganar la elección del Directorio legislativo definieron una lista de prioridades que no incluye la agenda del Fondo, excepto la reforma al empleo público.

El cumplimiento del acuerdo sería la llave para el desembolso de un crédito de $1.788 millones de apoyo presupuestario, en seis tractos semestrales de $296 millones, durante tres años, salvo un primer giro que se haría con solo la aprobación del empréstito.

‘No implican despidos’

Al abogar ante los diputados por el paquete de iniciativas incluidas en el convenio con el FMI, Alvarado indicó que estas no implican “despidos para nadie. No privatiza ninguna institución. No toca el IVA ni grava a los más pobres”.

“Pero sí reduce el gasto público, principalmente, a la vez que genera ingresos solidarios y progresivos como en el caso de los tributos a las casas de lujo, los premios de lotería, las remesas o la renta global.

“Genera mayor igualdad eliminando exoneraciones que benefician a unos pero a costas de los demás, y pone a las empresas públicas, las de todas y todos, a aportar para ser parte de la solución.

“Es crítico para este gobierno, pero principalmente para el próximo, que este acuerdo se apruebe con los alcances que requiere”, insistió el presidente este martes durante su alocución.

Al respecto, manifestó que, para cumplir las metas fiscales, la próxima administración deberá seguir en la ruta de riguroso manejo de la hacienda pública y una clara “priorización” de su agenda.

“No hay margen para tanteos, indisciplina o despilfarros”, martilló, al tiempo que aseveró que la única forma de garantizar el estado social de derecho es aprobando la agenda convenida con el Fondo.

La reforma al empleo público, que es el proyecto más avanzado de la agenda negociada con el FMI, generaría un ahorro del 0.95% del PIB por la implementación de un salario global de un monto único, al tercer año de su implementación.

Otros cuatro planes en su conjunto generarían el equivalente al 0,97% de la producción en nuevos ingresos.

Se trata de un proyecto de reducción o eliminación de exoneraciones fiscales, incluido el salario escolar, un impuesto del 25% a los premios de lotería superiores a los ¢225.000, la implementación de la renta global dual y una modificación al tributo de las casas de lujo.

Una sexta iniciativa, que obligaría a las empresas públicas a aportar hasta el 20% de sus utilidades anuales al pago de deuda pública, por un periodo de cuatro años, daría un rendimiento del 0,15% del PIB.

La combinación de esos planes daría, al tercer año de haber entrado en vigencia, un rendimiento equivalente al 2,12% de la producción.

Dichas iniciativas, a su vez, se complementarían con la aplicación de la regla fiscal del Gobierno que reduce transferencias corrientes, adquisición de bienes y servicios especiales, suplencias y eventuales remuneraciones.

Tal reducción generaría un ahorro equivalente a un 1,3% del producto interno bruto (PIB) para totalizar un 3,41% de la producción en rendimientos de todo el plan.

Negativa de los diputados

Varias tiendas políticas de oposición reafirmaron, el pasado 1°. de mayo, su oposición a aprobar “nuevos impuestos”, en alusión a las iniciativas de ese paquete que contienen eliminación de exoneraciones fiscales o nuevos ingresos.

Así lo dijeron con claridad el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca; y el coordinador del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas.

El Partido Restauración Nacional (PRN) también se ha opuesto a los tributos, mientras que María José Corrales, jefa de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), indicó que la lista de iniciativas “debe pasar por el tamiz de un debate imprescindible”.

“Se equivocaría el Poder Ejecutivo si da por sentado que los proyectos propuestos serán aprobados en los términos actuales, sin el debate requerido.

“Costa Rica debe ir mucho más allá de un eventual acuerdo con el FMI. Y plantearle esa visión al país, es una responsabilidad de este Gobierno, que ha dilatado ese esfuerzo”, advirtió la verdiblanca.

De hecho, en los acuerdos para conformar un Directorio de oposición que llevó a la legisladora liberacionista Silvia Hernández a la presidencia, las fuerzas políticas de oposición acordaron una agenda de proyectos enfocada en reactivación económica.

El mandatario dijo que “la retórica de solo hablar de reactivación evadiendo la estabilidad es irresponsable, porque no es posible crecer a plenitud hasta que sentemos bases firmes para nuestras finanzas nacionales”.

En cuanto a la agenda del FMI, los legisladores solo incluyeron la reforma al empleo público, dejando por fuera al resto de iniciativas.

Tanto el ministro de Hacienda, Elian Villegas, como el presidente del BCCR, Rodrigo Cubero, han insistido ante los legisladores sobre la urgencia de aprobar todo el paquete de leyes, a finales de junio, porque así se adquirió el compromiso con el FMI para posteriormente entrar a una etapa de revisiones semestrales sobre los cumplimientos.

Agenda de reformas ‘no se agota ahí'

En su discurso de este martes, el presidente Alvarado consideró que la revisión del reglamento legislativo y el proyecto de empleo público son las dos grandes reformas del Estado que se legarían en su administración.

“La primera porque permite hacer las reformas necesarias de forma democrática, más rápida y sin tanto obstruccionismo. La segunda porque moderniza el servicio público y procura su eficiencia y equidad”, aseveró.

Sin embargo, el gobernante sostuvo que “la agenda no se agota ahí”.

En ese sentido, pidió aprobar en segundo debate, una nueva Ley de Contratación Administrativa que obligaría a todas las instituciones del Estado a realizar sus adquisiciones en una plataforma digital integrada, además de unificar las regulaciones.

Además, solicitó a la Asamblea la aprobación del proyecto para crear el Fondo de Avales y garantías para las empresas afectadas económicamente por la pandemia.

También pidió el visto bueno de los diputados a una moratoria a las pymes en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y una iniciativa para mejorar los precios de los medicamentos, entre otras.