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Carlos Alvarado, expresidente de la República (2018-2022), declaró este viernes 19 de abril ante el Ministerio Público por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). El político de 44 años figura como investigado por el presunto delito de violación de datos personales.
La defensa del exmandatario informó que Alvarado declaró que durante su gobierno no se llevó a cabo ningún acto de espionaje desde la UPAD, oficina que tenía su sede en Casa Presidencial.
El expresidente alegó que el único propósito del análisis de datos fue desarrollar una política pública precisa, basada en evidencia e identificación de las necesidades de la sociedad, de acuerdo con prácticas de gobiernos de países desarrollados.
Asimismo, aseguró que el uso de datos se orientó hacia el interés público, sin comprometer la privacidad de las personas, pues nunca se actuó de manera clandestina ni se compartió información sensible en foros o con organizaciones.
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“Durante mi mandato, nunca se instruyó a ninguna persona para espiar a un costarricense o habitante de la República. No hubo malversación de fondos ni venta de información ni se obtuvo beneficio ilegal alguno derivado de la operación del equipo de análisis de datos. Estoy seguro de que esto ya ha sido corroborado por los responsables de la investigación”, dijo el exmandatario.
La investigación está actualmente en manos de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Anteriormente, cuando Alvarado era presidente, el expediente estaba bajo el alero de la Fiscalía General, la única con la facultad para indagar a figuras con investidura especial, como el presidente, los ministros y los magistrados.
Rodolfo Brenes, codefensor de Alvarado y quien estuvo presente durante la audiencia, señaló que a lo largo del proceso ha habido una serie de “excesos” por parte de la Fiscalía General, los cuales han retrasado el avance de la investigación.
Brenes enfatizó que, si la Fiscalía quiere avanzar con el caso UPAD, al menos en lo que respecta al expresidente Alvarado, debe dar seguimiento a la acusación presentada hace dos años mediante otro expediente. Este versa sobre el decreto de creación de la UPAD.
En febrero del 2022, el Ministerio Público acusó a Alvarado y al exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, por el presunto delito de prevaricato, en concurso ideal con un delito de fraude de ley y abuso de autoridad, bajo el argumento de que el decreto no se ajustó a los procedimientos adecuados, pues no fue remitido al Departamento de Leyes y Decretos, con el fin de analizar su procedencia, cuadro fáctico y legalidad.
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“Deberían proseguir de inmediato con la acusación, a la cual no le han dado seguimiento desde que don Carlos dejó de ser presidente, a pesar de nuestros llamados manifestando nuestra disposición para que dicha causa pase a la audiencia preliminar, como corresponde. Si no lo hacen así, serán los únicos responsables de prolongar este proceso por años”, expresó Brenes.
La creación de la UPAD generó preocupaciones de diversos sectores sobre posibles violaciones a la privacidad y el respeto a los derechos individuales en la recolección de datos por parte de la Presidencia.
El caso UPAD llevó a investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República para determinar si hubo irregularidades en el manejo de datos y posibles infracciones legales.
Defensores señalan excesos
Rodolfo Brenes y Róger Guevara, defensores del expresidente, también alegan que era innecesario el allanamiento a la Casa Presidencial, efectuado en febrero del 2020.
“Al acusar sin tener esa prueba, demostraron que ni el allanamiento ni el secuestro de los equipos electrónicos eran realmente necesarios. El acto investigativo fue puro espectáculo”, indicaron los abogados.
Los litigantes también acusaron a la Fiscalía de dejar “botada” la acusación contra el expresidente, ya que la fecha no la ha promovido, ni ha enviado la causa para que se realice la audiencia preliminar.
