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El presidente de la República, Carlos Alvarado, defendió su decisión de nombrar a Ottón Solís en el cargo de representante del país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Pese a que la ley de adhesión a la OCDE dice que la designación de este cargo debe efectuarse por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Alvarado sostuvo que él, como gobernante, tiene su propio criterio.
“Tengo un criterio propio de lo que debe ser esa representación y creo que el presidente es electo para tener criterio, y tengo un criterio propio de lo que debe pasar con esa representación”, afirmó.
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Al insistírsele en que el artículo 4 de la ley dice que la designación corresponde a iniciativa del Comex, el mandatario respondió: “No, eso no dice la ley, no lo dice, sino para qué ir a Consejo de Gobierno; en todo caso, yo soy el que designa al ministro del ramo”.
Las declaraciones las pronunció alrededor de las 8 a. m. al cabo del acto de reanudación del curso lectivo en la Escuela de Sarchí Norte.
En la sesión del Consejo de Gobierno del pasado martes 6 de julio, el ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, propuso nombrar en la OCDE al actual representante del país ante esta Organización, Manuel Tovar, para aprovechar su experiencia acumulada en el cargo.
No obstante, el presidente Alvarado propuso el nombre de Ottón Solís y este fue escogido en votación de los integrantes del Consejo de Gobierno, aunque Valenciano votó en contra.
El artículo 4 de la ley de adhesión a la OCDE establece que “el Consejo de Gobierno, por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), designará al funcionario que representará al país ante dicha organización”.
La norma añade que el representante ante la OCDE, con sede en París, Francia, es un funcionario del Comex.
El mandatario también se refirió a la intención de los diputados de oposición de posponer la votación del segundo debate del crédito de $1.778 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras el presidente mantenga a Ottón Solís en el cargo.
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“Los diputados y las diputadas son costarricenses, yo soy costarricense, y creo que, en el espíritu patriótico, yo creo que la agenda relacionada con el Fondo es buena para el país y es necesaria; y yo creo que, en ese espíritu patriótico, es una agenda que se debe aprobar, y los diferendos políticos no deben estar de por medio de algo que per se es bueno para el país”, dijo.
‘Pueden usar herramientas legales para dilucidarlo’
“Yo respeto mucho la opinión de los diputados, de los exministros, algunos, y de algunos sectores empresariales que se han manifestado, pero como yo he dicho, en esto tengo un criterio, es mi trabajo tener un criterio, es mi trabajo tener un criterio en función de los costarricenses, no de visiones sectoriales y políticas.
“Yo estoy cumpliendo con mi trabajo en eso, si estuviera extralimitando mi mandato sería una situación de preocupación y, si alguien considera que hay algo ilegal, que no creo que lo haya, puedo usar las herramientas institucionales para dilucidarlo, las que tiene la democracia, pero es el criterio del presidente, es mi criterio”, agregó Alvarado.
Asimismo, el mandatario enfatizó en que la voz de la representación ante la OCDE, así como cualquier otra delegación del Estado de la República, es la del presidente, pues “por algo es jefe de Estado”.
Ocho exministros de Comercio Exterior (Comex) también le pidieron al presidente reconsiderar el nombramiento de Ottón Solís como representante permanente de Costa Rica ante la OCDE.
“Se ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de varias administraciones para adherirse a la OCDE. Se pone ahora en juego la credibilidad y el prestigio internacionales de Costa Rica, aspectos que no deben exponerse a cuestionamientos, sino más bien deben fortalecerse decididamente”, dijeron los exjerarcas en el pronunciamiento.
Firmaron el documento los exministros Muni Figueres Boggs, Roberto Rojas López, José Rossi Umaña, José Manuel Salazar Xirinachs, Tomás Dueñas Leiva, Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez y Manuel González Sanz.
También la suscribe Dyalá Jiménez Figueres, exministra del actual gobierno, quien renunció al cargo en agosto del año anterior. Ella impulsó las 14 leyes de adhesión tramitadas en la Asamblea Legislativa.
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