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El gobierno dio marcha atrás y derogó este viernes el decreto que creaba una nueva oficina en Casa Presidencial, dependiente del presidente Carlos Alvarado, la cual podría acceder a información de “carácter confidencial” que se encuentre disponible en las instituciones públicas, en donde se administran datos sensibles de las personas.
Así lo informó esta tarde la ministra de comunicación, Nancy Marín, a través de un comunicado de prensa en donde informa sobre la anulación del decreto Nº41996-MP-Mideplán, que daba pie a la Unidad de Análisis de Datos (UPAD).
La eliminación de la norma, según el comunicado, se debe “a raíz de las dudas externadas por diversos sectores”.
“La decisión se tomó con el objetivo de abrir un espacio de diálogo amplio sobre la necesidad de que el Poder Ejecutivo cuente con un departamento permanente de análisis de datos, que permita la ejecución de políticas públicas basadas en la estadística y la ciencia de datos”, añade el comunicado, emitido por la Presidencia a la 1:13 p.m. de hoy.
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El presidente Carlos Alvarado, en tanto, dijo públicamente: "Hemos derogado el decreto que crea la Unidad de Análisis de Datos para dar un espacio de diálogo con los distintos sectores y dar la certeza absoluta sobre el resguardo de la información confidencial de las personas".
“Reitero la vocación de mi gobierno por el respeto a los derechos humanos”.
Marín argumentó que, en el siglo actual, "los gobiernos deben trabajar con información precisa y oportuna que permita orientar a la política pública para beneficio de las personas”.
El decreto publicado el 17 de febrero en La Gaceta fue dado a conocer este viernes por CRHoy.
Según el documento, la UPAD será una entidad adscrita a la Presidencia de la República y servirá como “instancia asesora” del presidente de la República.
Su función sería la de ejercer asesoría permanente al presidente, “fortaleciendo un enfoque de toma de decisiones de política pública fundamentadas en la evidencia que aporta el análisis de los datos”.
El documento establecía que esa oficina accedería a información de la administración pública central y descentralizada, salvo aquella que sea considerada secreto de Estado.
El artículo 7 del decreto citaba que las instituciones deben permitir a la UPAD el acceso a la información que esta oficina requiera en los formatos electrónicos adecuados.
Luego, la segunda parte de ese mismo artículo dice: “En cumplimiento de los incisos e) y f) del artículo 8º de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley Nº 8968, también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera".
"Dicha información mantendrá en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD. En estos casos, la UPAD y las instituciones deberán establecer acuerdos de gobernanza para garantizar un uso responsable y coherente de los datos que beneficie a los ciudadanos y fortalezca la confianza pública”, añade.
Viene ‘juicio político’
Pedro Muñoz, cojefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reaccionó con esta afirmación: “Ya no habrá juicio legal, sigue el juicio político”.
Antes de que el gobierno diera marcha atrás, Muñoz había adelantado que interpondría acciones legales para “poner en orden” en lo que él considera es un abuso del gobierno.
La jefa de fracción del PLN, Silvia Hernández, también exigió la derogatoria inmediata del decreto pues, de lo contrario, acudiría a la Sala IV. En un sentido similar, de acciones legales, se pronunció Eduardo Cruickshank, jefe de la bancada de Restauración Nacional (PRN).
Yorleny León, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), dijo: “Si bien el decreto que creó la UPAD fue anulado, la desconfianza de los costarricenses hacia Casa Presidencial es mayor”.
“¿Cómo tendremos tendremos confianza los costarricenses que el proceso que ya se venía dando, así lo indicó la Ministra de Comunicación, no continúe? El acto, el secretismo y el momento político provoca que los legisladores y los costarricenses en general descansemos con un ojo abierto y otro medio cerrado. Ese decreto rebasó los límites de la confianza”, señaló la liberacionista.
El también diputado verdiblanco, Roberto Thompson, calificó que el propósito que tenía el gobierno, al crear esa unidad, violentaba “el derecho constitucional a la intimidad y al uso de información confidencial con fines políticos, al mejor estilo de los regímenes totalitarios”.
Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), afirmó: "Mantener oculto este decreto, las contrataciones para operar esta unidad, la posibilidad de hurgar información confidencial y la declaratoria de esta unidad, como de interés público, crean muchas suspicacias que deben ser aclaradas por la Presidencia de la República".
En tanto, la vocera de Nueva República, Carmen Chan, afirmó que el gobierno “copia instrumentos de los modelos socialistas para crear una plataforma de ‘policía secreta’ que le permita controlar a los ciudadanos y perpetuarse en el poder”.
La justificación previa del gobierno
Antes del anuncio de la derogación del decreto, Marín había justificado la creación de UPAD. Informó de que, desde Casa Presidencial, en Zapote, un grupo de profesionales en estadística y en economía han venido trabajando, precisamente, en el análisis de los datos para el desarrollo de política pública.
Afirmó que, en el Siglo XXI, los gobiernos deberían trabajar con información precisa, oportuna y con datos certeros.
“¿Para qué sirve esto? Para beneficiar a las personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este equipo lo que ha desarrollado son herramientas para ver dónde están los centros educativos que tienen más carencias, que tienen más población estudiantil. ¿Para qué? Para poder indicarle al MEP cuáles centros educativos deberían priorizar, entonces, en términos de infraestructura, en términos de calidad educativa”, explicó la titular de Comunicación.
Marín volvió a usar ese argumento al anunciar la eliminación del decreto. Añadió que el análisis de datos es una herramienta que también se usa para diseñar proyectos en materia de transporte público, el Presupuesto Nacional y planes de lucha contra la pobreza.
Elizabeth Mora, directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), argumentó que "no existe una prohibición legal para que la información" en manos de las instituciones sea compartida, pues la ley "establece excepciones y una de ellas es la actividad ordinaria de la administración".
“La recomendación de la Prodhab es que, una vez el decreto entre en vigencia, se suscriban convenios interinstitucionales donde se establezcan obligaciones, responsables y eventuales consecuencias de quienes incumplan las obligaciones de las partes”, dijo.
‘Incluye todo tipo de información’
El abogado Mauricio París, socio regional de Ecija, una firma española especializada en privacidad y protección de datos, afirmó que un decreto como el derogado contraviene la Constitución Política, en el tanto esta protege el derecho a la intimidad de los ciudadanos, así como la Ley de Protección de las Personas frente al Tratamiento de sus Datos.
“Si se trata de datos estadísticos o que no identifiquen o hagan identificable a una persona, la norma no tiene ningún problema, pero es tan abierta que incluye todo tipo de información, incluyendo datos personales (...). De no haberse derogado, pudo ser declarado inconstitucional o ser anulado por contravenir la Ley”, explicó París.
El especialista añadió que, a pesar de la anulación del decreto, quedan dudas luego de que la ministra Marín afirmara que en la Presidencia hay un equipo técnico que trabaja, desde tiempo atrás, en el análisis de datos para elaborar política pública.
Defensoría pide cuentas
En esa línea, la Defensoría de los Habitantes le consultó al presidente Alvarado si la UPAD ha venido trabajando desde antes de la publicación y posterior derogación del decreto.
De ser así, de acuerdo con una carta que envió hoy al mandatario, la defensora Catalina Crespo pidió indicar si dicha unidad ha tenido acceso a información de los habitantes y de qué tipo, con el fin de verificar si hubo una eventual violación de derecho de los habitantes.
También, Crespo pidió los nombres de las personas que integran ese equipo. Otra de las consultas de Crespo es si el decreto había sido consultado con la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes.
