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A las 9:30 a. m. de este lunes, altas autoridades del Gobierno llegaron a la Asamblea Legislativa, junto con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), para tratar de convencer a los jefes de fracción de la urgencia de darle vía rápida a una reforma de impuestos que ayude a paliar el déficit fiscal.
Exponiendo el descalabro financiero que significaría no tener más recursos para pagar los gastos del Gobierno y su deuda pública, los ministros de Presidencia y Hacienda, Sergio Alfaro y Helio Fallas, insistieron en la necesidad de reunir 38 votos para tramitar, mediante un mecanismo expedito, el último plan fiscal de la administración Luis Guillermo Solís.
A la salida de la reunión, a las 11:40 a. m., el ministro de Hacienda dijo sentirse esperanzado en que los diputados atendieran el llamado para respaldar el proyecto, el cual estima que permitiría reducir el déficit en 1,9 puntos del PIB, en momentos en que este supera el 6% del PIB y amenaza con crecer rápidamente al 8%, lo que elevaría las tasas de interés bancarias para toda la población.
Sin embargo, unos minutos después y en el mismo edificio, el candidato del partido del gobierno, Carlos Alvarado, se reunía con los diputados del PLN, los cuales convocaron tanto al candidato del PAC como a Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN), para conocer su posición sobre la reforma que crearía el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y el impuesto a las ganancias de capital.
Según lo que dijeran los candidatos, el PLN tomaría posición con respecto a la solicitud de Casa Presidencial. Y la posición de Liberación Nacional (PLN) resulta fundamental, debido a que tiene la mayor cantidad de diputados en el Congreso: 18.
Fabricio Alvarado dijo estar de acuerdo con la vía rápida, pero Carlos Alvarado les afirmó a los liberacionistas que este no era el momento de aprobar impuestos, pues insiste en que el tema debe decidirse después de la segunda ronda electoral.
Ante la posición del candidato del PAC, Karla Prendas, jefa de fracción del PLN, concluyó que no existe ambiente político para darle vía rápido a la reforma tributaria.
"Don Carlos Alvarado nos manifiesta que ellos tendrán que arreglar algunos asuntos internos, porque todavía hay posiciones encontradas en la fracción del PAC. Por ejemplo, él manifiesta que todavía no tiene que hablarse del 208 bis (vía rápida) y que hay una parte de su fracción que así lo considera, mientras que el Gobierno y otra parte de su fracción considera que sí. Eso dificulta la viabilidad política", dijo la liberacionista.
Ante la prensa, el candidato del PAC dijo estar de acuerdo con el 208 bis, pero cree que el pueblo primero debe definir cuál será el próximo presidente de la República.
“Estoy comprometido con que avance este procedimiento, pero lo que he dicho es que tenemos que dejar que discurran las elecciones y que los costarricenses tomen una decisión. En síntesis, sí estoy de acuerdo con que se vea un procedimiento de vía rápida, pero que no se vote nada definitivamente antes de las elecciones”, recalcó.
Por su parte, Fabricio Alvarado dijo que él sí estaba de acuerdo con la aprobación de la vía rápida y de la reforma fiscal cuanto antes: “Desde nuestro punto de vista, es necesario en este momento. La situación económica del país requiere tomar decisiones. Ya el mismo Banco Central dijo que, si no se toman decisiones, podríamos llegar a una situación peor en cuestión de dos años”.
“Si se traslada el impuesto de ventas al IVA y este se mantiene en un 13%, ya después estaríamos dando señales correctas en contención del gasto, que es parte de lo que ha entrabado la situación y es importante que haya señales correctas y compromisos. A nosotros nos interesa que avance pronto, aunque tenemos claro que no es la solución completa. Un gobierno de Restauración Nacional vendría abierta y directamente a ejecutar acciones en ese sentido”, agregó Fabricio Alvarado.
Si se aprueban impuestos, que sea después del 1°. de abril
Carlos Alvarado sostuvo que él no se está contradiciendo. Según dijo, su posición es que se negocie la vía rápida de manera que la reforma se apruebe después de la segunda ronda del 1°. de abril.
"Hablar antes de abril me parece un poco apresurado. También tiene que ver con la dinámica legislativa, habrá que ver la dinámica de la moción que se plantee, ya como parte del acuerdo, y veo espacio para dialogar y darle viabilidad a esa moción si se dan esas condiciones. Mi aprehensión siempre ha sido en el tema de los tiempos, pero mi posición en la materia fiscal no ha cambiado, es un tema que es importante que se discuta y se vote".
"Viendo los tiempos de la moción y la realidad legislativa, es algo que se daría naturalmente (verlo después del 1°. de abril), entonces eso no debería ser el cuello de botella; el cuello de botella, creo yo, es que se concrete una acuerdo tanto con don Fabricio (Alvarado), con las fracciones, con mi persona, con el Ejecutivo, para que se den las condiciones y una moción consensuada de vía rápida", continuó el aspirante del PAC.
Rolando González, diputado del PLN que promovió las audiencias a los candidatos presidenciales, dijo que hay división en el partido de gobierno en torno al momento adecuado para aprobar el plan fiscal.
“Hoy tenemos una posición del Gobierno y otra posición del candidato y otra posición de la fracción (del PAC) dividida. Eso habla muy mal del liderazgo del Gobierno y del panorama que se cierne sobre la Asamblea Legislativa y sobre el país en materia fiscal”, afirmó.
En tanto, Ottón Solís, diputado del PAC, salió en defensa del candidato de su partido: “Hubo una confusión indudablemente, Carlos quiere el 208 bis en cuanto se pueda, la fraccion completa, los 12 diputados vamos a votar el 208 bis, pero además, con una muestra gigantesca de responsabilidades, el PUSC y PLN, así como don Gonzalo Ramírez, dan el voto a un 208 bis”.
“Entonces, hay muy buenas noticias para un 208 bis, en vista de esa epidemia de responsabilidad del PUSC, el PLN, el PAC y de don Gonzalo Ramírez”, continuó el fundador del PAC.
¿En qué consiste la reforma fiscal?
El plan de contingencia fiscal del gobierno de Luis Guillermo Solís genería unos ¢660.000 millones anuales, mientras el déficit en las finanzas públicas asciende los ¢2 billones.
Solís pretende alcanzar esa suma transformando el tributo de ventas en un impuesto sobre el valor agregado (IVA), con lo que el Gobierno gravaría numerosos servicios que hoy están exentos.
El Ejecutivo impondría una la tasa del 13% a servicios como los informáticos, los de abogados, los gimnasios, espectáculos, streaming (como Netflix y Spotify), alquileres superiores a ¢425.000 mensuales, electricidad (para quienes consuman más de 250 kilovatios hora al mes), transporte (excepto el servicio público), juegos de azar y exposiciones comerciales.
Además, propone una tasa reducida del 4% para la educación y la salud privadas, así como para los libros en todos sus formatos, los boletos aéreos, la compra de empaques y embalajes y sus materias primas, así como equipo y maquinaria (excepto si hay una exoneración expresa) y los servicios para la producción agropecuaria y agroindustrial.
Al resto de bienes, en general, se mantendría el actual impuesto del 13%, manteniendo las exoneraciones vigentes.
El plan propone, además, establecer un tope de ¢5,4 millones en los salarios de los funcionarios públicos y los jerarcas de los poderes del Estado y de la Administración Pública. El equivalente a 18 salarios mínimos mensuales para la categoría laboral de menor ingreso en el sector privado.
De igual forma, plantea cobrar un tributo de un 15% —con algunas excepciones—, a las ganancias de capital, es decir, a las utilidades que generen la venta de activos, bonos o bienes inmuebles, así como la repartición de dividendos.
Impone también un tope del 2,54% al plus conocido como anualidad para los empleados nuevos en el sector público. Ese porcentaje se pagaría sobre el salario base, por cada año laborado. En la actualidad, ese incentivo rebasa el 5% en algunas entidades.
