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El presidente de la República, Carlos Alvarado, destituyó este martes a Mario Alfaro de la presidencia del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y decidió enviar su caso al Ministerio Público.
El mandatario tomó la decisión luego de que la Secretaría de Actas del Consejo de Gobierno rindió un informe sobre un presunto tráfico de influencias de Alfaro en favor de una cooperativa de familiares suyos.
"He solicitado al Consejo de Gobierno el remover de su cargo a Mario Alfaro como presidente del Sinart", declaró Alvarado.
Agregó que su petición fue aceptada y que la destitución rige hoy mismo.
La decisión se tomó con base en las competencias que tiene el Consejo de Gobierno, no con base en la investigación preliminar, informó el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.
Para ello, se fundamentó en el oficio AL-051-2010, de la Asesoría Legal del Sinart, el cual respalda la competencia del Consejo de Gobierno respecto a la libre remoción de quien ocupe la Presidencia Ejecutiva de le empresa estatal, según el inciso a) del artículo 10 de la Ley que regula dicha institución.
Adicionalmente, la Secretaría de Actas del Consejo de Gobierno enviará su informe sobre el caso al Ministerio Público, para que el procedimiento continúe en la vía judicial. No obstante, las autoridades no se refirieron a los resultados de la investigación.
En vista de que Alfaro estaba nombrado por seis años, hasta el 2022, el Gobierno consultará a la Procuraduría General de la República si corresponde el pago de cesantía en favor de Alfaro.
En la conferencia de prensa, para anunciar la decisión, participaron Carlos Alvarado, Rodolfo Piza y el ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza.
A finales del 2016 una cooperativa conformada por familiares de Mario Alfaro le solicitó un crédito de ¢500 millones a una institución pública y, en el trámite del préstamo, informó de que el Sinart había dado el visto bueno para contratar sus servicios.
El hecho consta en un correo electrónico incluido en el expediente del crédito, el cual fue solicitado al Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión, cuyo manejo financiero está en manos del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).
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El correo lo firma Alejandro Alfaro, presidente de Coopeasesorías R. L. y primo hermano del jerarca del Sinart.
En el correo, el presidente de Coopeasesorías incluye al Sinart dentro de una lista de 15 empresas que le “han dado el visto bueno” para contratar sus servicios de factoreo. En el mensaje también se menciona a la Asamblea Legislativa, a la Universidad Nacional (UNA) y a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Seis meses después, el 12 de mayo del 2017, el presidente del Sistema Nacional de Radio y Televisión solicitó una reunión en el Infocoop para discutir el tema del factoreo e invitó al gerente general de la Coopeasesorías para que expusiera su propuesta.
Mario Alfaro alega que él no pretendía contratar a la cooperativa de sus familiares, sino que solo quería que se imitara el modelo en la agencia de publicidad del Sinart.
El lunes, el expresidente del Sinart compareció ante la Asamblea Legislativa y afirmó que tres jerarcas del gobierno de Luis Guillermo Solís boicotearon una investigación que se desarrollaba en el Sinart, en torno a la forma en que salió de la institución el actual diputado del PAC, Enrique Sánchez.
Alfaro señaló a los exministros de Presidencia y Comunicación, Sergio Alfaro y Mauricio Herrera, así como a la actual ministra de Cultura, Sylvie Durán.
Consultado sobre el papel de la jerarca de Cultura en ese caso, Rodolfo Piza se limitó a decir que ella no participó en la decisión sobre Mario Alfaro.
Según denunció Alfaro, la administración de Solís hizo lo posible porque no se conociera, antes de la segunda ronda del 1°. de abril, un informe jurídico sobre la forma en que Pablo Cárdenas, exdirector general del Sinart, permitió la salida del diputado Sánchez.
Sánchez, quien se desempeñaba como asesor del director Cárdenas, había solicitado un permiso para ausentarse de sus labores antes de la 1.° ronda, del 4 de febrero, en la cual él se postuló para el cargo de diputado por San José por el PAC. Debía regresar al trabajo el 12 de febrero.
Sin embargo, tras ganar la curul, Sánchez no regresó a laborar, por lo que los directivos del Sinart pidieron explicaciones. Cárdenas les dijo que lo había despedido con responsabilidad patronal, lo que habría implicado el pago de prestaciones a pesar de que el actual diputado era el que estaba incumpliendo el contrato laboral.
Luego, Cárdenas cambió la versión y les informó a los directivos de que la carta de despido nunca se le entregó al entonces diputado electo, quien finalmente renunció el 22 de febrero en forma retroactiva. El tema fue objeto de discusión en campaña en cierto momento.
Mario Alfaro dijo que, cuando el informe sobre el asunto se iba a discutir, empezó el boicot.
Primero, dijo, el Consejo Ejecutivo del Sinart no pudo sesionar el 15 de marzo porque Sharely Alfaro Elizondo y Viviana Boza Chacón, las representantes de los ministros de Educación y de Cultura, respectivamente, se excusaron de asistir.
El expresidente del Sinart declaró, bajo juramento, que ellas se ausentaron a pedido de la ministra Sylvie Durán.
“Yo consulté a una de las representantes de los ministerios lo que había pasado, conversé con ella vía telefónica, y esta compañera de Consejo me expresó que ella recibió orden expresa de su superior jerárquica de no presentarse a sesionar a solicitud de la ministra de Cultura”, dijo en el Congreso.
Rodolfo Piza evitó referirse a esos hechos cuando se le consultó esta tarde en Casa Presidencial.
