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El presidente de la República, Carlos Alvarado, culpó al Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) por la crisis financiera que atraviesa la empresa estatal, a dos años de la aprobación de un primer rescate por ¢49.000 millones.
Alvarado aseguró que la entidad portuaria requerirá de un nuevo salvavidas porque un embargo judicial, efectuado a solicitud del sindicato, impidió concretar los recortes de personal necesarios para que la institución alcanzara su equilibrio financiero.
Este miércoles, el Gobierno les envió a los diputados una nueva solicitud de endeudamiento público por ¢6.000 millones para que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) cubra sus gastos ordinarios y evite caer en el impago de salarios y demás obligaciones.
“No era deseable llegar acá, pero tuvimos poco más de un año en que el sindicato tuvo embargadas las cuentas de Japdeva. O sea, el sindicato de trabajadores de Japdeva se convirtió en el peor enemigo de Japdeva”, aseguró Alvarado.
Las cuentas bancarias de la empresa estatal, donde se guardaban ¢5.300 millones para liquidar empleados, fueron embargadas por el Juzgado de Trabajo de Limón en mayo del 2020, a raíz de un antiguo reclamo laboral de Sintrajap sobre un beneficio concedido en una convención colectiva.
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La acción judicial impidió que la Junta continuara ejecutando los recortes de personal a los que se había comprometido, debido a la falta de dinero para pagar las liquidaciones.
Antes del embargo de las cuentas, Japdeva había logrado liquidar a casi 700 empleados que ya no necesitaba para su operación.
No obstante, durante el año de embargo, tuvo que pagar una planilla de 510 trabajadores, cuando para ese periodo la entidad realmente solo podía sostener a 275 empleados.
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La entidad portuaria se mantiene con el dinero que queda de esa bolsa, así como con los pocos recursos que capta por la atención de barcos en Moín. Sin embargo, sin la inyección del nuevo presupuesto extraordinario, la entidad se quedaría sin recursos para pagar salarios y cumplir otras obligaciones a finales de este mismo año.
“Hemos logrado el pago de obligaciones quincena a quincena, incluso con la baja adicional por pandemia y cuidando los recursos con que contamos, pero estamos nuevamente requiriendo del apoyo antes de que finalice el año”, manifestó la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno.
Sobre la posibilidad de que la empresa estatal caiga en impago, la jerarca indicó: “Trabajamos para que este escenario no suceda, pues es nuestra obligación mantener el servicio público que brindamos, pero precisamente es por ello importante discutir este apoyo indispensable en el corto plazo”, añadió.
Según el Gobierno, el embargo provocó el traspié del rescate por ¢49.000 millones que los diputados aprobaron en 2019, cuando la empresa estatal estaba al borde del colapso.
Ese plan incluyó una partida por ¢5.753 millones para el pago de remuneraciones durante tres meses. Para ese entonces, la entidad portuaria ya había consumido todas sus reservas. También, se incluyeron ¢17.900 millones para el pago de liquidaciones.
Ese plan contemplaba, por ejemplo, el pago de hasta ocho salarios extra para los trabajadores que aceptaran el despido, así como un sistema de prejubilación para empleados mayores de 55 años.
Al término de 10 años, el Estado terminará pagando ¢15.340 millones para mantener esos subsidios que cubren a unas 277 personas, con un bono mensual promedio de ¢1,2 millones. Esos costos se recargan cada año al Presupuesto Nacional.
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Adicionalmente, los diputados le concedieron a Japdeva la posibilidad de que otras instituciones públicas le transfirieran hasta ¢10.000 millones de sus superávits. La Junta debe reintegrar esos dineros.
En diciembre de 2019, recibió el primer préstamo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) por ¢3.500 millones. Y en octubre de 2020, cuando ya tenía las cuentas embargadas, recibió el traslado de ¢6.500 millones del superávit del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
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Según el octavo presupuesto extraordinario enviado al Congreso, ¢4.000 millones se destinarían al pago de remuneraciones y contribuciones sociales de la operación regular de la institución.
Otros ¢2.000 millones restantes se usarían para el pago de cesantías, preaviso, aguinaldo, vacaciones y bonos para aquellos trabajadores que se acogieron a la movilidad laboral.
Al presidente Alvarado se le preguntó hasta cuándo Japdeva va a dejar de demandar recursos del Estado. Al respecto indicó: “Nuestro propósito es dejar eso resuelto. Yo podría decir ‘que resuelva el que venga’, pero no voy a hacer eso. Por eso presenté el presupuesto para dejar resuelto el problema de Japdeva”.
Las declaraciones las brindó el mandatario este jueves en su visita al vacunatorio instalado en mall Multicentro, en Desamparados.
