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El presidente Carlos Alvarado puso en marcha este viernes el plan del Ejecutivo para frenar el crecimiento de los gastos del Gobierno central y, a la vez, pidió a los demás sectores del país poner de su parte.
Lo hizo después de firmar una resolución, un proyecto de ley, cuatro decretos y cinco directrices que ordenan la ejecución de las medidas de contención del gasto anunciadas esa misma semana por la ministra de Hacienda.
"Queremos dar fe de nuestra convicción absoluta y determinación para resolver la situación fiscal de Costa Rica", declaró Alvarado.
Luego de dar el primer paso, poniéndole freno al crecimiento de los salarios, las anualidades y el Presupuesto Nacional, Alvarado pidió que los demás poderes de la República emprendan las acciones que se escapan de las competencias de Casa Presidencial.
Lo primero fue una instancia a los diputados, para que apuren la reactivación de la comisión especial que tramita el plan fiscal.
Según anunció un día antes el jefe de fracción de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, será este mismo lunes cuando se inicien las negociaciones. Lo primero que debe definirse es la metodología que seguirán los legisladores.
La expectativa del Ejecutivo es que la reforma quede aprobada en agosto.
A los presidentes de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, Alvarado les pidió atender con prontitud la solicitud de una reunión que les hizo la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, quien quiere coordinar con ellos acciones que permitan que el ahorro se contabilice también en el resto del Estado.
Finalmente, a la población en general, el mandatario le solicita disposición para contribuir con el esfuerzo del Ejecutivo para evitar una crisis económica.
“Para dar solución a este tema necesitamos actuar de manera unida como país. No es un tema que debamos afrontar unos con unas posiciones, otros con otras posiciones, sino que todos como sociedad tenemos que poner un grano de arena, dependiendo de cuál es nuestra posición, nuestro poder de la República, nuestra posición económica y social y también nuestra condición socioeconómica”, dijo Alvarado este viernes.
Ante las críticas y los recelos de quienes consideran que Casa Presidencial puede cortar aún más el gasto, el presidente aseguró que su equipo se mantiene en una búsqueda constante de posibilidades.
"No nos hemos guardado nada y, cuando encontramos nuevos elementos, las presentamos", aseveró el mandatario.
"Si vemos el margen de acción que tiene el Ejecutivo, sí creo que medidas son suficientes, aunque estamos buscando más", añadió después.
Sobre la reforma al empleo público
El presidente dijo que el objetivo de su Gobierno con la reforma al empleo público que promoverá es la eficiencia, que los incentivos estén aparejados al desempeño y a la consecución de metas, así como a reducir desigualdades, porque hay 334 instituciones públicas con 14 regímenes altamente desiguales.
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La forma de hacerlo, no obstante, no está definida. Según dijo, deben definirse los alcances que tendrá esa ley, así como la metodología y el equipo que trabajará el proyecto.
Respecto a las molestias que surgieron ante las medidas administrativas que frenarán el crecimiento de salarios y anualidades, el presidente hizo un llamado a la colaboración.
"No estamos planteando ni despidos, ni reducciones en las remuneraciones actuales de trabajadores y trabajadoras, ni violación alguna a derechos adquiridos. Para progresar, un país requiere el esfuerzo de su funcionariado público, estamos contando con eso", expresó Alvarado.
Aguilar dijo a los diputados que el compromiso del gobierno es presentarles el proyecto de ley a más tardar el 1.° de junio de 2019.
La jerarca también adelantó el tipo de iniciativa que tiene en mente:
“En realidad, el tema de una nueva ley de empleo público no debería circunscribirse únicamente al tema salarial, eso deberá ser un capítulo. (Debe incluir) todo el tema de remuneraciones, de incentivos, de evaluación, de competencias, de la forma de vinculación, de la forma de desvinculación al sector público”, apuntó Aguilar.
Estas son las medidas administrativas que firmó este viernes el presidente Alvarado:
-Decreto para que el 100% de los salarios del Gobierno central suban en un mismo monto, el cual se calculó con base en el sueldo más bajo, en vez de que aumenten con base en un porcentaje. Para el segundo semestre del 2018, esa monto será de ¢3.750.
-Directriz para que el Presupuesto Nacional del 2019 no crezca con respecto al del 2018, con ciertas excepciones como las inversiones en infraestructura.
-Directriz al Servicio Civil para que calcule las anualidades de los empleados del Gobierno como un monto nominal fijo, en vez de un porcentaje del salario base. Ese cambio, frenará el efecto multiplicador que tenían estas anualidades sobre el gasto público.
-Directriz para reducir de un 50% a un 25% las plazas vacantes que se pueden llenar, así como para no crear nuevos pluses ni reasignación de plazas, además de recortar horas extra, publicidad y viajes al exterior.
-Directriz que prohíbe negociar nuevos contratos de alquiler, excepto por motivos de salud, solo en moneda nacional.
-Directriz para renegociar todas las convenciones colectivas e impedir que se prorroguen de forma automática.
-Decreto sobre limitación de reestructuraciones en institutos de gobierno, solo se permitirá si producirán más eficiencia y siempre que no impliquen nuevos gastos.
-Decreto sobre uso de superávits, para que en 2018 y 2019 las instituciones financien gastos con sus superávits libres.
-Presentación de proyecto de ley para disminuir el pago por el incentivo de prohibición. La idea es reducir el porcentaje que se paga a un 30% (del salario base). Actualmente, se paga del 25% al 65%.
-La ministra de Hacienda entregó al presidente la resolución del Servicio Civil en donde se frena el crecimiento de los puntos del incentivo conocido como carrera profesional.
-Modificación del decreto sobre el incentivo conocido como dedicación exclusiva, para reducir los porcentajes que se pagarán a los nuevos funcionarios. A los bachilleres se les dará un 10% del salario base y a los licenciados a un 25%. Actualmente, los bachilleres reciben un 20% y los licenciados un 55% del salario.
