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El presidente Carlos Alvarado firmó este lunes la Ley de Justicia Restaurativa, pero le pidió al Congreso hacerle los cambios que solicitan el Ministerio Público, el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y varias organizaciones no gubernamentales.
Esas instituciones incluso solicitaron a Alvarado vetar el proyecto de ley. Sin embargo, en una nota dirigida a la Presidencia del Directorio legislativo, el mandatario alegó que optó por sancionar la ley "ante las manifestaciones de buena fe de los diputados y diputadas en pro de reformar la norma" y advirtió de que comparte las preocupaciones que dieron a conocer las instituciones que se opusieron al proyecto.
"Demos una oportunidad al diálogo entre los Poderes de la República para superar los aspectos que deben mejorarse en esta importante legislación y asegurarnos el interés público con la exitosa aplicación de la Justicia Restaurativa", justificó Alvarado, según Casa Presidencial.
Zapote argumentó que la nueva ley promueve la eficiencia en el tratamiento del delito con resultados a corto plazo, e instrumentos y metodologías efectivas que responden a políticas de reinserción social, justicia pronta y cumplida y accesibilidad.
En un video que también distribuyó la Presidencia, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, argumentó que la nueva ley contribuirá a la paz social "mediante un abordaje humanizado que atienda las necesidades de las partes, a través de mecanismos novedosos de justicia restaurativa".
Piza agregó que el modelo promueve la eficiencia en el tratamiento del delito, con resultados en tiempos cortos y con procesos enfocados en restablecer a las víctimas los daños causados por los responsables.
El proyecto permitirá que ciertos ofensores primerizos ejecuten planes restaurativos en vez de recibir condenas de prisión convencionales. Entre las alternativas estarían el trabajo comunal y someterse a terapias, siempre y cuando la víctima del delito esté de acuerdo.
No obstante, la Fiscalía el Inamu y otras entidades advirtieron de que la nueva ley obligará a la víctimas de violencia doméstica a negociar con sus agresores y que distraería recursos de un fondo originalmente destinado a la atención de víctimas para dar tratamiento a los mismos agresores, entre otros aspectos.
Los diputados aceptaron que el proyecto se aprobó con errores en su redacción en varios artículos.
La semana pasada los diputados que integran la Comisión Plena Primera anunciaron que presentarán un nuevo proyecto de ley para reformar la Ley de Justicia Restaurativa.
Los legisladores aceptaron un error en el uso del Fondo de Protección para Víctimas y Testigos del Ministerio Público y pretenden modificar el texto para aclarar que esos recursos solo se pueden usar para víctimas y no para sus agresores, además de atender la preocupación de la fiscala general, Emilia Navas, para impedir que las víctimas de delitos sexuales y de violencia doméstica se sienten a negociar con sus victimarios.
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Piza reiteró que el Gobierno comparte algunos de esos señalamientos y dijo que las dudas fueron remitidas al Congreso "con la atenta solicitud" de que sean tomadas en cuenta.
"A partir del diálogo que conduzca a mejoras de la ley, el Poder Ejecutivo espera una pronta reforma que permita eliminar sus defectos sin poner en riesgo la vigencia de un mecanismo relevante como la Justicia Restaurativa", justificó el Poder Ejecutivo, según se lee en el comunicado.
