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La ley para eliminar las anualidades de 285.000 funcionarios públicos de los próximos dos años fue firmada este miércoles por el presidente de la República, Carlos Alvarado.
Presidencia expuso que esta iniciativa, aprobada el lunes por los diputados, permitirá un ahorro de ¢101.100 millones, equivalente a un 0,28% del producto interno bruto (PIB). De este monto, ¢66.000 millones corresponden al Gobierno Central, y ¢35.100 millones a instituciones autónomas.
Alvarado afirmó que este ahorro “se suma a los ¢400.000 millones que hemos ahorrado este año, los ¢368.000 millones que estamos ahorrando para el presupuesto del próximo año y, además, nos hemos comprometido a sumar a ese ahorro otros ¢150.000 millones”.
“Son sumas muy altas, en que el Gobierno se está zocando la faja, está haciendo ahorros entendiendo que es en un momento en que necesitamos reducir fuertemente el gasto público sin lastimar el Estado social de derecho, pero para proteger al país en un momento de crisis de pandemia, y para protegernos de una crisis económica”, dijo el mandatario.
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El proyecto introduce un transitorio a la ley 2.166, Ley de Salarios de la Administración Pública, que establece la autorización al Estado para que no se les gire a los servidores públicos el “pago por concepto del monto incremental de las anualidades, correspondiente a los periodos 2020-2021 y 2021-2022”.
La eliminación de este plus salarial no significa que no se va a evaluar el desempeño de los empleados públicos, pues lo que resulte de las evaluaciones en el 2021 y 2022 contará para mantener una referencia del rendimiento de las labores, determinar los años de servicio y calcular el pago de cesantía.
Además de Alvarado, en la firma estuvieron presentes la ministra de Planificación Pilar Garrido y el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
Garrido detalló que la ley "no rebaja el salario de las personas servidoras públicas; su espíritu es disminuir el gasto en remuneraciones de los próximos años, contribuyendo a la sostenibilidad de las finanzas públicas y la recuperación del covid-19”.
Por su parte, para Villegas la nueva legislación “significa una señal muy clara, tanto para los mercados nacionales como los mercados internacionales, y para todo el país, de cuál es el camino correcto que tiene que seguir el Gobierno de la República y el Estado costarricense”.
