El presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó este lunes que llegó el momento de regular las tasas de usura en el país.
El mandatario hizo la aseveración minutos después de que la Presidencia confirmara que uno de los cinco proyectos prioritarios, para la reanudación de las sesiones extraordinarias en el Congreso, es el que se discute en la Comisión de Asuntos Hacendarios para ponerles un límite a las tasas de interés que se cobran por los préstamos.
“Ya llegó la hora de que eso sea regulado”, insistió el mandatario esta mañana, luego de supervisar el inicio de las obras de la nueva torre de quirófanos del Hospital México, en San José.
Aunque a finales del pasado mes de noviembre Alvarado indicó que la última versión del texto en discusión aún no llegaba a “un punto de equilibrio”, esta mañana adelantó que, por respeto a la Asamblea Legislativa, él no propondrá cuál debe ser la metodología que se debe de acoger.
“Nosotros, más que decir detalladamente ‘esta es la metodología’, lo que optamos es por que los diputados puedan llegar a ese balance, que es esa metodología de equilibrio”.
“Es algo que debe de construirse en los votos de la democracia propia de la Asamblea. Sí creo que tiene que haber un punto de consenso y sí creo que llegó la hora de regular la materia de usura. Es un tema que tiene ya más de diez años. Ya se han enviado mas de seis proyectos y nunca ha fructificado ninguno. Yo creo que es este momento y es una de las prioridades de inicio de año”, añadió el presidente.
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Sin embargo, Alvarado consideró, como una opción, la propuesta de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de establecer una metodologia que permitiría fijar el tope en un 42%.
“Yo sugerí en algún momento del año pasado que esa era opción para enriquecer el debate y creo que esa opción está en la mesa”, añadió el mandatario.
La metodología de la Superintendencia toma en cuenta el costo de la intermediación financiera, la liquidez, los gastos administrativos promedio de todas las entidades del sistema financiero nacional, un margen de ganancia y el riesgo o pérdida esperados en las operaciones.
La versión actual del proyecto, aprobada vía moción de fondo en el mes de noviembre, establece que las tasas de interés no podrá superar 2,2 veces la tasa de interés activa del sistema finaciero nacional, lo que, en esa fecha, equivalía a 30,2% para préstamos en colones y 15,4% para los financiamientos en dólares.
El Banco Central (BCCR) considera que esos límites son muy bajos y empujarán a los sectores más vulnerables, con menos acceso al créditos formal, al mercado negro.
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La tasa por encima de ese techo se consideraría usura, de acuerdo con el texto, que además propone duplicar la pena cuando la usura se cometa en perjuicio de consumidores y usuarios.
El mandatario afirmó que él considera un proyecto equilibrado aquel que limite las tasas “excesivas”, pero que no excluya “a miles de costarricense del acceso al crédito”.
La propuesta de la Sugef se mueve en un punto intermedio entre el límite aprobado preliminarmente por la mayoría de los diputados de la comisión y la recomendación del BCCR de establecer una tasa máxima que oscilara entre el 51% y el 63%, o bien, el promedio simple de ambas cifras, que es de 57%.
En la actualidad, el artículo 243 del Código Penal establece que la usura será reprimida con prisión de seis meses a dos años o con 20 a 80 días multas, pero no existe en el país una fijación a partir de la cual calificar esa práctica.
El debate del proyecto en la comisión de Hacendarios se encuentra pausado desde inicios de diciembre.
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Los diputados miembros de ese foro decidieron escuchar la opinión del presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero; el superintendente general de Entidades Financieras (Sugef), Bernardo Alfaro; y Víctor Garro, académico de la Escuela de Administración de Pública (EAP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El objetivo de los legisladores es obtener insumos técnicos para definir, en consenso, una metodología que justifique el tope a las tasas de interés que se cobran en los créditos.
Al momento de la pausa, la comisión solo había evacuado 25 de las 63 mociones que recibió el texto, provenientes principalmente de la diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís; de Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN); y de Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano (PRSC).
Vargas considera que, con la redacción actual, el proyecto excluiría a la población vulnerable del acceso a crédito y los enviaría al sector informal que cobra tasas mucho más elevadas.
Avendaño pide desarrollar una metodología con criterios “científicos y rigurosos”, mientras que Solís puja por que sea el BCCR la que fije las tasas de interés a partir de las cuales un crédito se considera como usura.