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El presidente de la República, Carlos Alvarado, reiteró su posición de mantener sin cambios la actual propuesta de reforma al empleo público, que se discute en la Asamblea Legislativa.
Esa versión mantiene incorporadas en la normativa a las universidades públicas y las municipalidades, pese a que algunos diputados del partido de gobierno, Acción Ciudadana (PAC), se oponen a incluir los centros de estudios, en defensa de lo que llaman la “autonomía universitaria”.
“En el marco de la democracia, creo que es válido tener puntos de vista; no obstante, yo creo que el proyecto debe avanzar tal cual está”, insistió el mandatario.
“No podemos tener dos Costa Ricas distintas en materia de empleo. ¿Cómo le explicamos a la persona que no ha terminado sus estudios o la personas que trabajan en el sector privado pulseándola que haya otros sectores que tengan características diferenciadas a la alza.
“Todo tiene que estar en el marco de la Constitución, sí, pero cada vez tenemos que ser un país más igual, ojalá todos a la alza. Esa es la posición que va a defender el Gobierno para una mayor igualdad”, señaló.
“Esto tiene que ver con una mayor igualdad y una mayor justicia, también para quienes pagamos y pagan impuestos; todo lo que se financia en el empleo público, lo financian todos los costarricenses con sus impuestos, entonces tiene que ser lo más eficiente, lo más equilibrado”, indicó.
Alvarado dio estas declaraciones este sábado, luego de inaugurar el puente sobre el río General Viejo en Pérez Zeledón.
El proyecto de Ley Marco de Empleo Público pretende ordenar los salarios en el Estado introduciendo el esquema de salario global, en el que ya no existirían los pluses.
En diversos intentos, los diputados Paola Vega y Welmer Ramos, del PAC; José María Villalta, del Frente Amplio; Aracelly Salas, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y el independiente Dragos Dolanescu intentaron excluir no solo a las universidades, sino también a las municipalidades, el Poder Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, la mayoría de diputados rechazaron decenas de mociones que iban en ese sentido.
El mandatario confía contar con los votos de la fracción oficialista para que la reforma avance, tal como está hasta el día hoy; sin embargo, la bancada de gobierno ha evidenciado un choque entre Vega y Víctor Morales Mora, quien dirige el trámite del proyecto, en torno al plan de empleo público.
Dicho expediente legal, que ordena la forma de contratar y de remunerar a los empleados del Estado, con la creación de ocho columnas salariales, está en la última etapa del trámite parlamentario, donde se le hacen las modificaciones finales de fondo al texto.
Para esa etapa, los congresistas presentaron 476 mociones, que se estarán tramitando en sesiones extraordinarias de la Comisión de Gobierno del Congreso, la próxima semana.
