El presidente de la República, Carlos Alvarado, prometió que el 50% de la nueva propuesta de ajuste fiscal, para negociar un financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se fundamentará en reducción del gasto público.

Así lo afirmó durante una entrevista con La Nación el pasado miércoles, en la cual confirmó que el país sí acudirá a ese organismo multilateral para aliviar su precaria situación financiera.

El mandatario dijo que el nuevo planteamiento de ajuste fiscal contendrá los siguientes componentes:

-1,5% del PIB en reducción del gasto público, equivalente a unos ¢544.500 millones del 2021

-0,8% del PIB por nuevos ingresos, lo que implica creación de impuestos por ¢290.400 millones

-0,7% del PIB por eliminación de exoneraciones que tienen actualmente algunos sectores, así como aportes de empresas públicas, porcentaje equivalente a ¢254.100 millones

Según lo dicho por el mandatario, la mitad del nuevo plan se fundamentará en reducción del gasto, y la otra mitad, entre impuestos y exoneraciones.

En suma, la propuesta esbozada por el mandatario en la entrevista generaría una reducción equivalente al 3% del producto interno bruto (PIB) en el déficit fiscal.

“El balance mayoritario está en ese 1,5 de reducción de gasto, que sería la parte más importante. El otro componente tiene que ver con quitar exoneraciones y aportes de las empresas públicas. Los aportes de las empresas públicas es algo que no toca el bolsillo de los costarricenses, sino que, de lo que producen ellas, ayudar a la solución”, afirmó el presidente.

En cuanto a las exoneraciones, el mandatario dijo que “son cosas que hoy no están tasadas, que alguna gente sí paga y otra no”. Entonces, añadió, “que paguen”.

Entre los nuevos tributos para recaudar ese 0,8% sobre el PIB estaría la introducción del esquema de renta global, enfatizó el mandatario.

La renta global consiste en calcular los impuestos de personas con diversas actividades económicas sobre la totalidad de sus ingresos, en lugar de hacerlo con cada una por separado. Al calcular el tributo sobre un solo monto, el impuesto de renta es mayor.

Este domingo 6 de diciembre, Casa Presidencial anunció la presentación de un proyecto de ley para gravar con un 25% de impuesto los premios de lotería superiores a ¢225.000, lo que constituye otra medida en el aumento de ingresos.

Renta global generaría un 0,16% del PIB, según el mandatario, y el tributo a la lotería un 0,12%. Entre esas dos reformas, se generaría un 0,28% del 0,80% del PIB que la Administración busca generar con nuevos ingresos.

El Ejecutivo aún debe anunciar de dónde saldría el 0,52% del PIB en nuevos ingresos; cifra que equivale a unos ¢189.000 millones con el PIB del 2021.

Según el mandatario, el Ejecutivo llevará el nuevo planteamiento de ajuste fiscal a la Asamblea Legislativa durante el mes de diciembre.

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Intento fallido

La primera iniciativa de ajuste fiscal para tocar la puerta del FMI la presentó el Gobierno en setiembre.

Sin embargo, fue rechazada por la mayoría de sectores, pues se recostaba en impuestos, principalmente.

Ese primer paquete proponía una serie de medidas —unas temporales y otras permanentes— durante cuatro años, entre el 2021 y el 2024.

En montos nominales, el Gobierno iba a pedirles a los contribuyentes ¢6,4 billones en impuestos, y ahorrarse solo ¢2,3 billones en gastos.

O sea, por cada ¢3 adicionales que el Ejecutivo pretendía recaudar en nuevos tributos, iba a economizar ¢1 entre recorte al gasto público y venta de activos del Estado.

Los impuestos que más recursos iban a generar al Gobierno eran dos: uno temporal a las transacciones bancarias (¢3,6 billones en cuatro años) y otro permanente a las propiedades (¢846.000 millones al año).

Sin embargo, el Ejecutivo echó para atrás con la propuesta.

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Soluciones ya existentes

Posteriormente, el Gobierno llamó a los sectores a una serie de mesas de diálogo, para definir medidas que permitieran un recorte permanente del déficit fiscal de ¢887.000 millones, equivalente al 2,5% del PIB.

No obstante, de las mesas de diálogo, se acordaron diez medidas permanentes que, juntas, suman un 2,18% del PIB, equivalente a unos ¢767.000 millones.

La mayoría de esos acuerdos no nacieron en el seno del diálogo multisectorial, sino que algunos ya se encontraban en marcha y están prontos a aprobarse en la Asamblea Legislativa.

La intención del Poder Ejecutivo es detener la trayectoria ascendente de la deuda pública y devolverla a niveles sostenibles.

El crecimiento de la deuda pública se aceleró con la pandemia y Hacienda proyecta que alcance el 80,5% del PIB en el 2021 y llegue a casi el 90% en el 2025.

El objetivo es bajar el tamaño de la deuda al 50% del PIB en el 2034.

Un superávit primario consiste en que los ingresos del Gobierno Central sean superiores a sus gastos, pero sin tomar en cuenta el dinero que se va en el pago de los intereses de la deuda pública.

La proyección es que, para el cierre de este 2020, el desbalance entre ingresos y gastos del Ejecutivo sea de 9,3% del PIB.

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