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El presidente de la República, Carlos Alvarado, rechazó frenar por un mes los proyectos legislativos vinculados al ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que un bloque conformado por la Uccaep, sindicatos del sector público y cooperativas se lo pidieran.
Al finalizar una actividad pública en Casa Presidencial, este jueves, el mandatario aseguró que acceder a esa petición significaría que no haya acuerdo con el FMI, que el país entraría en crisis y se frenaría el desarrollo.
“Algunas organizaciones plantean que paralicemos toda la agenda del Fondo Monetario por un mes. ¡Toda¡! Si nosotros hacemos eso, perdemos la ventana de la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, no hay acuerdo. Acto seguido, hay crisis”.
“¿Se puede hacer eso? ¿Pueden esperar las cosas que son para proteger al país? No. Se puede hablar en el camino, se pueden resolver cosas. Pero lo bueno no puede esperar porque esperar sería irresponsable con un país”, aseveró.
“¿Eso significa que no se habla, no se dialoga? No. Se habla y dialoga, pero no a costas de algo que pone en riesgo a Costa Rica. No a costas de que usen la mentira como herramienta, diciendo que vamos a cerrar instituciones y privatizarlas, que vamos a privatizar el agua y otras cosas”.
“La gente tiene que decidir de qué lado está: si está del lado de la mentira o de la verdad. Si está del lado de la legalidad o de la ilegalidad”, agregó.
“Estamos entre los que usan eso para proteger a grupos específicos que, perdón, no, no son los pobres. No son los pobres a los que están protegiendo. Están protegiendo a quienes tienen recursos, a quienes tienen intereses corporativos. A esos son los que están protegiendo”.
“Y que no son capaces, siendo los que tienen más, de ponerse la mano en el corazón, ver que estamos en una crisis y saber que hay que aportar”.
Al negarse a pausar esa agenda, como lo piden los gremios, el mandatario descartó, una vez más, que el acuerdo incluya el cierre o venta de instituciones como el Instituto Nacional de Seguros (INS) o el Consejo Nacional de la Producción (CNP).
“Ni el ICE ni los bancos porque esas instituciones están en función del Estado social de derecho”, argumentó.
También descartó que el plan incremente el tributo municipal de bienes inmuebles. “El impuesto a casas de lujo no tiene que ver con terrenos o zonas comerciales. No vamos a privatizar el agua”, insistió.
El miércoles, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular, varias cooperativas y colegios profesionales pidieron al mandatario frenar esa agenda por un mes.
Lo hicieron en una carta enviada este miércoles al Ministerio de la Presidencia y a los diputados.
Los firmantes criticaron los proyectos de reforma al empleo público, renta global, cobro de renta a los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas, así como el impuesto a las casas de lujo.
En la misiva, los firmantes aseguran que esos proyectos “carecen de la visión estratégica e integral imprescindible para impulsar el desarrollo económico y social como lo establece la Constitución Política”.
El Gobierno alcanzó en el mes de enero un acuerdo con el FMI para disminuir la deuda pública que al año anterior saltó al 68% del producto interno bruto (PIB) y el déficit fiscal que, en el 2020, subió a un histórico 8,2% de la producción.
Entre medidas de recorte al gasto publica y generación de nuevos ingresos, el plan daría un rendimiento del 3,41% del PIB al año 2023 y de 4,74% al 2025.
A través de esos ajustes, el Gobierno se comprometió a alcanzar un superávit del 1% de la producción en 2023 y bajar la deuda pública al 50% del PIB en 2025.
Entre las iniciativas incluidas en el acuerdo, está reforma al empleo público que eliminaría el sistema de pluses salariales que desequilibra las remuneraciones entre entidades públicas. A esa iniciativa solo le falta un proceso de revisión para que luego pase el plenario, donde sería sometida a discusión del primer debate.
El Gobierno presentó otras iniciativas para recaudar más impuestos que son las de renta global, impuesto a los premios de lotería, eliminación de exoneraciones fiscales, el aporte de hasta el 30% de las utilidades anuales de las empresas públicas, por cuatro años, y una modificación al impuesto a las casas de lujo.
Al cerrar su intervención, Alvarado aseguró que está a merced de quienes quieren atrasar las cosas buenas, como el acuerdo con el Fondo Monetario.
