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Al igual que los diputados, el presidente Carlos Alvarado rechaza la idea de incluir a los funcionarios públicos actuales en la reforma al empleo público.
Como argumento principal, dijo temer que arrecien las demandas laborales de los empleados en contra del Gobierno, si los servidores actuales pasan al esquema de salario global, en el que no existen pluses, aunque respetando sus salarios actuales.
“Como exministro de Trabajo, creo que eso abriría un frente legal sobre los temas de derechos adquiridos, que yo sé que eso está en el ámbito de la discusión, pero no terminaría de resolverse con el proyecto de ley”.
“Eso probablemente se terminaría resolviendo en un litigio. Yo creo que con que un litigio en esa materia fuera favorable, podría convertirse en 350.000 litigios favorables”, alegó Alvarado este martes, en conferencia de prensa.
El proyecto de ley de empleo público que se tramita en el Congreso pretende que los nuevos empleados públicos reciban un salario competitivo por sí solo, sin necesidad de los 260 pluses que hoy disparan el gasto público.
La propuesta, presentada por el Ejecutivo, se aplicaría solo a los futuros servidores estatales.
Pero en opinión del abogado constitucionalista Rubén Hernández, las razones de Casa Presidencial para excluir a unos 325.000 empleados actuales son “una aberración jurídica”.
Hernández sostiene que, según un voto de la Sala IV, el derecho adquirido que tienen los servidores actuales consiste en el respeto al sueldo vigente y la forma de cálculo de las futuras remuneraciones puede ser modificada por el legislador.
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El segundo motivo que citó Alvarado para oponerse es que, según él, tratar de incluir a los funcionarios activos le restaría viabilidad política a la iniciativa.
“Pienso: si yo quiero soluciones viables, podría restarle viabilidad a la tramitación del expediente, y yo quiero que ese expediente sea realidad. Ya de por sí ha tenido muchas complejidades”, dijo el mandatario.
Para el 2021, las remuneraciones demandarán ¢2,8 billones en el Presupuesto Nacional, casi un 55% de los ingresos corrientes (impuestos y otros ingresos como el dinero de las multas).
‘Dispuesto a sacrificar pero no a costa de un daño’
La Nación le preguntó al presidente si está dispuesto a hacer sacrificios y profundizar el recorte del gasto público para tener un Estado más eficiente, en vista de que el ajuste fiscal que se le propondría al Fondo Monetario Internacional (FMI) se recuesta en ponerle más impuestos a los habitantes y las empresas.
El presidente dijo que el peso del ajuste sí se carga en los impuestos en los próximos años pero que, a la larga, la contención del gasto lo compensará para “corregir la trayectoria de la deuda” pública.
Después afirmó que sí está dispuesto a profundizar el recorte al gasto, siempre que no implique sacrificar sus principios ni el Estado Social de Derecho. Dijo que, por ejemplo, no despediría a 50.000 empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Sí estoy dispuesto a sacrificar pero no a costa de profundizar un daño a este país”, afirmó el gobernante.
Y añadió: “Yo lo pondría en dimensión, y creo que es justo. Nosotros hemos nominalizado todos los pluses y no hemos creado uno solo, nosotros no negociamos convenciones colectivas al alza, no creamos ese aparataje, pero hoy tenemos que resolverlo”.
El presidente afirmó que no se cierra a la posibilidad de valorar las alternativas de ajuste fiscal que proponen sectores de la oposición y expertos, siempre y cuando dichas alternativas sean viables y “resuelvan”, en el corto plazo.
Dijo que la reforma del Estado se ejecutaría “a poquitos” si los diputados aprueban el proyecto de ley Pagar, para reducir la deuda pública, los recursos para digitalizar al Ministerio de Hacienda, la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
