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El presidente y diputado del partido Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño, denunció que la campaña presidencial de Fabricio Alvarado se manejó mediante una "estructura paralela" de financiamiento, de cara a la segunda ronda del 1.° de abril.
Según Avendaño, el equipo de Alvarado hizo una serie de gastos que nunca pasó por el tamiz de legalidad y los procesos de control que estableció el Comité Ejecutivo del PRN para el proceso electoral recién concluido.
En conferencia de prensa, agregó que, este lunes, presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y que será este órgano el encargado de realizar una investigación para esclarecer quién formó parte de esa estructura paralela y si Alvarado estuvo directamente involucrado.
"Eso (la estructura paralela) es lo que se está quedando en evidencia y así lo denunciamos ante el Tribunal (...). El TSE tiene que establecer quiénes hicieron las contrataciones, con quiénes se reunieron y con quiénes acordaron montos y todo eso", expresó el jerarca de Restauración Nacional en una conferencia de prensa.
En específico, citó tres casos de gastos por un total de ¢307,5 millones que se realizaron, con fondos externos a los que disponía el partido, donde no medió un contrato, y que ahora, a posteriori, están siendo cobrados.
Al tiempo, advirtió de que más casos saldrán a la luz pública en los próximos días. "Con estas cosas, hasta a mí se me para el pelo", dijo.
"Ustedes me conocen, yo soy tranquilo y todo lo que sea, pero ya cuando estas cosas pasan, me encaramo en cualquier parte. Alisten la libreta, los bolígrafos porque viene más", agregó.
El legislador aludía a la protesta que protagonizó el 18 de marzo del 2005, en su primera gestión como diputado del PRN. En esa ocasión se subió a la parte más alta del Monumento Nacional, en San José, ante el cierre de varias iglesias evangélicas de parte del Ministerio de Salud por contaminación sónica o líos con casas cercanas.
Según explicó Avendaño, nunca existió una relación entre la administración del partido y el comando de campaña: "No hay divorcio con la campaña de Fabricio, porque nunca hemos estado casados".
Según el Código Electoral, se castiga con una pena de dos a seis años de prisión a los miembros del comité ejecutivo, candidatos presidenciales, responsables de campañas o cualquier otro miembro del partido que reciba aportes valiéndose de una estructura paralela para evadir el control partidario.
En tanto, existe una sanción de dos a cuatro años para los que hagan aportes mediante terceras personas, a favor de un partido, sin estar previamente autorizados por el comité.
Este medio buscó una reacción de Fabricio Alvarado, pero no atendió los mensajes ni llamadas hechas a su teléfono celular.
Los tres casos denunciados por el PRN
1. La empresa One Sport Costa Rica, propiedad de Juan Carlos Campos, el jefe de campaña de Fabricio Alvarado, presentó una factura por $300.000 (¢174 millones).
Campos alegó que cobra "honorarios y gastos en que he incurrido en ejecución del contrato verbal que, ante varios testigos, se acordó respecto a la labor de asesoría estratégica y logística, producción de eventos, desarrollo de contenidos, estrategia de comunicación y uso de imagen para la campaña".
Carlos Avendaño aseguró que el cobro se hizo este lunes, pero que no se sabe quién lo contrató ni cuáles eran sus funciones.
En una entrevista con La Nación, a principios de marzo, Campos había negado que su empresa estuviera vendiendo servicios a la campaña, pues sería inconsecuente con los principios de la campaña. También, negó que cobrara un salario.
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2. La empresa Crescendo Mercadeo y Publicidad, del cantante Luis Alonso Naranjo, primo de Fabricio Alvarado, demanda el pago de ¢115,5 millones por la producción de 123 videos, de fotografías, la composición de la canción de campaña, la realización de Facebook lives y el manejo de la agenda de Fabricio Alvarado, entre otras cosas.
Sobre ese caso en particular Avendaño dijo: "Es muy bonito despellejarme a mí de que no queremos pagar, pero es que no podemos pagar. Ese monto yo lo habría estimado demasiado alto. La otra empresa (que trabajó para la primera ronda) nos cobró ¢16 millones por 100 videos. Cualquiera se habría ido por la empresa de menor costo y tal vez habría llegado a ¢20 millones o ¢22 millones".
"No está en ningún registro que se haya pagado esa plata y si lo hubiera dicho habrían dicho que fue amiguismo (...). Yo les digo a los costarricenses que no vamos a pagar con dinero de los costarricenses este tipo de situaciones. 123 videos a ¢115 millones, hágale números y los otros 100 videos nos costaron ¢16 millones".
Naranjo, en cambio, asegura que él entregó una factura y el contrato con su firma a personal de confianza de Avendaño destacado en la oficina de campaña, y que su trabajo fue público y notorio, pero el presidente partidario se negó a firmar.
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3. La empresa Opinión Política C y C también cobró una factura de ¢18 millones por la realización de seis encuestas realizadas por la encuestadora Opol Consultores.
En el documento presentado ante el Tribunal, él afirma sobre este contrato: "El comando de campaña del señor Fabricio Alvarado fue quien negoció el citado contrato (con Opol para los estudios de opinión), entiéndase pactó las condiciones y precio a pagar a espaldas del suscrito (Avendaño) y que a la postre debía firmar el contrato que nunca se negoció por ningún miembro del comité ejecutivo”.
Sobre el contrato con Crescendo, insisten en lo mismo: "Este contrato, al igual que el anterior, nunca fue negociado por los suscritos, nunca se supo del costo del mismo, toda vez que esa contratación se realizó desde el comando de campaña del excandidato Fabricio Alvarado”.
Partido no pagará facturas cobradas
Avendaño fue enfático en que esos contratos no se pagarán porque no se siguió el trámite que establece el TSE. Es decir, en su criterio, nunca existió un contrato, nunca se registraron los estados contables y tampoco se consignó bajo que términos se iban a prestar los servicios.
“Hemos recibido llamadas de abogados con amenazas de hacer un escándalo público si no accedemos a pagar dichos contratos; sin embargo, si los acreedores creen tener derecho al cobro, la vía judicial está abierta para que acudan ante un juez de la República con la prueba que dicen tener, a efecto de que el juez ordene su pago".
"El Partido Restauración Nacional prefiere enfrentar los juicios civiles, en donde saldremos victoriosos, que enfrentar el descrédito, el odio de los electores y la cárcel de nuestros dirigentes por pagar contratos con fechas diferentes, en perjuicio directo de los bolsillos de todos los costarricenses”, agrega la nota entregada al Tribunal electoral.
La carta lleva las firmas de Avendaño, como presidente; Miguel Ángel Quesada Niño, como secretario general; Jéssica Sequeira Muñoz, tesorera, y Odilia Calvo Bolaños, subsecretaria.
