El presidente y la primera secretaria de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides y Laura Guido, recibieron fuertes críticas de diputados de cinco partidos, incluidos los suyos, por no revelarles desde el lunes que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) reabrió la investigación contra el expresidente Luis Guillermo Solís, del PAC, por el caso del cemento chino.

En la sesión del plenario de este jueves, los legisladores achacaron a ambos haber “engavetado” el oficio en el que la Procuraduría General informó al Congreso de la reapertura del expediente.

La polémica surgió a las 12:15 p. m. cuando Roberto Thompson, compañero de fracción de Benavides en Liberación Nacional (PLN), tomó el micrófono para preguntarle al presidente legislativo cuándo les entregaría la comunicación que había recibido de parte de la Procuraduría.

El alajuelense alegó que medios de prensa le pidieron una reacción sobre ese oficio y que la notificación había llegado desde el 13 de enero.

El verdiblanco Benavides respondió, en ese momento, que él había ordenado entregar el documento a las jefaturas de fracción desde el miércoles por la tarde, pero que al parecer no se había hecho.

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“Lo están repartiendo a partir de ahora (mediodía del jueves) y procuraremos tener una copia digital para entregársela a cada uno", alegó el jerarca parlamentario.

Hasta ahí, todo fue cordial. Sin embargo, el debate se encendió cuando la primera secretaria del Directorio, la diputada Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), pidió la palabra para hacer algunas “aclaraciones” sobre el documento.

Laura Guido negó que el oficio fuera una resolución. Dijo que se trataba de una respuesta a las recomendaciones que había hecho la comisión que investigó el primer informe de la PEP, el cual exoneró de faltas al expresidente Luis Guillermo Solís por el caso del cemento.

Además, reveló que ella fue la primera que recibió el documento y que ya conocía su contenido, por lo que podía darle una copia a cualquier otro legislador.

Esta revelación desató una lluvia de críticas no solo contra la diputada del PAC, sino también contra el presidente legislativo.

Roberto Thompson calificó de preocupante que el informe no hubiese sido entregado cumplido el cuarto día, desde que llegó, y que él haya tenido que solicitarlo.

Aunque el documento no es una resolución que pueda ser objeto de impugnación, los diputados manifestaron su preocupación de que expirara el plazo para tomar acciones, como ocurrió con el primer informe en el 2018.

Karine Niño: ‘Estamos molestos porque usted sí leyó la resolución’

La verdiblanca Karine Niño le dijo a Benavides, fuera de micrófonos, que suspendiera la discusión del proyecto de ley para frenar los abusos de las huelgas.

“¿Cómo que suspenda la discusión? ¿Cómo que suspenda la discusión?”, dijo Benavides.

Cuando le encendieron el micrófono, la diputada Niño le dijo al jerarca legislativo: “Para yo también escucharme y no solo usted, el único que se escucha. Aquí hay varios diputados que estamos molestos porque usted mismo acaba de decir que sí leyo la resolución. Entonces, por lo menos que se escuche esta molestia”.

Benavides respondió que ella no había escuchado bien, porque adujo que él no sugería que no se discutiera el tema, sino que se terminara primero la votación en segundo debate del proyecto sobre huelgas.

“No, yo sí escuché bien”, espetó Niño.

Los ataques a Benavides y a Guido llegaron, uno por uno, de varias bancadas, porque el presidente del Congreso tuvo que aceptar que se le hicieran los reclamos de una vez.

Primero, José María Villalta, del Frente Amplio, se sumó a la petición de Roberto Thompson y manifestó su descontento por la forma en que se manejó la comunicación de la Procuraduría.

“Somos todos diputados con los mismos derechos. La dirección del debate no da derecho a nadie por encima de los demás diputados", criticó. Recordó que por un manejo irregular de un informe, se realizó toda una investigación durante la presidencia legislativa de Carolina Hidalgo, del PAC.

Villalta sugirió que ya el PAC había tenido tiempo de estudiar el informe, “analizarlo, masticarlo, consultarlo con sus asesores” y añadió que es “un trato desigual con los demás legisladores”.

En ese momento, Benavides adujo que era Guido quien había recibido, primero, la notificación de la Procuraduría.

Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República, tildó la situación de impropia y preocupante, y le pidió a Benavides determinar quién había incumplido su orden de repartir el documento de la Procuraduría.

“Alguien incumplió su orden y le pido que siente responsabilidades”, apuntó.

Laura Guido negó que ella hubiese compartido el documento con la fracción del PAC. “Lo he tenido guardado hasta que la presidencia ordenara que se repartiera”, dijo.

Tanto Paola Vega como Luis Ramón Carranza, del PAC, negaron que conocieran del informe.

Paola Vega agradeció a Thompson que trajera a colación el tema y cuestionó que no se haya informado del documento, además de que aseguró que no se les debía entregar a cada jefe, sino en cada curul.

El diputado y secretario general del PLN, Gustavo Viales, pidió que para futuros documentos, solo se tiene que notificar y “no hacer juicios de valor sobre el contenido”, por lo que criticó lo dicho por Guido como “un intento por suavizar la discusión”.

“El año pasado nos vimos en una situación parecida. Un documento que no se entrega. Es un documento con información delicada y el pueblo espera una respuesta. Estoy de acuerdo con el diputado Viales en que debe aclararse el mecanismo de comunicación", dijo la independiente Ivonne Acuña.

Benavides reconoció error

En ese momento, la liberacionista Franggi Nicolás se sumó a la molestia y dijo: “Estamos repitiendo exactamente lo mismo que nos ocurrió con este mismo caso”.

“Es difícil explicarles a los costarricenses que no hay mano peluda y si el compañero Thompson no lo trae a colación, se nos va el tiempo para apelar. Ojalá nos dé tiempo, pero si no nos da tiempo de responder, presidente y primera secretaria, los principales responsables dons ustedes dos”, dijo.

Sin embargo, en este caso, no se trata de un documento apelable.

Nicolás se refería a cuando, al principio de la presidencia legislativa de Carolina Hidalgo, se supo -tres semanas después de iniciar labores- que había llegado la resolución de la PEP que eximía a Luis Guillermo Solís y ese atraso les impidió apelar la resolución.

Carlos Ricardo Benavides dijo que él había anunciado la llegada de un informe de la Procuraduría el martes, pero en realidad lo dijo el miércoles, según consta en el acta de la sesión ordinaria del plenario.

El jerarca legislativo reconoció que se trataba de un “error importante" y asumió la responsabilidad, pero le dijo a Nicolás que ella “no estaba diciendo la verdad”, en el sentido de que “no es lo mismo" que pasó con el informe que nunca fue revelado a tiempo y que generó toda una investigación parlamentaria.

También, hizo reclamos Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano, quien presidía la comisión que investigó la notificación fallida del informe sobre Luis Guillermo Solís.

El socialcristiano Pedro Muñoz, enojado porque Laura Guido dijo que conocía del contenido del documento, aseguró que por razones como esa “les dije el 1.º de mayo que no votáramos por nadie del PAC para el Directorio”.

Finalmente, para cuando terminó el zafarrancho contra Guido y Benavides, prácticamente todos los diputados tenían el documento de más de 100 páginas.