EscucharLa Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales lamentó la lentitud del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para aprovechar los $2,7 millones, ¢369 millones, 7 vehículos y 3 fincas que han decomisado desde 2018 a personas que no pudieron probar el origen lícito de estos recursos.
Estas incautaciones se realizaron con base en la figura de capitales emergentes, establecida en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. El dinero y las propiedades deben ser entregados al ICD.
El Instituto puede decidir si conserva los bienes, los dona a entidades de interés público, prioritariamente a organismos cuyo fin sea la represión del crimen organizado, o bien, los remata o los subasta.
Sin embargo, el fiscal coordinador de la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, Ólger Calvo, explicó a La Nación que las estrictas regulaciones a las cuales está sometido el ICD hacen que el proceso de disposición de los bienes se torne muy lento.
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“No es bueno que los muebles e inmuebles, vehículos de alta gama y propiedades que se van incautando, estén ahí deteriorándose o, incluso, siendo objeto de precarismo o abandono. Esperaríamos que el ICD haga alguna propuesta legislativa para agilizar el aprovechamiento de los recursos y los bienes que son incautados por esta figura”, expuso Calvo.
El fiscal agregó que, en algunas ocasiones, el Instituto ha perdido su capacidad de recibir los bienes que el Ministerio Público decomisa, lo cual, desde luego, entorpece las labores de persecución del enriquecimiento ilícito.
Según el artículo 36 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, el dinero y valores decomisados, o el producto de los bienes invertidos, subastados o rematados, debe ser distribuido en cinco destinos:
- Un 20% al ICD para gastos de aseguramiento, almacenamiento, seguimiento y mantenimiento de los bienes decomisados.
- Un 10% al Poder Judicial para el mantenimiento y la actualización del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC).
- Un 10% al Ministerio Público para la Oficina de Atención a la Víctima de Delito y el combate del crimen organizado.
- Un 50% al OIJ, para la atención, el mantenimiento y actualización de la Plataforma de Inteligencia Policial (PIP), así como para la investigación de delitos y la protección de personas.
- Un 10% al Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, para cubrir las necesidades de los cuerpos policiales que lo integren.
En caso de que el ICD aproveche eficazmente los bienes incautados por la Fiscalía, estos fortalecerían instituciones de seguridad ciudadana y el propio combate contra el crimen organizado.
“La idea es que el instituto tenga versatilidad para que pueda vender con más facilidad y podamos no tener limitaciones para incautar todos los bienes”, aseveró el fiscal Calvo.
El director del ICD, Fernando Ramírez, explicó a La Nación que el Instituto se encuentra maniatado para vender los bienes decomisados, debido a que el artículo 20 de la Ley de Delincuencia Organizada establece que los bienes decomisados bajo el proceso de capitales emergentes deben ser congelados registralmente hasta que se resuelva la causa judicial.
Por ese motivo, Ramírez señaló que es necesario que los diputados de la Asamblea Legislativa impulsen el proyecto de ley 22.834, presentado en diciembre de 2021, que permitiría que el ICD disponga de los muebles e inmuebles. Calvo coincidió con él.
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Figura de capitales emergentes se infrautilizó por casi 10 años
Pese a que la figura de capitales emergentes para el decomiso de patrimonios de origen ilícito se creó en 2009, fue casi diez años después, en 2018, cuando se empezó a utilizar realmente, según explicó el fiscal Calvo. “Estuvo casi 10 años prácticamente inactiva”, dijo.
En los últimos cinco años, la Fiscalía contra Legitimación de Capitales ha tramitado 308 expedientes, con una efectividad de entre 90% y 95% de las sentencias en favor del Estado. Esto llevó a los $2,7 millones, ¢369 millones, siete vehículos y tres fincas decomisadas hasta ahora.
Calvo señaló que actualmente están en trámite 132 procesos, los cuales implicarían que pasen al dominio del ICD $9 millones, ¢518 millones, 17 vehículos y 16 fincas.
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¿Qué tiene de ‘especial’ la figura de capitales emergentes?
El fiscal Olger Calvo explicó que la figura de capitales emergentes no tiene como objetivo sentencias de prisión, porque no se trata de un proceso penal. El fin último de este procedimiento es despojar a las personas del patrimonio que hayan obtenido producto de actividades delictivas.
“Antes no se lograba nada con sentencias condenatorias, incluso con penas de prisión, porque en realidad las fortunas ilícitamente obtenidas las conservaba a través de testaferros, sociedades, paraísos fiscales, entre otros”, detalló el entrevistado.
De esta problemática surgió la necesidad de perseguir a los delincuentes paralelamente con el proceso penal. Es decir, el procedimiento de decomiso mediante capitales emergentes se puede realizar al mismo tiempo y de forma paralela con una acusación que busque una pena de cárcel.
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“Es una acción de decomiso sin condena, que popularmente se le conoce como extinción de dominio en muchos países de América Latina. Lo que pretende es que, indistintamente de una pena de prisión, los bienes pasen a manos del Estado”, ratificó el fiscal.
Esta particularidad da ciertas herramientas que impulsan un procedimiento más rápido. Por ejemplo, una vez que se dicta sentencia, el Estado puede tomar control sobre el bien pese a que la persona esté en fuga, rebelde, fallecida o que, por el motivo que sea, no se pueda llevar a cabo la causa penal.
La figura de capitales emergentes permite incluso actuar contra testaferros, es decir, terceras personas que no figuran en el proceso pnal, pero que prestaron su nombre para poseer un bien obtenido ilícitamente.
“La idea fundamental es perseguir los bienes sin importar quién los tenga, siempre y cuando exista una duda razonada, una sospecha fundada, sobre el origen lícito de los bienes”, detalló Calvo.
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