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Uno de los sospechosos de conformar una banda dedicada al tráfico internacional de cocaína líquida reveló, en una conversación intervenida por las autoridades judiciales, su intención de hacer pagos hasta por $18.000 a un funcionario para ocultar la presencia de una naciente en una propiedad donde pretendían realizar obras.
Se trata de una conversación sostenida entre Olman Guillermo Fonseca Vargas y un tercero, identificado solo como Gerardo (quien no aparece entre los investigados), en la que hacen referencia a pagos que debían hacer para “disimular” la existencia de una fuente de agua y, de esa forma, obviar los impedimentos legales para construir.
De acuerdo con el expediente judicial del denominado Caso Corona, Fonseca Vargas, un costarricense de 59 años, tenía la tarea dentro de la organización de “convertir y encubrir dinero procedente del narcotráfico”, mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, negocios, construcción de edificios, compra de vehículos de alto valor.
También se le señala como responsable de transacciones bancarias irregulares realizadas para darle apariencia legítima al dinero proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes y que, a la vez, colaboraba para inyectar liquidez a la banda.
Según el informe policial, Fonseca Vargas sostuvo un intercambio telefónico el 27 de julio del 2023 con el mencionado Gerardo sobre una serie de situaciones que implicaban pagos; uno de ellos referido a un uso de suelo que, según el primero, “no servía para un carajo”.
La escucha reveló que los dos sujetos hacían referencia a la posible construcción de una torre de apartamentos para una persona, sin ahondar en detalles de ubicación, pero que tendrían problemas porque eventualmente se enfrentarían a una unidad llena de funcionarios y no solo a una persona.
En la conversación, Gerardo aseguró a su interlocutor que conversó con una tercera persona, a quien se refiere solamente como Miguel. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identifica a este sujeto como un funcionario que habría comentado sobre la existencia de un fuente de agua en la propiedad donde pensaban desarrollar una obra.
Según el expediente, el sujeto identificado como Miguel le presentó una serie de detalles a Gerardo “sobre los pagos que se deben realizar para “disimular la naciente”. Según lo escuchado por la Policía Judicial, se trataba de un giro inicial de $2.000 para “hacer el trabajo” de ocultar la existencia de dicha fuente de agua.
Gerardo explicó que el siguiente paso era entrar a trabajar y luego dar $11.000 adicionales al funcionario, “para estar echando por aquí y por allá, que debe estar haciendo movimientos”, es decir, por cada uno de los trámites por realizar.
Adicionalmente, comentó que el individuo llamado Miguel entregaría un documento por la Dirección de Aguas, “debidamente firmado en físico”, a cambio de $1.000 adicionales, “dando y dando”. Entonces, Fonseca Vargas consultó qué iba a decir ese oficio y el otro hombre dijo que sería una certificación de que “no hay nacientes ni pozos ni nada que afecte la propiedad”.
El sospechoso consultó si podría existir un riesgo de que no les entreguen el documento, a lo que su interlocutor respondió que el supuesto funcionario le confirmó que “nunca ha pasado” y que, en el peor de los casos, podría lograr que la afectación por la naciente no sea de 100 metros, sino de 50 metros. “Pero eso no va a pasar”, sostuvo.
Finalmente, luego de que Gerardo expuso todo el esquema de pagos y puntualizó que el supuesto funcionario solo estaba esperando que le avisaran, Fonseca Vargas le sugirió hacer una oferta de $18.000 por todo el trabajo.
“¿Conoce alguien en la municipalidad?”
Las escuchas telefónicas del caso Corona también revelaron que miembros de la organización hablaron de montar personas en las alcaldías de Santa Ana y Pérez Zeledón; y que evaluaron ofrecer el servicio de alquiler de predios para guardar allí contenedores antes de que pasaran por los escáneres encargados a Radiográfica Costarricense (Racsa).
El pasado 14 de noviembre, el OIJ detuvo a doce sospechosos de integrar una banda que producía cocaína líquida para exportarla mediante refrescos a Europa y Asia. Al grupo se le confiscaron 26 vehículos de alta gama y 39 propiedades con un valor total de ¢6.000 millones, entre ellas un laboratorio donde procesaban la cocaían y una fábrica de gaseosas.
A Fonseca Vargas se le dictaron seis meses de arresto domiciliario, con brazalete electrónico e impedimento de salida del país. A otros siete sospechosos se les impusieron siete meses de prisión preventiva, otros dos fueron liberados con medidas cauteleres y los restantes dos quedaron en libertad sin ninguna medida.
Según conversación intervenida del pasado 27 de julio, Fonseca Vargas también pidió a Gerardo preguntarle al supuesto funcionario si conocía a alguna persona en la municipalidad porque, según dijo, tienen una propiedad en San Francisco de Heredia (distrito del cantón Central de Heredia) donde “hacer un proyecto”.
“Si no conoce alguien ahí que le pueda colaborar con cierta cantidad de ‘pajas’ que tienen, pero aportándole a la municipalidad para obras para la comunidad, que son como 250 ‘pajas’, que le diga que son gente seria”, dice Fonseca en la llamada intervenida.
De acuerdo con la interpretación del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC), la conversación podría estar revelando un presunto delito de cohecho, por parte de la organización criminal y un supuesto funcionario público.
No obstante, las autoridades judiciales concluyeron que faltan elementos para identificar a ese supuesto funcionario y poder establecer el eventual delito de cohecho, por el posible soborno.
“Lo que sí está claro es su intención de sobornar o pagar a este sujeto para que se encargue de que todos los permisos salieran bien, para continuar con la ejecución del proyecto”, señala el expediente judicial.
