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El fiscal general a. i., Warner Molina, solicitó, entre marzo y abril de este año, toda la información relacionada con el consumo de gasolina y los salarios devengados por la entonces diputada Ivonne Acuña, en la investigación sobre incumplimiento de deberes y presunto enriquecimiento ilícito contra ella.
El caso se refiere a lo denunciado por La Nación y varios medios de comunicación, desde principios de año, relacionado con las ausencias de la excongresista a sus labores, gracias a una justificación escrita sin aportar certificados médicos y apenas con la frase “ausencia por motivos de salud”.
Esas ausencias se acompañaron de viajes fuera del país, específicamente a Estados Unidos, donde estuvo Acuña de forma permanente desde diciembre y hasta que terminó su periodo como legisladora, país donde hasta la fecha se encuentra.
Las autoridades judiciales solicitaron todos los detalles relacionados con el consumo de combustible de parte de Acuña, con dinero de la Asamblea Legislativa, debido a la presencia de consumos de hasta ¢3 millones en un día, y el uso de su tarjeta después de que ella salió del país.
Por ese asunto, la Fiscalía General abrió la investigación número 22-000015-0033-PE en contra de Acuña Cabrera.
En nota del 16 de marzo del 2022, dirigida a Antonio Ayales, directivo ejecutivo del Congreso, el fiscal general pidió todos los detalles sobre consumo de combustible desde junio del 2021 hasta ese momento.
Ese mismo día, pidió a Rodney López, director a. í. del Departamento Financiero de la Asamblea, una copia certificada de las justificaciones de ausencias de Ivonne Acuña, tanto a plenario como a comisiones, presentadas desde junio del 2021.
La Fiscalía General pidió conocer en ese momento cuándo se habían justificado las ausencias, si se habían acompañado de un certificado o comprobante médico, quién había autorizado dicha justificación y si tenían el visto bueno de la presidencia legislativa.
Adicionalmente se solicitaba el reporte más actualizado de la asistencia de Acuña a las sesiones del plenario y las comisiones legislativas entre junio del 2021 y marzo del 2022, así como las dietas que se le habían rebajado conforme a sus ausencias.
Tal como lo determina el Reglamento de la Asamblea Legislativa, quien ejerce la presidencia legislativa autoriza o no las ausencias justificadas a la sesiones del plenario y de las jefaturas de fracción, cuando corresponda. En el caso de las ausencias a las sesiones de las comisiones, las debe autorizar la presidencia del órgano respectivo.
Esas justificaciones siempre llevan la firma o autorización de la jefatura de la fracción a la que pertenezca el congresista de quien se trate. No obstante, en el caso de Acuña, por ser una diputada independiente, era ella quien tramitaba directamente las solicitudes a las respectivas presidencias.
Al departamento Financiero también se le solicitó, el 16 de marzo del 2022, indicar si Acuña había hecho, hasta ese momento, alguna devolución por el combustible consumido, el cual recibía como ayuda técnica del Congreso para realizar sus labores.
En un nuevo oficio, enviado a finales de marzo, la Fiscalía pidió una certificación detallada del uso de la tarjeta de combustible que se le había asignado a Acuña, con los reportes entre junio del 2021 y marzo, específicamente con datos sobre fechas, establecimientos, números de operación y montos utilizados.
Finalmente, según la documentación facilitada a La Nación por la administración de la Asamblea, consta una carta en que el fiscal general pidió a Ayales una copia certificada de los oficios relacionados con la renuncia a los beneficios asignados como congresista e indicar si se emitió un criterio de parte del Congreso respecto a las consecuencias de la renuncia a los beneficios de una persona diputada.
Una vez que se informó sobre sus ausencias y el consumo de gasolina, y dos días antes de que se conociera que estaba bajo investigación, Ivonne Acuña había informado públicamente que devolvería los activos como teléfono celular, tarjeta de combustible y placas, pero no renunciaría al cargo.
También, aseguró que devolvería el salario que había recibido por el mes no laborado de febrero, cuando finalmente se le negaron los permisos de ausencia, cuando ya la prensa publicó la ausencia de certificados médicos.
En consecuencia, la administración de la Asamblea había determinado que la entonces legisladora debía devolver ¢6,1 millones, la mitad por salario y la otra mitad por gasolina.
Para finales del periodo legislativo, el 28 de abril, Acuña solamente había devuelto ¢700.000 y se negaba a devolver ¢5,4 millones. Para este artículo, se contactó a la exlegisladora, a través de Whatsapp; sin embargo, respondió que, como el tema “aún se está ventilando en los tribunales” y está en manos de sus abogados, no se referiría al asunto.
