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José Daniel Cruz Porras, el empresario ramonense de 52 años detenido por el caso Diamante, cultivó una estrecha relación personal y comercial con varios alcaldes y municipalidades del país, principalmente en los últimos cinco años.
Durante ese lustro, suscribió 74 contratos con ayuntamientos por un total de ¢1.852 millones, principalmente para la venta y reparación de maquinaria pesada de origen chino, aunque también para comercializar explosivos y ofrecer servicios de voladura y demolición de rocas.
Estas contrataciones las obtuvo a través de la empresa Explotec, la cual fue allanada el pasado 15 de noviembre en la operación judicial del caso Diamante, en la que las autoridades investigan presuntos actos de corrupción en la adjudicación de obras viales cantonales.
Al mismo tiempo, Daniel Cruz utilizó dos sociedades anónimas hermanas de Explotec para ganar contratos con municipalidades: MTS Multiservicios de Costa Rica y Gruatec de Centroamérica. Algunas contratos los ganaron aliándose en un consorcio.
Cruz figura como representante legal o miembro de la junta directiva de esas compañías, según pudo constatar La Nación en el Registro Nacional y en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Su vínculo con esas empresas también aparece mencionado en el expediente del caso Diamante, donde consta la transcripción de varias llamadas telefónicas entre Cruz y los alcaldes Johnny Araya Monge y Nixon Ureña Guillén, de San José y San Ramón, respectivamente.
Según el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el empresario tiene una estrecha relación con estos dos políticos del Partido Liberación Nacional (PLN).
Por ejemplo, en el caso de Araya, el OIJ registró 68 comunicaciones telefónicas entre al alcalde y el empresario entre el 1.° de enero y el 20 de abril pasado. En ese lapso de 109 días, hubo una comunicación entre ellos, al menos, de día de por medio.
Además, los ayuntamientos de San José y San Ramón son los principales contratantes de las empresas de Cruz a nivel municipal.
Entre enero del 2017 y julio de este 2021, esas dos municipalidades le pagaron el 46,5% de los ¢1.852 millones adjudicados, de acuerdo con un análisis de este diario con datos del Sicop y de la Contraloría General de la República (CGR).
El gobierno local de San Ramón aparece en primer lugar, con un total de 29 contratos por ¢507,7 millones, mientras que San José es segundo, con ocho contratos por ¢353,4 millones.
Los 37 contratos restantes, por ¢990,9 millones, corresponden a otras 14 municipalidades, como Nandayure, Guácimo y Osa. El alcalde del último de esos tres municipios, el verdiblanco Alberto Cole, también figura, junto con Johnny Araya, entre los detenidos por el caso Diamante.
Casi la totalidad de las 74 contrataciones con ayuntamientos fueron adjudicadas mediante el mecanismo de contratación directa –en el cual no media un concurso–, o bien mediante licitaciones abreviadas.
En el sitio web de Explotec se indica que la compañía es experta en “explosivos, aceros, expansivos, fragmentación de roca, voladuras, deflagrantes, maquinaria de perforación, asesoría, trámites, servicios y más”.
Añade que opera en Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador, donde ha participado en proyectos hidroeléctricos y mineros, así como en obras en canteras y perforaciones.
Delitos imputados
En específico, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sospecha que Daniel Cruz habría hecho pagos irregulares o dádivas al alcalde josefino, Johnny Araya, para beneficiarse con las adjudicaciones de contratos en esa municipalidad.
Bajo esa hipótesis, la Fiscalía le solicitó al Juzgado Penal de Hacienda levantar el secreto bancario tanto a Cruz como a Araya, así como a las cuentas de la firma MTS Multiservicios de Costa Rica, que es la sociedad anónima que más usó el empresario ramonense en sus vínculos comerciales con la Municipalidad de San José.
El Ministerio Público sustenta su denuncia en una serie de llamadas telefónicas intervenidas, en las que, según las transcripciones que aparecen en el expediente N.° 20-009616-0042-PE, consta la estrecha relación entre Daniel Cruz; el alcalde Johnny Araya; la hija de este, Gabriela Araya Morera, y los hermanos del alcalde, Luis Carlos y Rolando Araya Monge (quien es candidato presidencial por el Partido Costa Rica Justa).
En la transcripción de esas conversaciones aparece que Cruz le prestó $15.000 a Rolando Araya; además, que le ofreció ¢1 millón a Johnny Araya durante la precampaña del PLN, y que se habría asociado con Johnny y Luis Carlos Araya Monge en una empresa de seguridad aeroportuaria denominada Air Cruises Services International (ACSI).
En las llamadas telefónicas intervenidas aparecen varias conversaciones en las que Johnny Araya y Daniel Cruz acuerdan que aportarían $90.000 –$45.000 cada uno– para adquirir el 50% de las acciones de esa compañía, la cual ya pertenecía a Luis Carlos Araya y a otra persona de nombre Juan Carlos.
También, se consigna que las acciones de Johnny Araya estarían a nombre de su hija, Gabriela Araya, quien se reunió con Daniel Cruz en el restaurante Furca, en Rohrmoser, para finiquitar las condiciones del acuerdo, a principios de mayo pasado.
Ante el Registro Nacional, ella aparece, desde julio, como vicepresidenta de ACSI, mientras que su tío, Luis Carlos Araya, está como tesorero y el primo de Daniel Cruz, de apellidos Montero Cruz, como secretario.
Además, el expediente menciona que Johnny Araya intercedió ante el alcalde de Tegucipalga y actual candidato presidencial en Honduras, Nasry Asfura, para que el Ministerio de Defensa de ese país aprobara un permiso en favor del empresario ramonense y su empresa Explotec.
De igual forma, Rolando Araya, hermano del alcalde de San José, es socio de Daniel Cruz Porras en una empresa que intenta venderle un lote a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sobre la tesis del Ministerio Público, Juan Marcos Rivero, abogado de Cruz, aseguró que no existieron pagos irregulares, que en el expediente tampoco existe ninguna prueba al respecto y que todo se basa en “conversaciones entre ciertas personas, que son de carácter nebuloso”.
“No encontramos realmente que lo que imputa el Ministerio Público se haya dado ni por asomo (...). Nosotros consideramos que no hay ni siquiera una relación causal. Aquí, el punto central que debe estarse investigando por un lado es si, efectivamente, se dio una dádiva y, segundo, si esa dádiva tuvo alguna relación causal con el otorgamiento de una licitación; ninguna de las dos cosas se da.
“Ni la tal dádiva existe ni tampoco hay un favorecimiento de alguna de las empresas que están relacionadas, según el Ministerio Público, con los hechos”, afirmó Rivero.
El jurista manifestó que no hay nada malo en que Johnny fuera socio de Cruz Porras, pero que a él eso tampoco le consta, al leer el expediente: “Tratar de deducir que ahí hubo un ilícito o algo por el estilo, lo veo muy aventurado (...). En un país tan pequeño como Costa Rica, donde todo el mundo es amigo de, conocido de, son situaciones muy complejas.
“La pregunta es una y muy simple: ¿hay algo que impida que una persona tenga una empresa privada a pesar de que sea un funcionario público? Yo estoy totalmente claro en esto, lo que no podría hacer es que esa empresa participe en licitaciones relacionadas con la Administración Pública, sobre todo, en aquella que usted ejerce, pero si eso no se da, estamos en otro escenario totalmente distinto”.
Mientras, el abogado de Johnny Araya, Federico Campos, negó que el alcalde capitalino haya recibido dádiva alguna y que tenga participación en la compañía ACSI.
“Se niega rotundamente la recepción de dádiva alguna para favorecer a Explotec o a Daniel Cruz con licitaciones municipales. Don Johnny (Araya) no ha recibido ningún dinero para ninguna campaña suya de parte del señor Cruz. Y en relación con la hija de don Johnny Araya, ella es socia directa de ACSI y nunca ha adquirido acciones de esa sociedad en nombre de don Johnny Araya”, manifestó Campos.
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Denuncia anónima y estudio de grafoscopía
En el expediente del caso Diamante se menciona una información confidencial que recibió el OIJ, según la cual, supuestamente, Daniel Cruz Porras alteraba la documentación y el equipo pesado que vendía para poder cumplir con los requisitos fijados en los concursos de contratación en los que participaba.
En esa denuncia anónima, se adjuntó un estudio de grafoscopía que, aparentemente, comprueba la alteración de algunos documentos.
“Se nos indicó que parte de la maquinaria es vendida o rentada a la administración con sobreprecios, y se presume que no solo la documentación es alterada, sino que el equipo en sí sufre una serie de alteraciones que, aunque sean visibles, no se pueden confirmar, pues la casa comercial en Costa Rica es la misma empresa MTS y la casa matriz se localiza en China, lo que limita la posibilidad de tener una referencia verídica o un rango de comparación”, se consigna en un informe del OIJ, incluido en expediente del caso Diamante.
En ese documento también se cita que las firmas de Cruz Porras venden maquinaria de las marcas chinas Sinotruk, Masalta y XCMG.
Sobre este particular, el abogado de Cruz, Juan Marcos Rivero, insistió en que el Ministerio Público no ha podido comprobar esos hechos y que prueba de ello es que no imputó a su defendido por ello.
“Para empezar, ni siquiera se le ha atribuido nada al respecto, empezando por ahí. Si no le han atribuido nada al respecto, mi interpretación es que, si el mismo órgano fiscal no considera que haya algo hasta el momento (por lo cual imputarlo), evidencia, por su propio peso, que no hay nada”, dijo Rivero.
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Decomiso de celular
La Fiscalía anticorrupción también investiga a Cruz Porras por un supuesto intercambio de favores con el alcalde de San Ramón, Nixon Ureña, a quien le decomisó el teléfono celular, debido a un reporte del juez a cargo de las intervenciones telefónicas en la Operación Diamante.
El juez advirtió de “unos hechos que acontecieron entre Cruz Porras y el alcalde de San Ramón, Nixon Ureña Guillén, dentro de las cuales Daniel Cruz le ofreció una serie de beneficios para la campaña política de Liberación Nacional (PLN), a cambio de otorgarle un permiso de funcionamiento de su hermana”.
El reporte cita que el gobernante local “le facilitó el tema de las patentes a Cruz, por el grado de afinidad que mantienen ambos y porque las oficinas de este empresario se encuentran ubicadas en la localidad de San Ramón”.
Al respecto, Rivero aseguró que se trata de un “error” y que así lo demostrará en los Tribunales. “Esa imputación parte de un error muy claro; se puede demostrar absolutamente con certeza que nunca hubo ninguna empresa de don Daniel, persona relacionada con don Daniel, que resultara beneficiaria en ese sentido. Nosotros creemos que es un error y lo vamos a aclarar, simple y llanamente. No nos preocupa en la menor medida”.
Colaboró con esta información la periodista Vanessa Loaiza.
