Las cifras son alarmantes. No se trata de cientos de casos, sino de cientos de miles. Solo en el 2023, el PANI debió atender la impresionante cifra de 137.000 niños y adolescentes. Ese número equivale a un 11% de la población menor de edad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a esos casos se suman los de años anteriores.

El Patronato atendió 706.0000 casos por vulneración de derechos a menores entre el 2016 y el 2023. Para dimensionar la gravedad del asunto, basta decir que la cifra es mucho mayor a la cantidad de denuncias que recibió el Poder Judicial en el mismo periodo por asaltos, homicidios, hurtos, robos y tachas de vehículos: 417.000.

En el 2023, el PANI recibió una denuncia cada 4,2 minutos, 14 por hora, 340 por día.

Por cada niño, hay un expediente, pero el destino de los menores es incierto. Algunos solo reciben seguimiento, mientras que los casos más trágicos terminan con la institucionalización del menor, ya sea en albergues, casas de familiares u hogares de familias voluntarias.

Actualmente, el número de menores puestos bajo custodia de un tercero supera el total de la población carcelaria del país. Según el PANI, al cierre del 2023, había 16.218 niños y adolescentes en las diferentes alternativas de protección, mientras que la cantidad de reclusos era de 15.635, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz.

En este drama social influye el abandono desde la temprana infancia, con la ausencia del progenitor. En Costa Rica, el 51% de los niños llega al mundo sin que se registre el padre al momento de nacer.

Es hasta que el Registro Civil interviene, con base en la Ley de Paternidad Responsable, que un buen porcentaje obtiene el reconocimiento del padre. Aun así, cerca de un 8% queda sin padre en el registro, según el dato más reciente, el del 2022.

Sin embargo, eso no significa que los hombres vayan a atender las necesidades de los menores, como lo advirtió Luis Antonio Bolaños, director del Registro Civil.

“Si usted quiere ser responsable, se hace responsable desde un primer momento. El tema de la ley y la responsabilidad que hay detrás de una paternidad, yo nunca las asociaría. Es mentira que la ley tiene que obligar a la gente a ser responsable. La ley sirve para consignar papás en las inscripciones, no para hacerlos responsables”, declaró Bolaños.

Precisamente, cientos de miles de madres se ven obligadas a exigir una pensión alimentaria para la manutención de sus hijos debido al desentendimiento del padre. Los datos del Poder Judicial evidencian que las demandas por pensión se han duplicado en los últimos 10 años.

Entre el 2012 y el 2022, entraron 232.100 nuevas demandas de pensión alimentaria. En el último de estos años, la cifra llegó a 23.700, mientras que diez años antes, el número anual era de 12.900.

Aunado a ello, se registraron otras 63.400 denuncias por incumplimiento de pensiones vigentes.

Montserrat Sagot, doctora en Sociología y catedrática de la Universidad de Costa Rica (UCR), describió así la situación que viven la niñez y la adolescencia: “Lamentablemente, en Costa Rica, se ha construido la tormenta perfecta para todos en los últimos años. Lo estamos viendo en las estadísticas, es decir, ya ni siquiera hay que inventar o decir que a lo mejor va a pasar, sino que lo estamos viendo reflejado”.

La violencia se aprende, advierte presidenta del PANI

Kennly Garza, presidenta ejecutiva del PANI, explicó que las principales vulneraciones a los menores corresponden a negligencia, abuso sexual, acoso escolar, agresión física y psicológica, conflictos familiares, consumo de drogas, explotación sexual y laboral, así como intentos suicidas y trabajo infantil.

“Estudié hace poco el perfil de un hombre femicida y, en los orígenes de la historia de vida, teníamos un historial de agresión y abandono por parte de sus progenitores. Entonces, cuando la violencia es lo que se cuece dentro de un lugar que debería ser el más seguro, como lo es el entorno familiar, decir que no haya una influencia o una afectación es difícil de creer.

“Además, los niños pasan buena parte de su tiempo en su familia; son unas esponjitas, para decirlo coloquialmente y, si lo que absorben es castigo y violencia, eso se puede aprender. Los adultos siempre vamos a ser modelos, aunque no queramos”, manifestó Garza.

Según el PANI, los niños que crecen en hogares violentos o negligentes pueden sufrir consecuencias a nivel cognitivo, emocional y psicológico, lo que produce problemas de autoestima, dificultades para la comunicación y resolución de conflictos en forma violenta.

Denuncias desbordan el PANI

En total, el año pasado se registraron 124.000 denuncias, pero cada llamado de auxilio no representa a un niño. En muchos casos, una denuncia involucra a más de un menor afectado. Por eso, la cifra de niños atendidos asciende a 137.000.

“Cuando llegamos, puede haber dos, tres o cinco niños o adolescentes”, explicó Kennly Garza, presidenta ejecutiva del PANI.

El crecimiento exponencial de las denuncias no es un acontecimiento aislado; se inició en el 2017, cuando se registró un incremento del 91% en comparación con el 2016. Desde el 2020, las cifras no bajan de 100.000 por año.

En Costa Rica, la población menor de edad es de 1,3 millones y representa el 25% de los habitantes, porcentaje que va en descenso debido a la caída en la tasa de natalidad. Sin embargo, mientras el número de nacimientos cae, aumentan las denuncias sobre niños desatendidos, maltratados y hasta explotados sexualmente por familiares.

Datos suministrados al Patronato por el Ministerio de Educación Pública (MEP) revelan que, entre los años 2018 y 2021, los niños en etapa escolar (menores de 12 años) fueron los más afectados por violencia física, sexual y negligencia.

Demandas por pensión alimentaria crecen

La ausencia de un progenitor no solo es física, sino que también puede ser económica, lo que lleva a las madres a acudir ante las autoridades judiciales.

En el 2022, el Poder Judicial recibió 23.700 demandas nuevas ingresadas por pensión, alrededor de 3.000 más de las que había recibido en el 2021.

Según los reportes de las autoridades judiciales, San José, Alajuela y Limón son las provincias con más denuncias de este tipo.