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Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, aumentó los salarios de cuatro funcionarios de su despacho mediante la asignación de recargos de puestos, los cuales significaron incrementos de hasta ¢885.000 mensuales.
Hernán Rojas, jefe del departamento de Recursos Humanos de la Defensoría de los Habitantes, explicó que la figura del recargo solo puede utilizarse como último recurso. Consiste en encargar a un servidor público la labor de otro puesto si este último está vacante.
Si la labor es recargada a un funcionario del mismo nivel, el movimiento no implica incremento salarial alguno. Sin embargo, si el recargo recae sobre un personero de nivel inferior, la institución sí debe reconocer la diferencia salarial.
Entre el 2021 y el 2022, la defensora Crespo recargó labores de dirección a cuatro funcionarios de su oficina que tenían rangos inferiores.
El director de Recursos Humanos denunció, ante el Ministerio Público, que Crespo efectuó esos movimientos sin abrir concursos para llenar plazas de jefatura que quedaron vacantes por pensión y por un permiso sin goce de salario de una servidora en propiedad.
Los funcionarios que recibieron los recargos son Mario Zamora Cordero, Fabricio Chavarría Bolaños, José Pablo Rodríguez Alpízar y Roberto de Prado Lizano. Los dos primeros se postularon para suceder a Crespo como máxima jerarca de la Defensoría, una vez ella deje el cargo en diciembre.
Mario Zamora Cordero, exministro de Seguridad, tiene un puesto en propiedad como profesional de defensa 3 en la Defensoría. Hasta junio del 2022, fue el jefe de despacho de Crespo. No obstante, el 1.° de julio de este año, se le otorgó el recargo de director del Instituto de Educación en Derechos Humanos.
Esa acción le significó a Zamora un aumento salarial de ¢845.000 mensuales. Su salario pasó de ¢2,3 millones a ¢3,1 millones. Él continuará con dicho recargo hasta el 22 de diciembre.
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Fabricio Chavarría tiene plaza de abogado asistente y fue asesor de Crespo de junio del 2019 a marzo del 2021.
Luego, entre abril del 2021 y setiembre del 2022, se le otorgaron recargos de cuatro direcciones en diferentes periodos: Sedes Regionales, Admisibilidad, Asuntos Jurídicos y Asuntos Laborales. En algunas ocasiones, asumió dos direcciones al mismo tiempo.
En su caso la diferencia salarial por asumir estas funciones fue de ¢885.000, elevando su sueldo a los ¢2,9 millones.
Según Recursos Humanos, los otros dos funcionarios, José Pablo Rodríguez Alpízar y Roberto De Prado Lizano, fueron trasladados al despacho de la defensora de los Habitantes por orden de Crespo.
La plaza de De Prado es jefe de sede regional y, desde febrero de este año, se le asignó como recargo la dirección de Asuntos Jurídicos, nombramiento vigente por lo que resta del año Este movimiento implica un aumento salarial de ¢589.000, lo que que eleva la remuneración a ¢2,7 millones. En febrero, también, fue director de Sedes Regionales durante dos semanas.
En tanto, José Pablo Rodríguez fue ascendido de profesional de defensa 4 a jefe de la Sede Regional de Liberia en setiembre de 2021, durante diez meses, lo que le implicó un incremento salarial de ¢251.000. Él es el actual director del despacho de la defensora.
Defensora alega ahorro; Recursos Humanos rebate
Consultada por este medio, la defensora Catalina Crespo afirmó que los elegidos para los recargos de puestos gerenciales surgen de una lista cerrada elaborada por Recursos Humanos, conformada por 17 personas “que cumplen con el requisito de más de tres años de experiencia en supervisión de personal”.
La jerarca agregó que, por “tradición histórica”, el defensor de los Habitantes tiene potestad discrecional para seleccionar directores. Sostuvo que así ocurrió en procesos anteriores.
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Crespo también argumentó a La Nación que los recargos generaron un ahorro porque no se nombró a una persona adicional para los puestos vacantes, lo cual habría implicado que se pagaran dos salarios. En dos oficios de agosto del 2020, la defensora informó al entonces ministro de Hacienda, Elian Villegas, de que congelaría las plazas vacantes de direcciones, con el objetivo de colaborar con la reducción del gasto público.
No obstante, el director de Recursos Humanos sostiene que tal ahorro no existe porque lo normal es asignar el recargo a personas con un rango similar, lo que no exige una erogación adicional.
El encargado de personal, Hernán Rojas, puso como ejemplo el caso de Jenny Phillips Aguilar, quien ocupa la plaza de directora de Admisibilidad y se le recargó la dirección de Oficinas Regionales,16 de febrero del 2021.
Rojas también rebatió que la asignación de recargos sea tan discrecional. Afirmó que él se opuso a estos movimientos porque permiten designar personas “de manera arbitraria, sin un proceso concursal en el que puedan demostrar idoneidad”.
Insistió en que se pueden hacer concursos internos o externos.
“Las plazas existen y se encuentran vacantes; por lo tanto, no hay razón ni motivo para realizar y mantener por tanto tiempo esos recargos”, afirmó el jefe de Recursos Humanos.
El pasado mes de agosto, Rojas denunció a Catalina Crespo ante la Fiscalía Adjunta de Probidad y la Procuraduría General de la Ética por supuestos abuso de autoridad, falta al deber de probidad, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias en torno a nombramientos.
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