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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le cobró al gobierno más de ¢22.000 millones como compensación por haber reducido las cargas sociales a los patronos y trabajadores golpeados económicamente por la crisis del coronavirus.
El 19 de marzo, la Junta Directiva de la CCSS acordó reducir la base mínima contributiva por un periodo de tres meses, con el fin de que las empresas que rebajaran las jornadas laborales también pudieran adaptar el pago de sus cargas sociales.
En ese momento, el Poder Ejecutivo se comprometió a asumir el costo de la diferencia por concepto de cuotas obrero patronales con un aporte de ¢33.000 millones, según comunicaron Hacienda y la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
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Este lunes 11 de mayo, el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, le envió una carta al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en la que le pidió reponer ¢22.255 millones correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo.
El dinero corresponde a ¢15.827 millones para el seguro de salud y ¢6.428 millones para el de pensiones.
Según la carta, Macaya actuó en obediencia a un acuerdo de la Junta Directiva de la Caja.
La CCSS pidió los recursos a la “mayor brevedad”, al argumentar que “el pago oportuno de dichos recursos es fundamental para garantizar la sostenibilidad económica del seguro de salud y el de pensiones”, debido al impacto de la pandemia en las finanzas de la institución.
Según dijo la ministra de Planificación este lunes, el dinero para pagar este diferencial saldría del préstamo de $380 millones (¢220.000 millones) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que se discute en el Congreso.
La idea es, de ese crédito, girar a la CCSS una partida de ¢33.000 millones “por concepto de un primer pago comprometido por el señor presidente (Carlos Alvarado), para cubrir el diferencial de ingresos de la CCSS por el acuerdo de la base mínima contributiva”, dijo Garrido.
Este 11 de mayo, el Partido Liberación Nacional (PLN) frenó la discusión de todos los préstamos internacionales que pide el Ejecutivo, por más de $3.000 millones, a la espera de que el gobierno aclare los distintos destinos de los recursos.
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El acuerdo de marzo
En marzo, la CCSS disminuyó la base mínima contributiva al 25% de su valor original. Esta base es el salario mínimo a partir del cual una empresa o una persona pueden asegurarse.
Antes de la rebaja, la base mínima contributiva para los asalariados era de ¢294.619 por el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y de ¢275.759 en el régimen de pensiones de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).
Como medida excepcional por la emergencia, los salarios mínimos de referencia pasaron a ¢73.655 en salud y a ¢68.940 en pensiones, a fin de otorgar un respiro a quienes vieran sus ingresos caer por causa de la crisis económica.
Sobre esos montos, por ejemplo, el trabajador aporta un 5,5% de su salario para el SEM y un 4% para el IMV. Los porcentajes de cotización se mantuvieron iguales.
La decisión de Junta Directiva de disminuir ese cobro se tomó luego de que los diputados aprobaran una ley que permite a los patronos reducir las jornadas de sus empleados hasta en un 75%, si sus ingresos caen considerablemente en la pandemia.
Al 11 de mayo, 4.838 empresas se habían acogido a la reducción de jornadas, con lo cual se han visto afectados 54.181 trabajadores.
El presidente ejecutivo de la CCSS indicó al ministro de Hacienda que la entidad prepararía un informe mensual, con las cifras exactas del dinero que dejaría de recibir por la disminución de las cargas sociales.
Ese documento “será remitido al ministerio a su digno cargo, para que se retribuya a la Caja Costarricense de Seguro Social los recursos dejados de percibir por la implementación de la base mínima contributiva al 25%”, detalla la carta.
