CCSS deberá usar reservas para cubrir recorte en aportes del Estado

Así lo afirmó la presidenta ejecutiva de la entidad, Marta Eugenia Esquivel, ante consultas de La Nación. “El plan de gastos de la CCSS para el 2023 no considera los ¢54.000 millones; su reducción ha implicado hacer uso de los excedentes y reservas que ambos seguros han generado en los años anteriores, con el propósito de que la operación normal de los servicios y prestaciones, y el plan de inversión programado no se vea afectado”, respondió.

Por disposición legal, el Estado debe aportar para las pensiones de los trabajadores de los sectores público y privado un monto equivalente al 1,41% del salario de cada empleado. Para el seguro de salud, 0,25%.

Pero, en el Presupuesto del Gobierno Central para el 2023, las partidas para cubrir los aportes a la Caja se redujeron de ¢382.700 millones a ¢328.700 millones al compararlas con el plan de gastos del 2022.

La situación complica las finanzas de la CCSS pues incluso, el 18 de setiembre, el mandatario Rodrigo Chaves Robles advirtió que “la Caja está quebrada, seamos francos. En términos actuariales, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte tiene un déficit enorme; el servicio de salud tiene serios problemas financieros”. Así lo indicó al oponerse al aumento salarial retroactivo al 2020 para los 63.000 empleados, el cual costará ¢29.000 millones, según lo decidió la Junta Directiva.

Ahora, Marta Esquivel considera que este recorte de ¢54.000 millones de las transferencias estatales a la Seguridad Social “nunca será una buena noticia, aun cuando se comprenda la situación fiscal del país”. Alegó que, debido a la decisión del Gobierno, la Caja deberá usar las reservas para garantizar la prestación de todos sus servicios, incluido el pago de pensiones.

Sin embargo, espera que el dinero sea repuesto en algún momento. “Por supuesto, desde la institución se harán todas las acciones y gestiones pertinentes para que, de forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, se establezca alguna alternativa para la recuperación de estos fondos, durante el año siguiente”.

El Gobierno optó por un recorte parejo del 14,2% sobre las cuotas estatales para las pensiones de los trabajadores de los sectores privado y público descentralizado, así como las de trabajadores independientes, asegurados voluntarios y demás personas cubiertas por convenios especiales.

En el caso del seguro de salud, también rebajó en un 14,2% las cuotas del Estado en favor de las mismas categorías de asegurados y el aporte para pagar a la CCSS la atención de personas sin recursos, lo que se conoce como aseguramiento por cuenta del Estado.

Finalmente, rebajó en casi un 13% la contribución estatal para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades asociadas al tabaquismo.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, argumentó que “no hay espacio fiscal” para presupuestar los recursos necesarios para cubrir la totalidad de las cuotas estatales. “Es muy simple, la presión de la deuda estruja cualquier otro gasto. Y este presupuesto está hecho al centavo”.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios tratan de restituir los fondos a la CCSS. Para ello, en la discusión del Presupuesto del 2023, aprobaron una moción que reduce en casi ¢26.200 millones la partida para el pago de intereses de la deuda, a fin de reasignar los recursos a programas de salud y enfermedad de la Caja.

Esa moción formó parte de un paquete de reasignaciones por ¢81.000 millones que abrió un conflicto con el Gobierno, pues el presidente Rodrigo Chaves calificó de “irresponsables” a los diputados por reducir el presupuesto para honrar intereses. Ahora, el plan de gastos se discutirá en el plenario.

Presidenta de la CCSS: ‘La presión no es el camino correcto’

Copiado!

La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, declaró que los recortes pueden agravar la deuda histórica del Estado con la Seguridad Social, la cual considera que crece como “una bola de nieve”, pero advirtió que el efecto de la medida no termina ahí.

“Nos preocupan los servicios y la sostenibilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social. En este presupuesto, se disminuyeron las transferencias a la Caja”, aseguró la contralora.

Consultada sobre dicha advertencia, la presidenta ejecutiva de la Caja aseguró que es necesario que se dé un consenso sobre cuál será el modelo futuro de financiamiento de la Seguridad Social y definir el papel del Estado como financiador.

Actualmente, existe una billonaria diferencia en los cálculos sobre el monto de la deuda del Estado con la CCSS. Mientras la CCSS estima el pasivo contingente en ¢2,4 billones, a abril de 2022, Hacienda estima que es de ¢280.000 millones, es decir, ¢2,4 billones menos de lo estimado por la entidad de Seguro Social.

En el año 2021, el Estado transfirió a la CCSS un total de ¢348.800 millones en aportes estatales a pensiones y a la atención de salud. No obstante, la Caja le cobró facturas por ¢529.400 millones, según datos validados por la Contraloría General de la República.

Solo ese año, la diferencia fue de ¢180.600 millones.

La presidenta ejecutiva de la Caja aseguró que “lo que se espera, en todo momento, es que el Estado pague el total de sus obligaciones de forma oportuna”. No obstante, apuntó que “la visión tradicional de presionar al Ministerio de Hacienda para que pague esta deuda no es desde mi óptica el camino correcto”.

“La discusión de fondo es una discusión país y debe responder a dos cuestiones fundamentales: ¿cuál es el nivel de financiamiento fiscal de los seguros sociales deseable, factible y sostenible en el tiempo?, y, ¿cuáles son las fuentes e instrumentos que se consideran óptimos para cumplir con tal nivel de financiamiento?”, finalizó.