“Qué lástima que esa plata no va para el Régimen No Contributivo (RNC)".

Así reaccionó Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al enterarse de que los ¢12.000 millones anuales que se ahorrará el Gobierno, con el recorte a las pensiones de lujo, no se destinarán, exclusivamente, a financiar las pensiones para adultos mayores en pobreza del RNC.

El Régimen No Contributivo otorga pensiones mensuales de ¢82.000 a personas que no cotizaron durante su vida laboral, con el inconveniente de que carecen de recursos para afrontar su vejez.

El pasado 8 de enero, el presidente Carlos Alvarado anunció un proyecto de ley para redirigir el ahorro generado, con la reforma a las jubilaciones de lujo aprobada en el 2019, al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), para fortalecer los programas de atención de personas en pobreza extrema. El RNC es uno de ellos.

Sin embargo, también están las becas para estudiantes, el Consejo de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (Conapdis).

En febrero, Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, dijo a La Nación que esos programas serían los prioritarios, porque el presupuesto del RNC se fortaleció en el 2018 y el monto de la pensión subió de ¢78.000 a ¢82.000.

El director de Pensiones de la Caja advirtió de que, en el país, hay 40.000 adultos mayores pobres sin una pensión.

Añadió que para cubrir a esas personas se requeriría de ¢40.000 millones anuales, pues una pensión del RNC demanda ¢1 millón al año.

“¿De cuánto es el presupuesto de la República? De casi ¢10 billones. ¿Por qué nosotros, como país, no podemos encontrar ¢40.000 millones de un presupuesto de billones para universalizar a los pobres?”, se cuestionó.

“Pareciera que la decisión cualquiera la podría tomar, pero es cuestión de sentarse a rebalancear los ingresos y los gastos que tiene, en este momento, en el Poder Ejecutivo. Ese es el esfuerzo que hay que hacer”.

“Esos recursos pueden salir del ahorro en las pensiones de privilegio (con cargo al Presupuesto Nacional). Esos ¢12.000 millones (de ahorro en pensiones de lujo) debieron haber sido trasladados directamente para acá. Pensábamos que sería así”, expresó Carrillo.

El funcionario agregó que la demanda de subsidios del Régimen No Contributivo está creciendo a la misma velocidad que las pensiones contributivas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

“Por eso es que pasamos de 70.000 u 80.000 pensiones hace ocho años a las más de 120.000 que tenemos hoy”, alertó, en medio de una sociedad que está envejeciendo.

Según Patricia Sánchez, jefa del área de Gestión de Pensiones de la CCSS, en el 2019 ese departamento aprobó 11.600 nuevas pensiones y rechazó 19.000 solicitudes que no calificaban.

Sin embargo, esa oficina maneja un promedio de 20.000 casos pendientes, o sea, personas que sí califican, pero que para obtener su pensión, tienen que esperar a que el RNC reciba recursos frescos.

En octubre del 2019, en un foro sobre regímenes jubilatorios, el superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, dijo que el ahorro del Gobierno con el recorte a las pensiones de lujo alcanzaría para dar 10.000 pensiones del régimen no contributivo.

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‘Replantearse el financiamiento del régimen’

En criterio de Ubaldo Carrillo, es necesario replantearse el financiamiento del RNC, el cual, actualmente, se sostiene con transferencias de la ley del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Esa normativa establece que dicho fondo se financiará con ingresos provenientes de la recaudación del impuesto sobre las ventas, así como con una cuota del 5% sobre el total de los sueldos y salarios que pagan mensualmente a sus trabajadores todos los patronos del país, tanto públicos como privados.

Según Carrillo, un sistema de pensiones tiene que tener fuentes de financiamiento ciertas, y no inciertas como son los impuestos.

“Como país, deberíamos repensar el financiamiento del Régimen No Contributivo. Este no debería estar supeditado al comportamiento de impuestos porque, ¿qué pasa si los impuestos caen y yo tengo planillas que pagar?".

“El Régimen No Contributivo debería financiarse con el presupuesto de la República, que aprueba la Asamblea Legislativa todos los años, y que la Caja pueda decirle al Estado: ‘Este año necesito tanto; presupueste tanto’. Y el Estado ve a ver cómo financia, como lo hace con las pensiones de privilegio".

“¿Por qué las pensiones de privilegio sí tienen este trato, de financiarlas con recursos públicos, y las no contributivas están supeditadas a que haya transferencias de Fodesaf? Me parece que está al revés", reprochó el jerarca.

Carrillo opina que los recursos para programas de ayuda social deberían asignarse con base en los porcentajes de ejecución de estos.

La Nación publicó recientemente que, mientras unas instituciones de ayuda social gastan casi el 100% de los recursos que se les otorgan para combatir la pobreza y aún así les falta dinero para aumentar su cobertura, otras entidades utilizan menos del 60%, con el inconveniente de que el dinero sobrante de unas no puede ser transferido a los programas más urgidos de ingresos, pues la ley no lo permite.

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“¿De dónde puede salir también esa plata para las 40.000 pensiones para pobres? El Estado tiene muchos programas sociales. Habría que medir el impacto de estos, y asignar los recursos a aquellos programas que dan mayor impacto. Uno de los que da más impacto es el Régimen No Contributivo”, resaltó Carrillo.

El porcentaje de ejecución del RNC, en el 2018, fue del 95%, según el Fodesaf.

“Y no podemos ejecutar el 100% porque necesitamos dejar algo para pagar la planilla del mes siguiente, porque como cerramos en diciembre y la pagamos a finales de ese mes, necesitamos recursos en enero. Si no, la ejecución sería de un 100%”, argumentó el jerarca.

El director de Pensiones tiene la fe de que el Gobierno cumpla el compromiso de destinar al RNC una parte del dinero recaudado cuando empiece a cobrarse el impuesto del 1% sobre el valor agregado (IVA), a los bienes de la canasta básica.

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Ayuda social

Actualmente, 126.300 personas reciben una pensión del RNC. De ellas, 122.000 (90%) son adultos mayores pobres. A ellos se les otorga un estipendio de ¢82.000 al mes.

El otro 10%, 4.300 beneficiarios, recibe ¢300.000 mensuales. Se trata de personas con discapacidad, por ejemplo, parálisis cerebral profunda y autismo, entre otros padecimientos, así como viudas y huérfanos en pobreza.

Hoy, de las 545.000 personas mayores de 65 años que hay en Costa Rica, el 45% no tiene pensión de ningún tipo; ni contributiva, ni no contributiva.

De hecho, la cobertura en pensiones para adultos mayores es del 64%, tomando en cuenta regímenes contributivos y no contributivos. “Un porcentaje que está entre regular y bueno”, considera el director de Pensiones de la Caja.

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