Gobierno aplica severo recorte a laboratorio de paternidad

Ese laboratorio es vital para identificar al padre de un niño con el objeto de que se haga responsable, al menos, de su manutención. Desde su entrada en operación, en 2002, ha realizado 40.000 pruebas. En el 76% de los casos (30.600) el hombre señalado resultó ser el padre biológico, según las estadísticas.

El aporte del Poder Ejecutivo, que se hace a través del Ministerio de Salud, bajó de ¢500 millones a menos de ¢200 millones anuales (un 61% de recorte), a pesar de que el Laboratorio de Genética Humana Molecular, adscrito a la CCSS, solicitó ¢704 millones para trabajar el próximo año.

Mediante un oficio, el gerente financiero y el director de Presupuesto de la Caja, Gustavo Picado y Sergio Gómez, le advirtieron a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, que el monto asignado por el Gobierno “es muy inferior al requerido y compromete el funcionamiento del laboratorio”.

Este laboratorio da servicios a mujeres solteras, viudas, divorciadas y en unión libre en el momento que inscriben el nacimiento de su hijo. El Registro Civil, órgano adscrito al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), es el encargado de asignar citas para la prueba.

El 7 de noviembre, un informe de la Auditoría Interna del TSE alertó sobre la repercusión que el recorte tendría para el trabajo del Registro Civil en materia de Paternidad Responsable.

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El auditor Franklin Mora explicó que la falta de recursos podría generar que el Registro Civil no pueda hacer frente a todas las solicitudes de reconocimiento de menores en el tiempo oportuno, especialmente en los casos que requieran pruebas de ADN. Para Mora, esto implicaba un riesgo operativo y legal.

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Los magistrados del TSE tuvieron conocimiento de esta problemática durante la sesión ordinaria del 10 de noviembre.

Sin embargo, el 30 de noviembre, José Pablo Montes de Oca, director del Laboratorio de Genética, informó al Tribunal de que la CCSS reservó ¢658 millones para el funcionamiento de la unidad, “lo cual es menor a lo solicitado, pero permitirá continuar con las operaciones”.

Según Montes de Oca, “por comunicaciones informales con funcionarios de la Dirección de Presupuesto” de la Caja, se entiende que, ante la difícil situación, el Seguro Social cubrirá los ¢465 millones faltantes.

No obstante, este dinero deberá ser recobrado por la CCSS, pues tal como explicaron el gerente financiero y el director de Presupuesto a la ministra Chacón, según el artículo 73 de la Constitución Política, “la Caja no puede asumir gastos distintos a los que motivaron la creación de los seguros que ella administra”.

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El artículo número 7 de la Ley de Paternidad Responsable autoriza “al Poder Ejecutivo para que gire a la CCSS, un monto anual hasta de ¢1.000 millones, con el objetivo de que esta pueda equipar los laboratorios, adquirir reactivos, materiales consumibles, equipo y contratar los recursos humanos requeridos para atender la demanda estimada de pruebas de comparación de marcadores genéticos”.

Así es como se ha financiado el laboratorio. No obstante, la ley establece un límite superior, no uno inferior, motivo por el cual el Gobierno pudo recortar los ingresos. Por esa razón, en los últimos cinco años el presupuesto promedio ha sido de ¢451 millones por año.

Luego de que el Registro Civil le consultara si existían conversaciones ante el Poder Ejecutivo para obtener los fondos necesarios para los programas de paternidad, Montes de Oca aseguró que no recibieron ninguna respuesta a sus gestiones.

El funcionario pidió al Registro Civil “todo esfuerzo que se pueda hacer desde la institución ante las autoridades del Poder Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Hacienda, tendientes a que se realice el giro de los fondos necesarios para la operación del laboratorio”.

Montes de Oca explicó a La Nación que el aumento en el presupuesto solicitado para el 2023 se debe a un proyecto de alquiler en otras instalaciones para el próximo año.

Ante una consulta de La Nación, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que no estaba al tanto de este caso particular, pero dijo que, en su criterio, la problemática se da porque se le establecen al Estado obligaciones presupuestarias sin una fuente de financiamiento.

“El problema, desde el punto de vista práctico, es si alguien pensó, en algún momento, en la capacidad del Estado para pagar. Es muy fácil decir que hay que pasar plata, pero ¿de dónde? Los ingresos del Estado no son ilimitados. Si se quiere gastar más de lo que se recibe, el mecanismo es endeudarse, ¿y en dónde estamos hoy?”, declaró Acosta.

La Contraloría General de la República (CGR) había alertado de que el Presupuesto Nacional del 2023 implicaba “recortes a distintas instituciones sin ningún criterio ni definición de prioridades”. De hecho, omitía ¢54.000 millones en aportes a la CCSS. La CGR expresó preocupación de que la deuda del Gobierno con la Caja siga creciendo.

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