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La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) solicitó al Ministerio de Hacienda negociar primero y por separado la deuda del Gobierno en el pago de las cuotas estatales al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con el fin de concretar un acuerdo lo más pronto posible, que permita solventar la insuficiencia de recursos para pagar las jubilaciones.
La solicitud la hizo en el marco de las negociaciones sobre la deuda histórica del Estado con la CCSS.
“Efectivamente, hemos planteado a Hacienda resolver aparte lo del IVM y Hacienda está valorando esta posición”, indicó el gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, ante una consulta de La Nación.
El funcionario justificó la propuesta en que la deuda por el pago de las cuotas estatales al IVM es un monto significativamente menor que la cuenta global e histórica que arrastra el Estado, por lo que sería más viable alcanzar un acuerdo sobre el primer punto, en el corto plazo.
“Creemos que es un tema más manejable y fácil de conciliar que la deuda con el sector Salud”, expresó.
Según estimaciones del subdirector de la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, Luis Guillermo López Vargas, la deuda global del Estado con la institución de seguridad social es de ¢3,1 billones, monto que Hacienda refuta al considerar que se debe hacer un análisis exhaustivo de los cobros para verificar si son reales, especialmente en el sector Salud.
Sin embargo, la morosidad correspondiente al IVM, se estima que cerraría en ¢600.000 millones, al finalizar el 2023, y estaba obedece al impago de las cuotas estatales que el Gobierno está obligado a hacer para ayudar sufragar las pensiones de los asegurados asalariados, independientes y voluntarios.
Marta Esquivel respalda postura
El 27 de abril del presente año, Jaime Barrantes manifestó en sesión de Junta Directiva de la CCSS: “Cuando se habla con Hacienda, debería ser como aparte, porque es más sencillo salir de IVM y, para el IVM, este flujo sí es muy importante”.
El régimen de pensiones ya no tiene suficientes ingresos para pagar las jubilaciones. No alcanzan las cotizaciones ni los intereses de las inversiones hechas con el dinero de la reserva, porque este año se usaría el capital de la reserva para completar los pagos.
Lo expresado por el funcionario fue respaldado por la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, quien seguidamente indicó que “lo más razonable es empezar con lo que sea menos complejo”.
La misma tesis había sido expuesta en una sesión previa por Roberto Quirós Coronado, vicepresidente en ese entonces de la Junta Directiva y representante patronal.
“Si a mí me tuvieran que decir a qué debo aplicar la deuda en este momento, con esos datos que tengo a junio, se lo aplicaría primero IVM antes de antes de Salud, porque es aquí donde tenemos una situación muchísimo más crítica”, señaló el 13 de abril.
Quirós renunció al cargo en julio, por presuntas “denuncias calumniosas” que había recibido y que, según él, persistirían.
Recursos necesarios
El gerente de pensiones también destacó la necesidad de contar con un acuerdo lo más pronto posible, por la “gran importancia” que tienen los aportes del Estado para el flujo de efectivo del IVM.
Los efectos de esta relación ya son visibles y ponen en riesgo la misma sostenibilidad del fondo, ya que la CCSS podría ingresar este año a un escenario crítico que se había previsto para el año 2030, pero se vio adelantado porque el Gobierno ha incumplido con el pago completo de las cuotas estatales al IVM, según detallan actas del Comité de Vigilancia del IVM.
La entidad tendrá que tomar dinero de la reserva debido a un faltante de ¢51.380 millones.
La Nación había consultado al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, si el acuerdo que vienen trabajando con la CCSS cubriría solo lo referente al Seguro de Salud o si también incluiría lo adeudado por el aporte al IVM, pero el jerarca se limitó a señalar que “vamos de a poco, pero incluiría todo lo que tiene la CCSS contabilizado y sea acordado”.
Hacienda centrada en el análisis de la información
Por el momento, Hacienda se concentra en realizar un análisis exhaustivo que determine la veracidad de los servicios que la CCSS le está cobrando al Estado, porque, en su criterio, los 180 programas informáticos con los que cuenta la CCSS “no dan datos fidedignos”.
Solo hasta que se haga la corroboración de la información, el Gobierno firmaría un acuerdo de pago.
Los puntos que Hacienda busca aclarar son: en primer lugar qué cobra la CCSS y cómo llega a esas estimaciones; en segundo lugar, definir parámetros objetivos que se puedan emplear para estimar los montos y que no se haga solo con “las facturas” que emite la institución a cargo de la seguridad social.
“Nuestra idea es que, a partir de este proceso, tengamos claridad hacia futuro de qué nos cobra, cómo nos cobra y nosotros pagar”, indicó Acosta el pasado 26 de setiembre.
Por el momento, las conversaciones se centran en el periodo 2015-2018; una vez sentadas las bases, se definirían los montos para los siguientes tractos y el consecuente pago de estos.
