El Censo Nacional de Población y Vivienda del 2021, año en que el país cumple 200 años de vida independiente, pende de un hilo por las limitaciones presupuestarias impuestas por la crisis económica.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) advierte de que el Gobierno tiene tiempo, hasta finales de enero, para tomar una decisión que podría salvar el levantamiento de datos de 5,2 millones de personas en el transcurso del año.

De lo contrario, según la institución, la medición tendría que postergarse para el 2022, aunque tampoco hay garantía de que la tarea vaya a lograrse el próximo año. Aplazarlo, afirma, también incrementaría su costo.

El INEC tiene los recursos para proceder con el censo en el 2021. El problema es que carece de autorización para usarlos.

La paradoja obedece a la crisis fiscal desatada durante la pandemia de covid-19 y a las reglas de responsabilidad presupuestaria que creó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Desde el 2020, las instituciones que conforman el sector público tienen que mantener sus gastos por debajo del techo de crecimiento que establece cada año la regla fiscal, que para este año es del 4,13%.

El presupuesto del INEC para el 2021 alcanza los ¢21.000 millones. Sin embargo, la institución sostiene que para ejecutar las tareas relacionadas con el censo, requiere que se le permita gastar unos ¢6.400 millones adicionales.

De acuerdo con el Instituto, la operación estadística cuesta ¢13.600 millones, de los cuales se ejecutó un 27% entre el 2018 y el 2020. Sin embargo, la inversión principal se hará durante el trabajo de campo.

Según Floribel Méndez, gerenta del Instituto, la mayor parte de los recursos que hacen falta están en el superávit de la institución. La Ley del Sistema de Estadística Nacional, aprobada en el 2019, establece que ese dinero se puede acumular para financiar los censos de población.

En principio, la institución podría disponer de ese fondo, pero como su ejecución supondría rebasar el tope de aumento de los gastos que establece la regla fiscal, el Ministerio de Hacienda denegó su uso.

“El nivel de deuda que el país ha alcanzado como consecuencia de la pandemia covid-19, nos impone una rigurosidad sobre la responsabilidad fiscal establecida en la Ley 9635. Esta responsabilidad consiste en limitar el crecimiento del gasto corriente”, argumentó Elian Villegas, ministro de Hacienda, en una nota que le remitió a Méndez el 14 de diciembre.

El trabajo de campo del censo estaba previsto para junio de este año, pero aún hace falta contratar a unos 11.000 censistas y los dispositivos que usarán para recoger la información. Méndez confirmó que la fecha prevista ya no se cumplirá.

Según la funcionaria, podría reprogramarse para el segundo semestre del año, pero solo si el Gobierno autoriza el uso de los recursos antes de que termine enero.

“Sí estamos en una situación bastante delicada, nos duele mucho porque no es algo que al INEC se le ocurrió hacer, es una operación estadística que el país necesita. Hemos hecho todos los preparativos y hemos invertido más de ¢3.000 millones, además tenemos el 90% de los recursos, lo que estamos pidiendo es que nos cedan el espacio para poderlos usar”, dijo Méndez.

El censo de población y vivienda es la principal herramienta estadística que tienen las autoridades para saber exactamente cuántas personas viven en el país, dónde y en qué condiciones.

Para esta edición, el INEC previó investigar también sobre el cuido de la niñez, la asistencia a personas adultas mayores, empleabilidad, movilidad, migración, discapacidad y autoidentificación étnica-racial.

La última recolección de datos se hizo en el 2011 y, según Méndez, es preciso actualizarlos.

“Es muy lamentable por lo que implica para el país. Creo que en esta situación de pandemia y de crisis, de tanta incertidumbre, el disponer de información es fundamental para una mejor toma de decisiones y no solo de este gobierno, sino también del que viene en el 2022″, afirmó la funcionaria.

‘No se concederá la petición solicitada’

Hasta mediados de diciembre, el INEC contaba con que Hacienda les autorizara el uso de los recursos, al igual que lo hizo el año anterior.

En el 2020, las tareas preparatorias del censo también requirieron que el INEC gastara más de lo que le permitía la regla fiscal.

El Presupuesto Nacional de ese año contempló un margen para añadir erogaciones imprevistas; entonces, el Ejecutivo le cedió al Instituto un espacio de gasto equivalente a ¢1.000 millones.

La decisión la tomó el Consejo de Gobierno del 9 de diciembre del 2019, por unanimidad.

“Si el INEC continuó con el proyecto del censo fue porque tuvo la anuencia de la Presidencia. Concretamente el señor presidente, que nos manifestó que sí había un interés en que el censo se hiciera en el 2021, que fuera el censo del bicentenario y que el país así lo requería”, dijo Méndez.

Agregó que la institución contaba con recibir el espacio para el presupuesto 2021. Por ese motivo, a lo interno sorprendió la respuesta que les dio el Gobierno en diciembre.

“Se indica que no se concederá la petición solicitada por su representada”, dice la nota firmada por el jerarca Elian Villegas.

“El país enfrenta una difícil situación fiscal consecuencia de una caída en los ingresos tributarios y una mayor necesidad de recursos para hacer frente a los gastos adicionales para enfrentar la pandemia de Covid-19″, añade la nota.

En la nota, el ministro dice estar consciente de las dificultades que enfrentan las instituciones a causa de las dificultades económicas. Sin embargo, apuntó que la misma crisis obliga al Gobierno a realizar “un riguroso proceso de ajuste fiscal” de la mano con el Fondo Monetario Internacional.

“Dicho proceso de ajuste fiscal implica una rigurosidad sobre la asignación de los recursos presupuestos del Gobierno Central”, concluyó Villegas.

Este medio consultó al Ministerio de Hacienda si se valora alguna alternativa para poder financiar el censo 2021. Al cierre de este artículo, no se obtuvo respuesta de la institución.

Méndez afirmó que le INEC valorará acudir a la Procuraduría General de la República. Una última opción, dijo, sería pedir ayuda de los diputados.