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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, defendió este miércoles su decisión de negociar una prórroga de cinco años en el contrato que el Estado tiene con la empresa Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) para la administración del puerto de Caldera, en la que figura como accionista José Pablo Chaves, uno de los dos mayores financistas de su campaña electoral.
Dicho empresario, además, es hijo de Calixto Chaves, quien figuró como director de campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en la contienda del 2022 que llevó a Chaves a la Presidencia.
José Pablo Chaves compró bonos de la campaña de Chaves valorados en ¢107 millones, mientras que su padre, Calixto Chaves, hoy consejero del mandatario, invirtió ¢34 millones en certificados de cesión. Estos datos son verificables en la página del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
En el 2014, la firma portuaria SPC reportó ganancias por $5,1 millones y, en el 2015, por $4,3 millones, de acuerdo con los estados financieros auditados por Grand Thornton.
El contrato de la compañía vence en agosto del 2026 y, en vez de preparar una licitación pública para otorgar un nuevo contrato de operación y ampliación, Chaves anunció el pasado lunes que negociará para que la empresa intervenga la terminal con medidas paliativas, a cambio de una extensión de cinco años en su contrato de servicios. Argumentó que el proceso de licitación tardaría cinco años.
“El hecho de que haya participado en mi campaña el hijo (de Calixto Chaves), con una proporción accionaria minoritaria, pasa a ser un evento de casualidad. No voy a permitir que Costa Rica sufra más y que se malinforme al pueblo de Costa Rica sobre qué es la realidad de las cosas, desinformando, reportando verdades parciales, omitiendo el fondo de los hechos”, manifestó Chaves en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno.
Por otra parte, el mandatario también sostuvo que su consejero, Calixto Chaves, no es socio de la firma portuaria. “Y aunque lo fuera, yo mantengo las cosas a suficiente distancia para que se mantengan asépticas”, señaló.
“El tema no es que Rodrigo Chaves le pida consejo a Calixto Chaves quien, por cierto, fue el primer empresario costarricense en hacer una emisión internacional de acciones en la bolsa de Nueva York. Esa es la clase de persona que es, no se lo brinca un banquerillo de aquí, entonces tiene la visión del mundo”, aseveró.
Alega tener respaldo de empresarios
El presidente Rodrigo Chaves alegó que los grupos empresariales le dijeron que la ruta de otorgar la prórroga del contrato para administrar puerto Caldera es lo correcto: “Estoy dando la cara y tengo diez cámaras (empresariales) diciendo que eso es lo correcto de hacer.
“Las cámaras (de empresarios) me lo pidieron”, aseveró.
En ese sentido, Chaves calificó como malas intenciones los cuestionamientos surgido ante su decisión y las informaciones publicadas por “algún medio pervertido” sobre los vínculos de la empresa de Caldera con el financista de su campaña.
“Medios se han dedicado a mentir y tergiversar, que yo entiendo por qué la gente los critica y no los ve nadie”, indicó el mandatario. Enseguida, justificó su decisión de ofrecer una ampliación del contrato a cambio de obras paliativas ante el colapso que ya enfrenta el puerto del Pacífico. “A mí llegaron diez cámaras de productores, importadores, graneleros, de industriales, diciendo que el puerto está colapsado”, dijo.
El gobernante insistió en que la elaboración de una licitación internacional para la construcción del nuevo puerto tardaría más de dos años en trámites. Por eso, justificó, ampliará el contrato por cinco años con la actual operadora para ir desarrollando el cartel.
También alegó que, en todo caso, invitará a la contralora general de la República, Marta Acosta, a que “brinde el consejo necesario” para que la negociación con la firma portuaria sea “aséptica”. No obstante, la contralora dijo a La Nación, que ella no puede brindar consejo al respecto.
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La administración anterior desistió de avanzar con la licitación internacional para la construcción y operación del nuevo puerto de Caldera, con el propósito de dejar la decisión en manos del gobierno actual.
