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Rodrigo Chaves, candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), aseguró este martes, frente a los sindicatos de salud, que el plan de empleo público debe ser vetado.
Esa fue la respuesta Chaves luego de que el sindicalista y exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marvin Atencio, le preguntó cuáles son sus planes con el proyecto que sustituiría el sistema de sueldos con pluses por el esquema de salario global; esta reforma fue planteada por el Gobierno con el fin de evitar el crecimiento desmedido del gasto salarial en el sector público.
“Esta ley se la sacaron de la manga rápidamente para ver si cerraban un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no la pensaron bien. Yo creo que esa ley no va a pasar y, si pasa, habría que vetarla, porque mi interés es renegociar con el FMI con medidas que tienen que ver con reducir la evasión. Yo propuse el primer sistema de Hacienda para reducir la evasión en Costa Rica; mejorar el sistema de exenciones, no a las zonas francas, sino los otros sectores que solo ahí hay $1.600 millones, $1.800 millones; los destinos específicos de ciertas leyes, las parafiscales, etcétera, reacomodar las cargas.
“Usted me dice ‘¿estaría dispuesto a renegociar la ley de empleo público?’ No solo estoy dispuesto, yo creo que esto es la obligación de lo que vamos a tener que hacer, porque tampoco podemos seguir con el régimen de empleo público donde hay esas grandes diferencias; donde tenemos el 15% del empleo en el sector público y gastamos el 50% del ingreso fiscal en salarios; eso no es sostenible. La OCDE gasta..., si el porcentaje de empleo público es X, el porcentaje de gasto de los ingresos tributarios que se gastan en empleo público en casi todos es el mismo porcentaje; aquí es tres veces. Entonces tenemos que pensar muy bien; médicos y policías no son iguales, tienen diferentes riesgos...”, dijo el candidato.
Dentro de la respuesta, también declaró:
“La ley de empleo público me parece un adefesio, la que está en el Congreso. ¿Por qué me parece un adefesio? Porque está regulando los salarios, las compensaciones, los puestos, sin saber qué es lo que va a hacer el Estado costarricense, cómo se va a ver en el corto plazo.
“Es como que usted diga ‘voy a crear un manual de personal para una empresa que no existe y no sé qué va a producir’.
“Y la equidad consiste en tratar a iguales de igual manera, y tratar a iguales de manera diferente no es equidad, lo mismo que tratar a diferentes igual no es equidad. Y eso no lo reconoce (el proyecto). Crea cuatro categorías, creo, ya se me olvidó, de tipos de empleados públicos, y ahí se pagan todos iguales etcétera, hay muchísima inequidad que resolver”.
El proyecto de empleo público fue planteado en el 2019 y lleva tres años de discusión en la Asamblea Legislativa. Incluso, ha pasado en dos ocasiones por revisión de la Sala IV. Cálculos del Ministerio de Planificación estiman que la reforma ahorraría ¢394.000 millones anuales al Estado.
En la última resolución de la Sala, el 8 de febrero anterior, los magistrados constitucionales no encontraron vicios de inconstitucionalidad ni en el trámite ni en el contenido del plan.
El voto completo todavía no ha llegado a la Asamblea Legislativa. Una vez que llegue, los diputados pueden votar la reforma, la cual impondría límites a la negociación de convenciones colectivas; por ejemplo, en estos acuerdos laborales no se podría negociar aumentos salariales o incentivos.
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