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Rodrigo Chaves, presidente de la República, intentará usar a la Procuraduría General de la República (PGR) como órgano acusador. El primer intento será el supuesto “megacaso” de evasión fiscal anunciado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el cual había sido desestimado por el Ministerio Público.
La Procuraduría es el abogado y asesor legal del Estado. Se trata de un órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, el cual goza de independencia de criterio. Si bien el artículo 16 del Código Procesal Penal faculta a la PGR para iniciar acciones penales, el exprocurador general, Julio Jurado, había explicado que el ejercicio de esa facultad conlleva serias dificultades, en la práctica. Se trata de un “resabio” del antiguo procedimiento penal, antes de que la persecución se trasladara a la Fiscalía en 1973.
El expediente con el que Chaves intentará usar a la Procuraduría como órgano acusador es en el que figuran el banco BCT y su socio y fundador Leonel Baruch, dueño del medio de comunicación CRHoy.
El 9 de enero, la Fiscalía notificó a Tributación Directa que había desestimado el caso y, aún así, el ministro de Hacienda lo anunció en conferencia de prensa, la semana pasada, junto con el director de Tribuación, Mario Ramos.
Baruch anunció este miércoles que denunció a Nogui Acosta y a Mario Ramos por abuso de autoridad, difusión de información falsa y suplantación de páginas electrónicas.
El empresario dijo entender que los ataques obedecen a que él es presidente de la Junta Directiva de CRHoy y que “no es propio de un régimen democrático hacer uso de la institucionalidad del Estado ni de los recursos públicos para actuaciones criminales con fines oscuros que, lejos de buscar el bien común, busca atacar a quienes considera sus enemigos”.
Chaves argumentó que un juez no ha decidido si acepta la solicitud de desestimación del Ministerio Público, pero que en todo caso, “nosotros no vamos ya a confiar únicamente en la Fiscalía para estos casos”. Por eso, pidió que la Procuraduría “actúe como acusador”.
Dijo que instruyó al ministro de Justicia, Gérald Campos, para que solicite la intervención de la PGR en este caso “y en los que siguen de megaevasiones, o donde se alegan megaevasiones, directamente ante los Tribunales”.
El ministro dijo que envió un oficio a la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas, para pedirle que continúe ella o la Procuraduría con la investigación a la luz del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
“Le estamos pidiendo que como representante y abogado del Estado y de los intereses del Estado, se prosiga con la investigación que lleva el Ministerio Público no solamente revisando, sino yendo más allá de aquellos actos que considere que hagan falta, para llegar a establecer qué fue lo que realmente sucedió”, dijo el ministro de Justicia, el cual aspira a ser director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En la carta, además, Gérald Campos pidió a la procuradora se disponga de “acciones a nivel judicial para la obtención de aquella prueba existente en Panamá”.
La procuradora adjunta, Magda Inés Rojas, le respondió que el procurador penal, Randall Aguirre, solicitó al Juzgado Penal de Hacienda II copia completa del expediente, al considerar que estaban incompletos los documentos que respaldan los actos de investigación que fueron desplegados por parte de la Fiscalía.
Agregó que la PRG ejercerá en este proceso, “como lo hace en los distintos procesos que asume, todas las acciones legales que sean procedentes en resguardo de los derechos e intereses del Estado”.
También, se solicitará al Ministerio de Hacienda “toda la información que sea necesaria, así como el acompañamiento técnico en materia tributaria”.
Cuestionamientos
Tanto Campos como Chaves cuestionan que la denuncia, que entró de forma anónima, haya sido puesta en setiembre y que el caso haya sido resuelto en enero.
El mandatario también la emprendió contra la fiscala Cris González. La cuestionó, según él, por solicitar una solicitud de desestimación “en tiempo récord”.
Según Hacienda, lo que la denuncia anónima indicaba es que una empresa domiciliada en Costa Rica trasladó a una empresa holding vinculada, domiciliada en Panamá, $65 millones, y que ambas empresas pertenecen a la misma persona física.
“A su vez, una entidad financiera panameña, también vinculada a la misma persona física y a la empresa costarricense, efectuó un préstamo por $65 millones a esta empresa. La garantía por tal préstamo fue brindada por la empresa holding panameña”, informó el ministerio.
Pronunciamiento de procuradores
El lunes, la mayoría de los procuradores pidió que el nuevo jerarca de la institución sea un profesional con independencia, ética, objetividad e imparcialidad.
Según expusieron, la independencia ha permitido a la Procuraduría realizar su labor de asesoría y de representación legal con objetividad, imparcialidad y especialización técnica, “buscando la satisfacción del interés general”.
Los procuradores se pronunciaron una semana después que el primer candidato propuesto por el Gobierno, el abogado Christian Arguedas, renunció a su postulación.
Luego ser anunciado como aspirante , Arguedas corrió a borrar un conjunto de tuis racistas, homofóbicos y soeces, para luego eliminar su cuenta en la red social Twitter.
Con Arguedas, el gobierno de Chaves rompió una tradición de postular al Congreso a un procurador general con experiencia en la entidad. Los dos procuradores anteriores, Julio Jurado y Ana Lorena Brenes, fueron procuradores anteriormente.
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