EscucharCinco empresas estatales arrastran cuatro o más años consecutivos con números rojos, debido a que sus ingresos fueron insuficientes para cubrir todos sus gastos operativos y compromisos, así como para afrontar la depreciación contable de sus bienes como edificios, maquinaria y equipo.
Se trata de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Sistema Nacional de Radio y Televisión Nacional (Sinart).
Así se desprende de un reporte agregado sobre el conjunto de empresas propiedad del Estado 2021, elaborado por una unidad especial de Presidencia. Dicho informe fue evaluado en el Consejo de Gobierno por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y sus ministros durante enero y febrero pasados.
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De esas compañías públicas con pérdidas prolongadas, solo Incofer y Sinart dependen de transferencias del Ministerio de Hacienda, a modo de subsidio, para financiar la prestación de los servicios que ofrecen a la población costarricense.
Las demás entidades están diseñadas para que cubran sus gastos con sus propios ingresos. Pese a ello, Japdeva y CNP han requerido de inyección de recursos por parte de la Hacienda Pública en los últimos años debido a su deficitaria situación financiera.
El caso más grave lo representa la Junta de Administración Portuaria, con números rojos desde 2015. A partir de entonces, la empresa estatal reporta pérdidas acumuladas por ¢37.800 millones en cinco años.
Las constantes pérdidas anuales de la institución, producto del importante peso de su planilla, además de la caída de ingresos por la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), provocó una crisis institucional sin precedentes. La entidad portuaria limonense se quedó sin reservas para cubrir sus gastos y requirió dos rescates financieros del Estado en 2019 y 2021 para evitar su quiebra.
Otro caso lo representa el Consejo Nacional de Producción (CNP), que generó sus últimas utilidades en 2016. A partir de entonces, reportó pérdidas en cada uno de los periodos. Incluso, en un intento por revertir su deficitaria situación, la administración de Luis Guillermo Solís le inyectó ¢11.700 millones entre 2014 y 2017.
Ahora, de no tomar decisiones en el corto plazo con respecto a la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), uno de sus negocios, el Consejo Nacional de Producción podría quebrar en 10 años, según reconoció el presidente Carlos Alvarado.
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El negocio que ostenta el monopolio de alcohol en Costa Rica, enfrenta una delicada situación financiera por deudas tributarias del pasado. Incluso, el actual gobierno tasó el activo con miras a su posible concesión, a fin de que un privado ejerza el negocio.
Después de generar sus últimos excedentes en 2015, el AyA también acumula cinco años con pérdidas: ¢497 millones en 2016, ¢16.942 millones en 2017, ¢8.496 millones en 2018, ¢18.512 millones en 2019 y ¢23.330 millones en 2020.
Un caso distinto es el del Incofer, que carece de un sistema oficial de subsidio para financiar el servicio de transporte público en tren, como se implementa en otros países y que se prevé utilizar para la concesión del tren eléctrico metropolitano.
Esa entidad depende de las transferencias del Estado, debido a que, por sí mismo, el servicio de transporte en ferrocarril es deficitario. El valor de los pasajes no corresponde al gasto real que incurre el Instituto por hacer cada uno de los viajes.
Japdeva: ‘Queda camino por recorrer’
La presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, quien tomó el mando de la institución cuando la crisis ya había estallado, afirmó que el proceso de reestructuración se encuentra en su etapa final, aunque reconoció que aún queda camino por recorrer.
A enero de 2022 el déficit institucional era de ¢1.175 millones, contemplando amortizaciones. En 2019, la falta de ingresos ascendía a ¢2.650 millones. Este dato indica la diferencia entre los gastos y los ingresos.
La idea inicial era que, con el primer paquete de rescate, que cuesta al Estado ¢49.000 millones, la Junta pudiera desprenderse de unos 900 empleados para alcanzar su punto de equilibrio. No obstante, un litigio laboral con el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) congeló las cuentas donde estaban esos recursos, durante poco más de un año.
Eso provocó que la institución no pudiera ejecutar en su totalidad el plan de movilidad laboral. Durante el tiempo que las cuentas bancarias estuvieron congeladas, Japdeva tuvo que hacer frente a los salarios de 510 empleados, cuando en realidad debía estar operando, para ese momento, con 275.
Para enero anterior, con un nuevo salvavidas por ¢6.000 millones, a modo de préstamo, la institución tenía 485 colaboradores, 704 menos que en 2019.
“Aún enfrentando elementos externos como el embargo de cuentas y la pandemia, a la fecha se ha reducido la brecha financiera en 4,1 veces, y empezamos a visualizar el aumento de ingresos dado los nuevos negocios y clientes que se han gestionado.
“Queda camino por recorrer y se podría resumir que el proceso de recuperación empieza a ver resultados, pero requiere que se realice su recta final”, afirmó Centeno.
La jerarca también destacó que, por primera ocasión, se obtuvo una opinión limpia de los estados financieros de la institución. Eso faculta a Japdeva a acudir a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) a pedir una actualización de sus tarifas portuarias.
AyA: ‘Dependemos completamente de la Aresep’
El gerente general del AyA, Eric Bogantes, alegó que el Instituto depende de que la Aresep actualice las tarifas de sus servicios. Por ese motivo, según afirmó, es que la compañía estatal no reporta utilidades. Además, alegó que las pérdidas se producen no por un déficit entre los gastos y los ingresos de la entidad, sino por la depreciación de sus bienes.
“Los ingresos cubren completamente los gastos operativos y generan utilidades; sin embargo, al restar los gastos por concepto de depreciación, tanto histórica como revaluada, se generan pérdidas contables, evidenciando que los ingresos no son suficientes para reponer el valor de nuestros activos.
“Luego del proyecto de avalúo de activos (ejecutado entre 2016 y 2019), la institución esperaba empezar a tener utilidades a partir de 2021; sin embargo, el congelamiento de tarifas decretado por Aresep en diciembre del 2020, para el ejercicio 2021, imposibilitó que el estado de resultados reporte utilidades.
“El AyA depende completamente de que la Aresep reconozca oportunamente el costo de todos los servicios que se brindan”, manifestó el gerente.
Bogantes afirmó que, pese a las pérdidas contables, el Instituto tiene finanzas sólidas.
Incofer: ‘Hemos logrado reducir nuestro déficit’
La presidenta ejecutiva de Incofer, Elizabeth Briceño, manifestó que el propósito del Instituto es mantener las operaciones y mejorar el servicio de transporte en tren con el menor déficit posible. Por ejemplo, destacó que entre 2019 y 2020 lograron reducir las pérdidas en ¢2.600 millones, pese a la caída de ingresos por la pandemia de covid-19.
“Como parte del proceso de modernización de Incofer hemos logrado reducir el déficit. Los estados financieros auditados por una empresa externa avalan que Incofer ha disminuido significativamente el déficit que por años hemos llevado.
“Esto básicamente en un esfuerzo que hemos realizado gastando menos, y gastando bien, también poder capitalizar las inversiones y lograr recaudar mejor”, manifestó la jerarca.
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Briceño añadió que los números contables de la institución también se ven influenciados por la importante depreciación que sufren anualmente las locomotoras y el resto del equipo ferroviario.
“El equipo lo tratan como un vehículo normal, por lo que el monto de la depreciación anual es muy alto. Estamos en conversaciones con Contabilidad Nacional para poder depreciar a un tiempo mayor el equipo ferroviario, sin que esto repercuta en el cumplimiento de las normas NIIF”, concluyó Briceño.
