EscucharEl Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica rechazó el decreto firmado este miércoles por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, que eliminó los aranceles mínimos de los servicios legales y notariales.
Álvaro Sánchez, presidente del Colegio, sostuvo que la norma es inconstitucional y adelantó que el gremio la objetará la medida en sede judicial. Incluso, el directivo no descartó elevar el caso ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Tenemos razones de legalidad y constitucionalidad contra la firma de un decreto insostenible jurídicamente. No cederemos nunca en la defensa al marco de legalidad del Estado costarricense. Lucharemos por el gremio inclaudicablemente”, comentó Sánchez.
Chaves firmó el miércoles una serie de decretos que deroga las tarifas mínimas fijadas por diversos colegios profesionales, luego de haber sometido a consulta su contenido.
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Entre lo firmado, se derogan los aranceles mínimos en abogacía y notariado.
El Gobierno fundamentó su decisión en un estudio de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), de febrero del 2022, que sugirió eliminar la posibilidad de que los gremios establezcan tarifas mínimas por los servicios profesionales, a fin de promover la competencia y bajar los precios.
El Colegio de Abogados, por ejemplo, establece un cobro de ¢60.500 por el traspaso de un vehículo para un notario público, mientras que el Colegio de Contadores Públicos fija en ¢22.695 la tarifa mínima del precio por hora de una consultoría o asesoría.
La Coprocom consideró que ese tipo de tarifas limitan “la autonomía de los profesionales, favorecen la colusión, restringen el acceso de los ciudadanos a los servicios y sostienen tarifas más elevadas que, a su vez, encarecen otros bienes y servicios que utilizan los servicios profesionales como insumo”.
El Colegio mencionó que las organizaciones internacionales de abogacías han manifestado su apoyo a la defensa de los abogados y notarios ticos, al tiempo que llamó a la prudencia a sus agremiados.
“La jurisdisción constitucional es del criterio de que un decreto que atente contra el ordenamiento jurídico y su jerarquía, representa una acción arbitraria del Estado que el Colegio de Abogados debe impugnar”, apuntó.
